Cobros anticonstitucionales por titulaciones en Universidades públicas

Publicado el 02 de noviembre de 2012 Jorge Alberto González Galván, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

El principio de la gratuidad en la educación que imparte el Estado está siendo incumplido en sus Universidades. En la Universidad donde trabajo se hizo una huelga estudiantil de nueve meses por la intención de las autoridades en turno de aumentar las cuotas de inscripción. Por el momento no veo un movimiento académico, administrativo o estudiantil, que se manifieste en contra de los cobros injustificados de titulación, sobre todo de licenciatura, donde se concentra el mayor porcentaje de la matrícula.

La obligación de la institución superior pública es que durante los estudios (cuatro o cinco años de la carrera), el estudiante reciba la capacitación suficiente para elaborar su tesis y titularse. Al no cumplirse con esta obligación institucional y no corregir los defectos por su falta (incluyendo materias de metodología de la investigación y seminarios de tesis, o si existen, asignar profesores eficientes, dando seguimiento puntual del inicio, desarrollo y conclusión del trabajo de investigación), se “abren” las “opciones de titulación”, se dice, para que el estudiante no se “atore” en su desarrollo profesional, cuando, en realidad, el atorón mental está en la administración universitaria de las Facultades, y no en el estudiante, volcando en éste la responsabilidad “por no haberse titulado todavía”.

Las “buenas intenciones” institucionales se justifican (por su inconsciente falta de responsabilidad del caso) diciendo que si no haces tesis, no te preocupes, voy a retenerte un tiempo más y te voy a sacar dinero, para que ahora sí te titules y puedas conseguir trabajo o puedas ingresar al posgrado.

Al final de la carrera de licenciatura el estudiante se encuentra indefenso ante tal incapacidad académica de las Facultades, ya que suelen, en efecto, todavía no tener trabajo y no tienen su título para ingresar a un posgrado. Este es un caldo de cultivo (quiero pensar, involuntario, no me imagino a los directores de Facultades perversamente provocándolo), es aprovechado por las autoridades académicas para “apoyarlos” (sabemos que es su obligación la eficiencia terminal) “ofreciéndoles opciones de titulación” (a la tesis, se entiende): sin considerar (o sin importarles) que el estudiante no lo titularon durante la carrera, y lo quieren hacer después reteniéndolo para sacarle más horas de estudio, trabajo y, sobre todo, dinero.

Escuché a un taxista decir que le pedían veinte mil pesos por el pago de un Diplomado para que su hija se titulara, y molesto concluía: “Todo lo que no pagué en la carrera lo tengo que hacer ahora y no tengo dinero.” Lo que sí tiene es razón, porque es un cobro anticonstitucional. Los rectores de las universidades públicas deberían intervenir, primero, para que las titulaciones se hagan durante el periodo de estudios de la carrera y, segundo, para evitar que en las Facultades se realicen dichos cobros injustificados después de la acreditación de todas las materias del programa escolar, con esto se cumpliría con el mandato constitucional de la gratuidad de la educación pública. A falta de esta intervención, los padres de familia y los estudiantes podrían promover juicios de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.