La reforma política

Publicado el 2 de mayo de 2011 Lorenzo Córdova Vianello, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Finalmente, luego de más de un año de discusiones, el Senado aprobó una serie de modificaciones constitucionales que se circunscriben dentro de la así llamada “reforma política”. A pesar de que el número de iniciativas presentadas en el Congreso encaminadas a la modernización del régimen político había sido copiosa en la última década (al menos), el proceso que culminó ayer en su primera etapa en la cámara alta fue desatado por el decálogo que el Presidente Calderón envió al Senado en diciembre de 2009 y que desencadenó que los grupos parlamentarios, así como por varios senadores en lo individual, presentaran una decena de iniciativas adicionales en los meses siguientes.

En su conjunto la batería de propuestas específicas fueron más de cincuenta y constituyeron un abanico muy variado: desde la modificación al régimen de suspensión de garantías establecido por el artículo 29 –que fue incorporado en su momento, en la reforma de derechos humanos que hoy está siendo discutida en los Estados- hasta la autonomía del Ministerio Público, pasando por mecanismos de democracia directa, sistema electoral y controles recíprocos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.

El proceso de negociación duró más de doce meses y evidenció dos cosas. Por un lado, la existencia de consensos y de disensos irreductibles (la minuta aprobada por el Senado es el resultado de los primeros y de algunos puntos que fueron matizados respecto de las propuestas originales así como de algunos aspectos que implicaron un acercamiento entre las partes). Por otro lado, la fragilidad del tema frente a los vaivenes cotidianos de la política. A pesar de tratarse de asuntos de una agenda que debería trascender el momento concreto, los eventos políticos gravitaron de manera importante en el proceso de negociación. Recuerdo que reiteradamente el Senador Arturo Núñez afirmaba que “los temas calientes requieren de tiempos fríos”. Por eso es realmente aplaudible el que a pesar de que las épocas que corren no son las más propicias (las aguas de la política están muy agitadas), se haya hecho un esfuerzo para sacar adelante este paquete de reformas.

Los temas que aborda la reforma son los siguientes: la posibilidad de que un conjunto de ciudadanos presenten iniciativas de leyes o decretos; un mecanismo de consulta popular que, en caso de contar con más de un 40% de participación resulta vinculante para los órganos públicos y que contiene suficientes candados (entre ellos un control de constitucionalidad previa por la SCJN) para evitar derivaciones plebiscitarias antidemocráticas; la introducción de candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular; la posibilidad de que el presidente presente iniciativas con carácter preferente que deberán tener prioridad en la discusión parlamentaria; la posibilidad expresa de que el ejecutivo haga observaciones al presupuesto; la reconducción de las normas fiscales y de gasto público para el año siguiente en la eventualidad de que las correspondientes no estén aprobadas en tiempo; un mecanismo de sustitución automática del presidente en caso de falta absoluta en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto; la ratificación por el Senado de los titulares de los órganos reguladores de la competencia, energía y telecomunicaciones; el encarecimiento de la cláusula de gobernabilidad que todavía subsiste en la ALDF; y finalmente la reelección consecutiva acotada de los legisladores federales (y la posibilidad de que ello ocurra en los legislativos locales).

Frente a la cantidad de propuestas presentadas, podría parecer que lo logrado es muy poco. Sin duda quedan muchos temas pendientes para concretar una reforma a fondo del Estado, como la autonomía plena del Ministerio Público o la plena democratización y apertura del sistema de partidos a nuevas alternativas, o la revisión integral del sistema de responsabilidades públicas. Pero también es cierto que los temas introducidos son de gran relevancia. Hay que asumir esta reforma como un paso consistente pero insuficiente en el proceso de transformación democrática del diseño del Estado mexicano, y en nosotros queda crear el contexto de exigencia para que el tema no se finiquite sino que siga teniendo prioridad en el futuro. Debemos verla –y exigir que así sea- como un paquete de cambios desencadenante y no concluyente.

El proceso legislativo acaba de iniciar. Falta que la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales aprueben los cambios. Muchos dicen que la cámara baja bloqueará los cambios atendiendo intereses políticos concretos de parte. Sería algo inaceptable ceder a esas mezquindades y cortoplacismos. Queda a todos el impedir que ello ocurra.