“Derecho a reprobar”, posible antídoto para la corrupción

Publicado el 22 de septiembre de 2011 Luis Artagnan, estudiante de Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM luisartagnan@comunidad.unam.mx

A veces no sabemos qué es lo que queremos. O incluso, a pesar de saberlo, en ocasiones no sabemos cómo conseguirlo, o quizás no estamos en condiciones de poder realizarlo, o bien, la desventaja en la que nos encontramos es tal que cuando damos un paso hacia nuestro objetivo,  el enemigo a vencer, en este caso la corrupción, ya dio diez pasos más.  Por ello, a veces es conveniente comenzar una lucha a partir del rechazo a lo inaceptable.

Sin embargo, para rechazar la corrupción no basta un simple “no”. De hecho, y por desgracia, a menudo nos vemos obligados, en efecto obligados, a doblar la ley como cuando tenemos que dar dinero a un funcionario, a un servidor público o a un burócrata para que hagan lo que en primera instancia es su deber: trabajar con gusto, con eficiencia, con responsabilidad y con competencia. Y al decir obligados, no me refiero a que se nos obliga a punta de pistola o bajo tortura, sino a que la corrupción del sistema institucional en México ha llegado a tal sofisticación que secuestra nuestros derechos y movilidad y con frecuencia tenemos que “pagar por nuestro rescate” para poder funcionar o avanzar dentro del sistema, o peor aún, evitar ser atropellados o perjudicados injustamente.

En efecto, desde hacer una mínima aclaración hasta conseguir permisos para construir o poner un negocio, probablemente sólo se podrá resolver con una o varias “mordidas”. Y aquél que diga que jamás ha sucumbido a un cohecho, puede deberse a razones como el ser ciudadanos con abundantes recursos como para que sus abogados o gestores arreglen sus asuntos,  o bien, se puede tratar de que tengan influencias o “conocidos” en la institución o a lo mejor se trata de ciudadanos que no han tenido que hacer muchos trámites. Porque negarse a dar una mordida es fácil cuando alguien se puede dar el lujo de tener tiempo, habilidades y recursos como para enfrentar al sistema. Pero la mayoría de los ciudadanos no cuentan con esos privilegios y han sido prácticamente forzados a dar un soborno para recibir en tiempo y forma un servicio institucional o para que se les haga justicia.

Entonces, para los que no tenemos contactos, ni recursos para lograr ser atendidos con diligencia y competencia ¿cómo nos podemos negar a “contribuir” con el sistema si ésta es la única opción para alcanzar lo que necesitamos de él? ¿Acaso no nos han secuestrado dicha libertad, junto con muchos otros derechos, y las mordidas por lo tanto no serían nuestro rescate para liberar nuestros derechos?

Yo creo que sí. Pero para comprender esta situación. Lo primero es entender profundamente el significado de lo que es la corrupción. Si vemos el Diccionario de la Real Academia Española, encontramos: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Y así podríamos citar infinidad de definiciones, pero pocas le han dado un tratamiento tal que nos permita distinguir con claridad víctimas de victimarios. Porque se culpa a todo aquél que participa de la dinámica corrupta bajo el criterio impreciso de que no se nos obliga, cuando en realidad sí.

De modo que los invito a revisar algunos aspectos clave de este concepto para poder visualizar sus diversas lógicas y modalidades, sus trampas y engaños y, a final de cuentas, su fuerza y capacidad de obligar a toda una población noble que en su momento ha intentado ser honesta y que una y otra vez se le ha pisoteado o, lamentablemente, maleado al punto de corromperla para funcionar.

Si bien la corrupción se puede atribuir a la “acción” de burlar la legalidad para obtener de esta forma beneficios personales y se llame corrupto a la persona que lo “hace”. Este es un enfoque limitado en tanto que se trata de una abstracción porque el contexto obliga a las víctimas y exonera a los victimarios al momento de culpar al ciudadano de corrupto. En el fondo, la corrupción como la conocemos en México, por un lado se ha desarrollado con base en un sistema mal diseñado (a menudo intencionalmente) que propicia y facilita la sistematización del saqueo, fraude y extorsión, mientras que por otra parte blinda a los funcionarios de rango elevado contra todo ataque jurídico.

Por otro lado, este sistema que sólo sirve al poder, obliga tanto a servidores públicos menores y a ciudadanos usuarios a aportar cuotas para las autoridades del sistema. De modo que la institución se ha convertido en un infalible instrumento (por no decir negocio) para enriquecimiento y aumentar el poder de los funcionarios quienes viven libres de cargo de conciencia gracias a una moralina que justifica su conducta con “principios” como: “Que tu mano derecha no sepa lo que la izquierda hace”, “El que no tranza no avanza”, “Todos lo hacen”, “Así es la política”, etcétera.

La clase política ha logrado instaurar en la mente de los mexicanos ideas como lo natural y, lo que es peor, muchos mexicanos ya lo consideran como propio de nuestra identidad o idiosincrasia. Y aquí vale la pena recordar la abominable frase de campaña con la que el candidato del PRI a la Presidencia  de 1976 (José López Portillo) se promovería en ese entonces:

“La corrupción somos todos”

Con lo cual la clase política nos hizo directa y moralmente corresponsables a toda la población de esta conducta. Lamentablemente, la ciudadanía lo aceptó y muchos se lo creyeron. De modo que con este hecho, se habría de lograr instaurar en el inconsciente colectivo una culpa que en adelante eximiría a los políticos de su proceder corrupto y corruptor. Al grado que se ha llegado a considerar una conducta “inherente al mexicano” que, además de que justifica en sí a la existencia de la corrupción, permite equiparar faltas civiles menores como dar una vuelta prohibida, construir una habitación más para el bien familiar, (e incluso tener que dar una mordida), con las graves faltas que cometen nuestras autoridades en contra de la nación entera.

Para acabar de matizar la naturaleza de la corrupción en términos de la realidad, pensemos en que la mayoría de los ciudadanos que a diario solicitan el servicio de las instituciones no acuden a ellas porque tienen ganas de regalar dinero, sino simplemente porque necesitan que se les dé un servicio serio, justo, eficiente y, por qué no, cordial, para el cual las instituciones han sido diseñadas. Y en cambio se encuentran un sistema “convenientemente” incompetente (para el sistema de corrupción) y mayormente corrupto que tarde o temprano obliga a pagar por su funcionamiento sin que esto signifique que la población aprueba este proceder.

Entonces, ¿quiénes son los responsables y promotores de la corrupción? Las autoridades, nada más. A final de cuentas, si las autoridades fuesen rectas y observaran la rectitud, los ciudadanos o los servidores públicos que promoviesen prácticas de corrupción, serían sancionados. Pero aquí sucede al revés, el que trata de obrar con rectitud resulta castigado o desatendido o afectado injustamente de alguna forma.

En otras palabras, en México resulta casi inútil (y en muchos casos contraproducente) tratar de combatir la corrupción porque tanto el sistema como sus actores clave se hallan corrompidos o copados y obligados a mantener este sistema corrupto para proteger a la clase política y a los corporativos para seguir acumulando riqueza y poder. Entonces, ¿de verdad podemos pensar que al sistema y a sus artífices los vamos a poder vencer atacándolos desde este derrotero político y jurídico diseñado y/o manipulado a favor de los corruptos?

Porque así como están concebidas las leyes y dispuestas la observación y la aplicación de la justicia hoy en día, a los políticos les resulta sumamente fácil poner “la legalidad” de su lado y así conseguir del sistema y de sus funcionarios menores (incluso jueces) lo que les venga en gana.

Por lo tanto, necesitamos un nuevo derecho, una nueva plataforma jurídica diseñada para uso exclusivo de la ciudadanía de forma tal  que los políticos no pudiesen acceder a ciertos derechos y así impedir que tuerzan la ley a su conveniencia con su toque Contra-Midas (puesto que todo lo que tocan lo corrompen). Dicho derecho estaría basado en la calificación y el consenso ciudadano no sólo para revocar el mandato a funcionarios, sino también para detectar aberraciones del sistema y todo aquello que lo hace ineficiente o que se ha corrompido.

Después, por medio de jurados diseñados a partir de este nuevo derecho, se aplicarían sanciones a la medida de los hechos para lograr modificar o quitar de la función pública todo aquel instrumento, toda ley o todo aquel funcionario que perjudicase a la Nación, a la población o alguna de sus instituciones.

Propongo, como uno de sus principios,el Derecho a Reprobar a nuestras autoridades corruptas e incompetentes con una normatividad e instrumentación tal que la ciudadanía y jurados externos al sistema sean capaces de tomar el curso de acción necesario para acabar con el mal gobierno, con los atropellos a la población, con el saqueo a la Nación y, en resumen, con tantos problemas graves que se derivan de la corrupción.

Necesitamos un derecho para combatir desde un nuevo derrotero la incompetencia y la corrupción de nuestros funcionarios de gobierno así como los sistemas ineficientes y corrompidos de las instituciones públicas y privadas. Un derecho que sólo lo pueda ejercer la sociedad en su conjunto sin tener que esperar ilusa e inútilmente que la solución provenga del mismo sistema desde el que proviene el mal. El Derecho a Reprobar es una idea futurista que urge que se presente. Un derecho de la ciudadanía, junto con muchos más, que los juristas tendrían que diseñar exclusivamente para la sociedad civil del futuro.

Propio de ser desarrollado con la ayuda de confiables y eficientes tecnologías para el manejo de información y de comunicación, este derecho consistiría en proveer un orden jurídico tal (desde su concepción hasta su aplicación) que permitiera a la ciudadanía reprobar en poco tiempo faltas graves gubernamentales e institucionales al tiempo de plantear soluciones contundentes para enderezar el camino en tiempo y razón.

Quizás suene descabellado, pero ante situaciones extremas se requieren medidas extremas y externas al sistema ya corrompido, inclusive, hasta la médula de su ámbito jurídico. No en balde Transparencia Internacional¹ ha destacado que mientras el sistema jurídico mexicano (y en cualquier Estado desarrollado) y sus actores dependan directamente del sistema político, la observación y la aplicación de la ley estarán en manos de las clases o las personalidades políticas más poderosas del país.

A veces, para arreglar de fondo un problema grave y complejo, lo mejor es abrir un nuevo derrotero, es decir, comenzar la batalla desde un flanco no conocido por el enemigo, de tal manera que el enfrentamiento entre los oponentes suceda en un terreno parejo, sin que los más fuertes tengan posibilidades de blindarse o atacar desde lo alto con ayuda de los flancos que dominan.

En este caso, la creación de un derecho confeccionado para uso exclusivo de la sociedad civil haría vulnerables a los políticos que hoy en día han puesto candados a todo el sistema jurídico actual de manera que se encuentran blindados al grado de la inmunidad. Nuestros políticos, con sus ridículos fueros, se han hecho intocables e imparables.

Así pues, este pequeño artículo es una invitación a los juristas mexicanos a que se atrevan a proponer un derecho innovador al servicio de una población que busca paz, justicia, competencia y un desarrollo económico y social que nos merecemos como pueblo noble y como gran Nación que somos.

NOTAS:
1. Noel, Pepys Mary, “Corrupción en el poder judicial: causas y soluciones”, en Transparency International, Informe Global de la Corrupción 2007, p. 8