Una agenda legislativa obligatoria^*

Publicado el 3 de febrero de 2012 Pedro Salazar Ugarte, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Pocas cosas pueden rescatarse del torbellino político en el que estamos, desde hace algún tiempo, cautivos. Rescato, por ejemplo, dos realidades prometedoras: a) la elección pasada se desplegó y concluyó exitosamente; b) el Poder Legislativo adquiere, cada vez más, un protagonismo indudable. Ambos datos, en principio, abonan en la consolidación democrática. El primero porque constituye una confirmación colectiva de la vía electoral como senda para procesar los recambios en las instancias de poder político. El segundo porque el parlamento encarna a la representación nacional y ejerce la función cardinal de un Estado de derecho: la creación de las normas colectivas que deben ser ejecutadas por el Presidente y que sirven de base para la tarea jurisdiccional. La labor legislativa es el ancla del principio de legalidad.

Esto explica y justifica la creciente atención de los observadores de la política a la agenda legislativa. Una agenda que, en estricto sentido, debería corresponder a los legisladores en cuanto tales y no a los partidos políticos en los que militan. Advierto esta petitio principii porque es importante para la tesis central de este artículo y no porque milite en las filas de quienes ven en los partidos la encarnación del mal. Mi tesis es la siguiente: la agenda legislativa –en su parte medular y, por lo menos, para la LXI Legislatura - ya está predeterminada. Y se trata de una agenda constitucionalmente obligatoria para las señoras y los señores legisladores (les guste o no a los partidos).

Los temas principales de dicha agenda son los siguientes: a) la aprobación de una nueva ley en materia de transparencia y acceso a la información pública; b) la emisión de una ley que proteja la vida privada y los datos personales; c) la aprobación de una ley que regule el derecho de réplica; d) la emisión de una nueva ley en materia de radio y televisión; e) la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional; f) la emisión de los instrumentos legislativos que permitan la implementación paulatina pero inminente del nuevo sistema penal acusatorio y oral. Ello en adición, por si no bastara, a la aprobación anual del Presupuesto de Egresos a cargo de la Cámara de Diputados y de los nombramientos en posiciones claves para el Estado que estarán a cargo del Senado de la República este mismo año: dos ministros de la SCJN, el Presidente del Banco de México, el Presidente de la CNDH y dos comisionados del IFAI. Y esto sin considerar las adecuaciones a la legislación electoral que ya han sido anunciadas y que, desde mi perspectiva, sólo deben ser puntuales y marginales. Una agenda cargadita, diría yo. 

Esta relación de temas no emana de mi voluntad ni de mis deseos. Se encuentra, salvo en el caso electoral, delineada de manera expresa por la Constitución. De hecho, los puntos de esta agenda legislativa provienen de reformas a la constitución aprobadas en los últimos tres años que imponen al legislador una obligación positiva: emitir las leyes secundarias necesarias para hacer efectivas esas nuevas disposiciones constitucionales. Para decirlo en lenguaje de juristas: actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico, existen lagunas que el legislador debe colmar. Y ese deber no es un deber político o moral sino que se trata de un deber legal. La omisión legislativa en estos casos –además de condenar las reformas constitucionales al mundo de la ficción, la retórica y la irrelevancia-, en estricto sentido, constituiría una infracción a la constitución. Contravención, grave en sí misma que, en ciertas materias, puede resultar letal: ¿qué sería de la lucha contra la delincuencia organizada si el legislador no crea las nuevas leyes penales dentro del plazo constitucionalmente establecido (ocho años a partir de junio de 2008)?

En suma, la agenda legislativa ya existe, lo que no quiere decir que no habrá espacio para la política. Pero el ámbito del debate y el diferendo políticos está delimitado por lo que los legisladores tienen que decidir. Es al interior de esta agenda obligatoria en donde las nuevas mayorías podrán, legítimamente, dejar su huella moldeando las nuevas normas a la luz de sus preferencias.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Universal, el 29 de julio de 2009