¿El gobierno es adivino?*

Publicado el 31 de enero de 2012
Miguel Carbonell, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

El gobierno de México lleva meses sosteniendo que una enorme mayoría de los muertos por hechos violentos a lo largo del sexenio han sido resultado de las luchas entre cárteles de la droga. Es decir, según el gobierno, en el 90% de los casos se trata de narcotraficantes que se matan entre ellos, para disputarse la ruta, la plaza o lo que sea.

La prestigiosa organización Human Rights Watch acaba de exigirle pruebas de esas afirmaciones al gobierno, dejando entrever que lo que sostiene la administración del Presidente Calderón es mentira.

Pues bien, no hace falta esperar el comunicado oficial para darse cuenta de lo obvio: el gobierno no tiene manera de probar que esos muertos eran narcotraficantes. Ni siquiera cuenta con los elementos para suponer que se trataba de personas involucradas de alguna manera con actividades ilícitas. De hecho, nadie puede saberlo.

Una parte de esos muertos han sido enterrados en fosas comunes, ya que nadie se ha dignado a identificarlos. Si ni siquiera sabe sus nombres, ¿cómo puede el gobierno afirmar que se trataba de narcotraficantes? ¿Será que los identifica por su manera de vestir, por el lugar en el que viven o por los vehículos que utilizaron en vida? ¿tiene acaso el gobierno poderes de vidente para conocer datos que nadie más ha podido observar n deducir de ninguna manera?

Hay una cosa que sí sabemos: el gobierno ha mentido con reiteración y desenfado alrededor de hechos cruciales en materia de seguridad pública.

Dos ejemplos concretos: en el caso del asesinato de dos estudiantes en el Tecnológico de Monterrey la escena fue alterada, se les sembraron armas a los muchachos, se les desfiguró el rostro a culatazos y alguien (no sabemos quién puedo haber sido) se robó la cinta de la única cámara de seguridad que pudo haber advertido directamente los hechos. Segundo caso: en el homicidio de los menores Bryan y Martin Almanza (de 5 y 9 años), en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, el ejército inventó una versión increíble según la cual los menores murieron por fuego cruzado. En ambos casos, las versiones iniciales fueron respaldadas por altos cargos militares y civiles. No fue sino hasta que la CNDH puso en evidencia los montajes (ver las recomendaciones 45/2010 y 36/2010, respectivamente), que se retractaron y tuvieron que aceptar responsabilidades.

De modo que por un lado no tenemos elementos para verificar lo que sostiene el gobierno. Y por otro sabemos que nos ha mentido en varias ocasiones con anterioridad. ¿Cómo no vamos a tomarnos en serio las advertencias de Human Rights Watch, cuando las calles del país están llenas de sangre? ¿cómo vamos a seguir creyendo los cuentos oficiales cuando las cifras de muertos siguen en aumento año tras año?

Recordemos lo obvio: en 2007 hubo en México 2,275 ejecuciones; en 2008 fueron 5,207, en 2009 llegamos a 6,587, en 2010 la cifra siguió aumentando para llegar a las 11,583 personas ejecutadas y cerramos 2011 con la ominosa cifra de 12,359 ejecutados. Todavía más: de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 5 están en México: Ciudad Juárez, Acapulco, Torreón, Chihuahua y Durango.

¿Puede el gobierno detallar las circunstancias de tantas y tantas muertes? ¿cuenta con elementos para identificar a las víctimas? ¿se ha puesto en contacto con los familiares para investigar las actividades realizadas por los fallecidos? Si todo eso no se ha hecho, es una irresponsabilidad afirmar que los ejecutados eran narcotraficantes. Así lo ha sostenido Human Rights Watch y así debe reconocerlo cualquier persona que tenga una noción aunque sea básica de lo que significa el Estado de derecho. Si al gobierno no le constan los hechos, que se limite a ofrecer sus condolencias, a trabajar en las investigaciones que ordena la ley y a evitar con toda su energía que las muertes sigan ocurriendo. Seguir negando lo evidente es puro cinismo, o quizá algo peor que eso.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Universal, el 24 de enero de 2012