La ciencia forense en México*
Publicado el 20 de febrero de 2013 José Ramón Cossío D., ministro de la Suprema Corte de Justicia, profesor de Derecho Constitucional en el ITAM @JRCossio |
En la sesión del pasado 25 de enero, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la licenciatura en Ciencia Forense. Se trata de un programa dirigido a formar profesionales que en 4 años sean capaces de entender y participar en “la investigación y análisis de los indicios de un hecho presuntamente delictuoso, con la finalidad de presentar esos resultados ante la autoridad jurídica correspondiente y coadyuvar en la prevención del delito, y en la procuración y administración de justicia”.
Saber que en la Universidad se están dando los pasos necesarios para preparar a una nueva clase de forenses capaces de coadyuvar en las tareas que diversos actores deben realizar en los procesos penales es, sin duda, una buena noticia. Los futuros egresados deberán trabajar en la identificación, recolección, clasificación, análisis y explicación de información relacionada, en principio, con la comisión de delitos. Estas tareas, a su vez, deberán ser realizadas con respecto a una investigación o a un proceso penal y en ellos aportar sus datos. En ocasiones, actuarán por parte de las policías, por ejemplo en lo que hace al levantamiento de los cadáveres, la determinación del tipo de lesiones o condiciones de muerte; en otros, auxiliarán a los agentes del ministerio público con la finalidad de clasificar las conductas a efecto de consignar por la comisión de determinados delitos; también, los nuevos forenses podrán participar como auxiliares de los juzgadores con el fin de proporcionarles los datos o explicaciones
necesarios para dictar su sentencia; finalmente y de manera importante, estos nuevos profesionales llegarán a ser de gran apoyo para los defensores, a efecto de acreditar la inocencia de sus clientes o, al menos, introducir dudas razonables a su favor, haciendo operativa la presunción de inocencia.
Nuestro país vive un problema muy serio de seguridad que, en buena medida, afecta o debe afectar a las averiguaciones previas y a los procesos penales. Ambos se encuentran, por lo demás, en un complejo proceso de transición al sistema acusatorio. En poco más de 3 años, nuestro orden jurídico completo habrá migrado hacia la oralidad. Ello supondrá formas de actuación más flexibles, más inmediatas, más profesionalizadas, no como un happening ni como un deseo, sino como el resultado de la reforma penal de 2008.
Imaginemos, para comprender cabalmente el problema, que estamos en una situación en la cual los juicios orales son ya una realidad. El momento central de esos procesos será la audiencia y en ella se desahogarán todas las pruebas, de cargo y de descargo, las cuales tendrán que irse recabando desde que se tenga el conocimiento del delito. En esta hipótesis, lo que se logre acreditar en la audiencia será lo que se haya probado en el juicio, nada más. Por lo tanto, el peso de las pruebas en ese acto será determinante en cuanto al resultado de culpabilidad o inocencia.
En un proceso tecnificado y en el que es plenamente operante la presunción de inocencia, ¿a quién va a corresponder la elaboración del material probatorio? La respuesta obvia es: a la parte que lo ofrezca. Sin embargo, ello lleva a una segunda interrogante: ¿a quién le corresponde ayudar a esa parte para que su prueba sea robusta? La respuesta es que a los peritos o especialistas, muchos de los cuales podrán ser los egresados de la nueva licenciatura de la UNAM, o de universidades que quieran seguir un curso semejante, como lo han hecho las universidades de Nuevo León y de Zacatecas, las que también han incorporado a su oferta educativa la licenciatura en ciencia forense. A nivel posgrado, esta disciplina ya se imparte en el INACIPE, el IPN y las universidades Autónoma de Veracruz, de Tabasco y de Guadalajara.
Entre los muchos temas que están pendientes de desarrollar para darle buen curso y destino a la reforma penal en marcha, el tema forense es de la mayor importancia. Por ello, debe integrarse con seriedad una vez que se decida tomarlo en cuenta. Aunque se dice que las comparaciones pueden resultar odiosas, existe un buen ejemplo de cómo podríamos actuar. En 2009, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publicó el informe “Fortaleciendo la Ciencia Forense en los Estados Unidos”. El trabajo fue producto del mandato emitido por el Congreso de aquella nación al Procurador General, para proveer de fondos a la citada Academia a fin de crear un “Comité Científico Forense” que identificara las necesidades forenses del país, incluyendo las necesidades de laboratorios criminales en todo el territorio; recomendara el modo de maximizar el uso de tecnologías forenses para resolver crímenes, investigar muertes y proteger a la gente; identificara avances científicos o tecnológicos que pudieran asistir a los órganos del Estado en sus tareas; hiciera recomendaciones para incrementar el número y la calidad de los científicos forenses; lograra la diseminación de las mejores prácticas en la materia; examinara el papel de la ciencia forense en las tareas de seguridad nacional y generara fuertes bases de datos.
El Comité Forense, convocado a nombre de la Academia, se constituyó por un amplio grupo de expertos en diversas disciplinas. Trabajó durante dos años y terminó rindiendo un muy amplio y completo informe en el que, además del diagnóstico, propuso una serie de acciones de trabajo concretas. Desconozco el grado de avance de las acciones tomadas para desarrollar el informe. Sin embargo, lo que ahora resalto es la importancia de contar con un cuerpo de ideas encaminadas a transformar la acción forense en los Estados Unidos.
A poco más de 3 años de que entre en vigor nuestra reforma penal, es momento de preguntarnos qué hacer con sus aspectos forenses. La constitución de la licenciatura de la UNAM es un gran paso, pero a sus primeros egresados los veremos en al menos cinco años y su número no alcanzará para cubrir todas las necesidades. Por ello, se hace necesario actuar desde ahora en nuevas fuentes, con inteligencia y capacidad transformadora. En tiempos en los que la ciencia exige una mayor participación social y donde el derecho necesita transformar sus usos con base en el conocimiento científico, trabajar en la ciencia forense parece ser un campo no sólo posible, sino también necesario.
NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Universal, el 19 de febrero de 2013