Democratizar la seguridad: Policía del Pueblo y para el Pueblo

Publicado el 29 de enero de 2013 Joaquín Morales Sánchez, doctorante en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, Universidad de Valencia, España joaquinmos@hotmail.com

Durante los últimos días del año 2012 y los primeros de éste, Guerrero ha sido escenario de varios movimientos sociales que buscan garantizar una obligación que es insoslayable del Estado: Brindar seguridad pública para garantizar la paz y el orden en la sociedad.

El caso de lo que hoy se conoce como Policía Comunitaria, impulsada desde  1995, y recientemente, los hechos ocurridos en Huamuxtitlán, Cualác, Xochihuehuetlán y Olinalá, y en este 2013, los ocurridos en Ayutla de los Libres, San Marcos y otras comunidades de la Costa Chica, son algunos ejemplos de respuesta a la gran ola de violencia e inseguridad que aqueja a los guerrerenses.

En este orden de ideas es preciso definir qué significa seguridad pública; esta actividad puede ser entendida como un servicio otorgado por el Estado a efecto de que sus habitantes puedan vivir en armonía, respetándose mutuamente en sus derechos, bienes y personas, evitando de esa manera la alteración del orden social. Con esta connotación, se debe concebir a la seguridad como un asunto de carácter universal que alcance a todas las personas. En este tenor, este tópico se instituye como uno de los pilares fundamentales para que las democracias sean reales y eficaces; porque es evidente de que no se logrará un desarrollo sostenible bajo la amenaza permanente de la inseguridad.

No es óbice señalar que para el fin mencionado en el párrafo anterior, se han instaurado los instrumentos de coordinación entre las diversas policías federales, estatales y municipales, ello a través de las Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley estatal en la materia, con la finalidad de lograr un servicio de seguridad pública más eficaz y profesional. No obstante los esfuerzos que se han hecho por los tres niveles de gobierno, los mismos han sido poco productivos y no han cumplido con su objetivo, originando que algunos municipios, sobre todo rurales, queden a merced de la delincuencia.

Todos estamos conscientes de que el problema de la inseguridad es muy grave y complejo, que en cualquier momento puede rebasar la capacidad del Estado, como ha sucedido en los casos aludidos. La causa de este tipo de movimientos la motiva el hartazgo de la sociedad, así también, la deficiente relación entre ciudadano y autoridades, que por cuestiones de desconfianza a las instituciones, corrupción, temor, impunidad, quien denuncia se convierte en sospechoso; en otras palabras, el derecho, con este tipo de acciones se deslegitima. De tal manera que cuando la sociedad se siente vulnerada y desatendida, ésta es impulsada a asumir funciones que inicialmente son obligaciones del gobierno, como es el otorgarse su propia seguridad pública, a causa de la ineficacia de las instituciones.

Ahora bien, el origen de la inseguridad estriba en cuestiones más de fondo. En esta lógica, el jurista Sergio García Ramírez, ha afirmado que una sociedad injusta deviene en una sociedad insegura. Posiblemente no sea casualidad que en las sociedades más desiguales exista mayor inseguridad. Cuanto más evidente sea la desigualdad entre una parte de la sociedad y otra, más proclive se vuelve a la delincuencia. Una reflexión acerca del problema debe conducirnos  a poner énfasis en temas como la desigualdad, la pobreza, el analfabetismo, movimientos demográficos, desorden público, comportamientos incívicos, problemas de salubridad y desarrollo en todo el esplendor de la palabra. En suma, un tratamiento integral de la problemática de la inseguridad necesariamente debe establecer los vínculos con las políticas de desarrollo social.

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo considera que el ámbito de seguridad pública o ciudadana es parte de una visión integral de justicia: “dado que una de las funciones esenciales de la política es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Por ello, en Europa se trabaja con programas que intentan combinar todas las fuerzas en las distintas zonas delimitadas para liberar a las ciudades de la marginación social y de la inseguridad. En España por ejemplo, se utiliza la expresión “plan de seguridad integral” y en los Países Bajos “plan de seguridad integrada”. De esta manera, la política de seguridad integral dentro de la política municipal  parece ser la respuesta administrativa al grave problema de la inseguridad. El papel de la comunidad y de la sociedad civil es crucial para brindar mejor seguridad; es decir, una comunidad que ejerce efectivo control sobre su espacio es capaz de adoptar medidas eficientes ante el fenómeno delictivo.

El más democrático de los controles de la policía es el que ejerce directamente la comunidad o la sociedad civil. Si la policía es un servicio a la ciudadanía, ésta tiene derecho a velar por su buena prestación. Solamente con un cambio de mentalidad, con una sociedad participativa, que opine y se involucre en los asuntos públicos que nos conciernen a todos, estaremos en la posibilidad de contar con una policía que realmente responda a las expectativas de una sociedad democrática.

Los argumentos señalados muestran la necesidad para replantear y adecuar el marco jurídico en materia de seguridad pública y al mismo tiempo, contextualizar las estrategias para implantar una adecuada política de seguridad pública para el Estado de Guerrero, cuyo fin sea cambiar paradigmas e involucre cada vez más a la ciudadanía, a través de sus redes, para que participe en la formulación de políticas públicas, su aplicación, vigilancia, y además, promuevan acciones para en caso de ser necesario, la misma comunidad tenga el derecho de brindarse seguridad pública.  

En materia de seguridad pública la Organización de las Naciones Unidas ha hecho la recomendación de que deben existir, por lo menos, en promedio, la cantidad de 2.8 policías por cada mil habitantes, ello con la finalidad garantizar una mejor calidad y atención, sin embargo, nuestro país apenas oscila entre el 0.4 y el 0.5 policía por cada mil habitantes, lo que nos lleva a afirmar que el rubro de la cantidad y calidad ha sido descuidado por los órganos de seguridad pública, tanto federales, estatales y municipales. Por tanto, para tratar de cumplir con esta disposición, se requiere de manera ineludible la participación de la sociedad.

Muchos países latinoamericanos, como Bolivia y Colombia están impulsando a través del derecho comunitario reformas que repoliticen a la sociedad y la vinculen de manera permanente y directa con las estructuras de seguridad y justicia del Estado; sólo así, mediante la participación social organizada, será posible encontrar soluciones a la inseguridad que hoy aqueja a nuestro Estado de Guerrero y país.

En el caso de nuestra entidad, podemos decir que esta participación de la sociedad ha sido y es una realidad. La experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa –Montaña, a través de su Policía Comunitaria ha demostrado que la delincuencia y los índices de seguridad pueden reducirse con la participación ciudadana; este actuar se cimienta en lo que ocurría en diversos pueblos originarios de Guerrero, cuando la comunidad era la más comprometida en la solución de sus conflictos.  Incluso, este movimiento ha sido investigado por un gran número de expertos, quienes han concluido en la viabilidad de este tipo de organizaciones.

En ese contexto, los tres niveles de gobierno junto con sus titulares e integrantes,  no pueden ni deben ser indiferentes ante la creciente demanda de parte de aquellos sectores de la sociedad en los que la seguridad pública es nula, en razón de que, los elementos de las policías son insuficientes, o en su caso ineficaces, lo que deja a muchas comunidades desprotegidas y a merced de la criminalidad. Dicho ambiente obliga a reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado, a fin de precisar la legalidad de la policía comunitaria, ciudadana, vecinal o barrial, cuya función sea coadyuvar en la obligación del Estado a brindar seguridad, pero a la vez sea un derecho para los ciudadanos guerrerenses, sea o no una comunidad indígena. Es decir, los pueblos y comunidades del Estado de Guerrero, tengan el derecho de brindarse seguridad pública cuando las circunstancias sociales así lo ameriten.