Corrupción y reforma judicial^*

Publicado el 01 de junio de 2011 Ernesto Villanueva, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

El 13 de agosto de 2010 nació el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (CCTSLP), por un decreto del gobernador y con una integración formalmente plural, ya que en él participan rectores de universidades públicas y privadas, asociaciones profesionales, organizaciones empresariales e Iglesias. Por regla general, de este tipo de instituciones de transparencia no se espera gran cosa porque suelen servir como entes de legitimación social de un gobierno. Por fortuna, el CCTSLP está demostrando ser una honrosa excepción. Veamos por qué.

Primero. Con fecha 29 de diciembre de 2010, el portal del CCTSLP registró tres denuncias en las que se notificaban irregularidades graves en cinco licitaciones públicas nacionales de proyectos de construcción identificadas con los números 53007001-027-10, 53007001-031-10, 53007001-034, 53007001-035-10 y 53007001-037-10, todas ellas convocadas, publicadas y elaboradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de San Luis Potosí (Seduvop) –a cargo de Luis Alfonso Nava Calvillo–, tal y como lo establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. También participaron los ayuntamientos de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez por tratarse de obras relacionadas con las franjas territoriales de esos municipios.

El CCTSLP decidió atender y dar seguimiento a las denuncias en cuestión. El organismo ciudadano concluyó su investigación el 23 de marzo de 2011, y encontró irregularidades en la asignación de los ganadores de todas las licitaciones revisadas. A simple vista, el sistema de puntuación seguido por la Seduvop da la apariencia de transparencia. Pero es sólo eso: una apariencia. Al estudiar los criterios de asignación y valoración de puntos con base en el cumplimiento de las convocatorias de dichas licitaciones, el CCTSLP localizó gravísimos sobreprecios de las empresas ganadoras en comparación con los de aquellas que debieron haber ganado bajo la lógica de las mejores condiciones técnicas y económicas para el estado.

Segundo. El sobreprecio de una obra pública es el resultado, salvo prueba en contrario, del costo de la corrupción en perjuicio del erario para beneficio de servidores públicos y particulares. En la licitación 53007001-027-10 el presupuesto de la empresa ganadora fue de un millón 457 mil 998 pesos aunque, de acuerdo con las bases de licitación, debió adjudicarse a la que ofreció realizar la obra con las mismas características por 839 mil 810 pesos. Hay aquí un sobreprecio de 618 mil 810 pesos.

En la licitación 53007001-031-10 el monto presupuestado por la firma favorecida fue de un millón 267 mil 581 pesos, y el de la empresa que debió haber ganado era de 499 mil 629. Sobreprecio: 767 mil 951 pesos.

En la licitación 53007001-034 el precio de la firma a la que se adjudicó el proyecto fue de 2 millones 562 mil 482 pesos, y en este caso no se pudo hacer la comparación porque la Seduvop descalificó a las otras empresas concursantes bajo el argumento de que les faltó “documentación”.

En la licitación 53007001-035-10 el presupuesto de la firma ganadora fue de 3 millones 580 mil 416 pesos, debiendo haber sido para quien ofreció realizar el proyecto por 798 mil 579 pesos. Aquí el sobreprecio fue de más del 400%, es decir, de 2 millones 781 mil 836 pesos.

En la licitación 53007001-037-10 el presupuesto del ganador ascendió a 2 millones 570 mil 582 pesos, contra otra propuesta de 740 mil 548 pesos. Se registra en esta licitación un sobreprecio de más de 300%, pues hay una diferencia de un millón 830 mil 34 pesos.

La suma total adjudicada en los cinco procesos licitatorios objeto de investigación fue de 11 millones 439 mil 60 pesos, debiendo adjudicarse por un monto sustancialmente menor.

Tercero. Por si lo anterior fuera poco, el CCTSLP –que preside José Mario de la Garza Marroquín, un exitoso abogado corporativo sin negocio alguno con el gobierno y a quien conozco de cerca porque fue el autor y promotor de la Ley de Transparencia en San Luis Potosí–, al hacer una revisión de antecedentes de las empresas ganadoras descubrió, por ejemplo, que una de las sociedades beneficiadas, Proyectos, Construcción y Supervición (Sic) de obras Galcarri, S.A. de C.V. no tenía antecedentes de haber realizado proyectos similares, no estaba registrada en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y su domicilio resultó ser una modesta casa semiabandonada. Aun así, obtuvo licitaciones por un total de 6 millones 150 mil 998 pesos, debiendo haber ganado la empresa que ofreció realizar igual proyecto por 1 millón 539 mil 127 pesos. El sobreprecio fue de 4 millones 611 mil 871 pesos, casi 400% más.

Esta investigación pone de relieve que el “diezmo” es sólo un mito. La corrupción con datos duros es muchísimo mayor que el 10% promedio. Todo lo anterior está ya en manos del contralor general del estado, Alfonso Francisco Anaya Olalde, quien tendrá que decidir entre aplicar la ley y honrar el sentido de la transparencia y la honestidad en San Luis Potosí o dejar pasar las cosas apostando al olvido de la memoria colectiva. Si prospera esta segunda hipótesis se pasaría de la transparencia al cinismo y del estado de derecho a la impunidad, sin consecuencias para quien viole la ley, además de enviar un mensaje de incentivos a la corrupción porque al final del día no pasa nada. Veremos.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado el 3 de mayo de 2011: www.ernestovillanueva.blogspot.com