El debate presidencial y las televisoras: “confluencia perversa” y democracia

Publicado el 04 de junio de 2012 Mariela Díaz Sandoval, Doctora en Ciencias Sociales, mariela.diaz@flacso.edu.mx Alberto Espejel Espinoza, Maestro en Ciencias Sociales alberto.espejel.espinoz@gmail.com

México, al igual que otras latitudes, se dirime entre diversos proyectos políticos, a saber: el autoritario, el democrático y el neoliberal. Este último acostumbra usar términos propios del proyecto democrático para dotarlos de un contenido mercantil, y, en algunos casos, antidemocrático. A continuación expondremos un ejemplo a propósito del debate presidencial en México rumbo a la elección de julio de 2012.

El 30 de abril de 2012, Ricardo Salinas Pliego, dueño de una de las televisoras más importantes de México, Televisión Azteca, lanzó una sentencia que generó gran controversia. Por medio de su cuenta de la red social Twitter, escribió: “Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente”. Su comentario no es menor si se toma en consideración que se trataba del debate entre los candidatos a la Presidencia del país. La declaración de Salinas Pliego causó un gran revuelo no sólo en las redes sociales, sino también en diversos sectores de la población. Los argumentos esgrimidos iban desde que se trataba de un legítimo ejemplo de libertad de elección y expresión representado en el actuar de la televisora, hasta que más bien se trataba de un duro golpe a las instituciones estatales por tratarse, el sector de las comunicaciones, de un bien concesionado, perteneciente a la nación. Esta discusión no es menor, y se trata de un claro ejemplo de lo que Dagnino, Olvera y Panfichi han denominado “confluencia perversa”, término que hace referencia al hecho de emplear conceptos propios de la democracia tanto en su vertientes representativa, como participativa para reducirlos a los dictados del libre mercado inscritos en el neoliberalismo. Así pues, es importante identificar cómo en vísperas del debate presidencial, se presentó una disputa discursiva que data, al menos, desde las discusiones previas a la reforma electoral de 2008.

En ese momento, con el consenso de todos los partidos políticos, se acordó la necesidad de evitar que se repitiera la situación de 2006 en la que particulares contrataron tiempos en radio y televisión para incidir en el voto de los ciudadanos por medio de campañas de desprestigio. Ante esta situación, los representantes de los principales medios de comunicación en México (Televisa y Televisión Azteca), así como intelectuales y organizaciones empresariales expusieron que se trataba de una clara violación a la libertad de expresión. Ante este hecho, lanzaron una campaña contra la reforma electoral porque atacaba directamente sus intereses. En un debate que tuvo lugar en el Congreso de la Unión, Javier Alatorre, conductor de uno de los noticiarios más vistos de México indicó: “Preferimos un País con exceso de libertad a un País en donde no se le pongan límites a la libertad” (El Financiero, 11 de septiembre de 2007). En consonancia, Rogelio Azcárraga, presidente del Grupo Radio Fórmula señaló: “No podemos aceptar que no se nos permita decir lo que dice el pueblo. Somos un medio y no podemos aceptar una mordaza como la tuvimos durante 70 años. Yo creí que eso era cosa del pasado” (El Financiero, 11 de septiembre de 2007). En un comunicado de prensa, Televisa manifestó lo siguiente: “A Televisa le preocupa, en particular, los aspectos de la propuesta de reforma que tocan asuntos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión, como la prohibición para difundir mensajes”, dice la propuesta, “susceptibles de influir en las preferencias electorales… un postulado que podría dar paso a la censura periodística” (desplegado publicado en El Financiero, 12 de septiembre de 2007).

En estas declaraciones, por citar sólo algunos ejemplos, es claro ubicar la confluencia perversa entre el neoliberalismo y la democracia. La libertad de expresión hace referencia al derecho que tienen los individuos para manifestar por cualquier medio sin que sean acosados o molestados por sus puntos de vista. Sin embargo en 2006, la libertad de expresión a la que hacen referencia los grandes medios de comunicación tenía un costo aproximado de 278,000 pesos por veinte segundos en televisión (El Universal, 6 de febrero de 2006).

Resulta bastante grave el que se utilice un lenguaje democratizador que confluye con la mercantilización y el individualismo, pues sólo tendrían acceso a ese tipo de libertad de expresión quienes tuvieran los recursos para contratar tiempos en radio y televisión. Con la controversia suscitada producto de las declaraciones de Salinas Pliego, nuevamente es posible identificar esta confluencia. Es necesario, además, mencionar el desacuerdo de Televisión Azteca sobre la reforma electoral de 2008. El no transmitir el debate en el canal más importante de su televisora evidencia una postura retadora tanto al IFE como a los partidos políticos, estos últimos como los principales responsables de beneficiar a las televisoras en la contienda presidencial de 2006.

Ante las críticas vertidas hacia su mensaje en Twitter, Salinas Pliego escribió al siguiente día: “¡Éste sí es un debate! Entre un grupito de twitteros autoritarios y los ciudadanos libres de votar por lo que quieren ver”. Esto se adereza con algunas posturas que indican que el ordenar a la televisora que transmitiera el debate presidencial, representaría un claro acto de autoritarismo propio de la época en que el PRI mantenía el control de los medios de comunicación. Sin embargo, nuevamente es necesario tomar en cuenta que más que un ejercicio de libertad de expresión, se trataba de un claro mensaje de desacatamiento y nulo respecto a las instituciones democráticas del país, debido a los límites impuestos a los medios de comunicación. Otras posturas indicaban que los medios de comunicación no son entidades de beneficencia pública, por lo que no tienen ninguna responsabilidad en transmitir el debate. Nuestra postura es que deben tomarse con cuidado estos argumentos. En primer lugar, el que se defienda el desacato a la legislación electoral por medio de un lenguaje muy confuso en torno a la libertad de expresión muestra el nulo compromiso de empresas como TV Azteca sobre el fortalecimiento de la democracia en México. Por otro lado, es correcto el argumento en torno a que TV Azteca es una empresa, pero no hay que perder de vista que se trata de un concesionario del espectro radioeléctrico perteneciente a la nación. Así pues, aun con los límites del formato del debate presidencial acordado por los partidos políticos, es necesario que los ciudadanos estén informados sobre el rumbo que tomará el país después de la elección presidencial del 1o. de julio.

La elección presidencial es tan relevante que fue precisamente por el proyecto político del presidente, Felipe Calderón, que actualmente estamos en una guerra contra el narcotráfico que ya ha tocado fondo. Es bastante grave que en nuestra lucha por la construcción de la democracia en México, los denominados poderes fácticos utilicen términos democráticos como voluntad ciudadana, libertad de expresión y respeto a las instituciones, cuando lo que en realidad quieren decir es lo contrario.