Los “Maestros”
(Manifestaciones, pretensiones y… educación)

Publicado el 26 de abril de 2013 Armando Juárez Bribiesca Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México @Armyn_Bribiesca agbribiesca@hotmail.com

“Ningún pueblo puede ser ignorante y libre a la vez”
Thomas Jefferson

La reciente reforma a la Carta Magna en el rubro educativo y la expedición de la legislación secundaria, ha dado y debe dar la pauta para el debate y el intercambio respetuoso de ideas. El resultado, no debe entenderse como una aplicación de una decisión de la mayoría, sino como el fruto de un largo proceso de intercambio e inclusión de diversas perspectivas, exigencias y la oportunidad para manifestar su desacuerdo con base en razones, lo cual, es posible en una democracia.

Debo precisar, que la modificación del régimen jurídico en materia educativa debe entenderse como una política social que desde hace tiempo el país urgentemente necesitaba y exigía. Por lo que se refiere a la problemática que gira en torno al tema, nos permite enfocarnos en concreto, al aspecto de la calidad y la estructura del sistema educativo mexicano, en lo particular y en lo general, así como en los distintos niveles.

Por otra parte, la importancia del debate sobre el derecho a la educación, su modificación y regulación en cada entidad federativa, nos debe importar a todos por su particular relevancia. Ya que en el fondo implica redefinir su contenido, por ende su impacto y utilidad; no solo en el ámbito jurídico, también en el ámbito social, económico y cultural. Ya que sin duda es el medio idóneo para formar ciudadanos comprometidos con el logro de sus expectativas personales y con las del país.

Respecto del ámbito jurídico, debo destacar que la educación es la base que permite generar puentes conceptuales con los Derechos Humanos, y con ello se crea una simbiosis entre educación-Derechos Humanos, y ambos son inherentes a las personas.

Lo anterior, es un parámetro para considerar lo establecido en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, basta con mencionar: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 1948 (artículo 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969 (artículo 26), la Convención sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13).

Y en razón de estos instrumentos jurídicos se establece e igualmente se impone la obligación al Estado Mexicano de modificar la legislación Federal, Estatal y Municipal. Por lo que considero, que es correcto afirmar que la nueva lógica constitucional, por un lado, determina de manera positiva la transformación del sistema educativo en su conjunto, y por el otro, refiere al aspecto más humano y más apasionante para toda la sociedad mexicana, que sin duda en su conjunto aspira a fortalecer la soberanía, la economía, la estabilidad y una organización social diseñada con base en los Derechos Humanos, la democracia, la libertad y la justicia. En este sentido, los retos que obtenemos, básicamente radican en:

1. Atender la oferta y la demanda  existente de acuerdo a los ambientes sociales existentes en cada entidad de la Federación (vr. gr. Las comunidades Indígenas),

2. Diseñar mecanismos para asegurar la máxima optimización, control y transparencia de los distintos recursos  y del capital humano,

3. Aumentar la calidad de los programas de estudio y los contenidos educativos en general,

4. Modificar los esquemas de preparación de los docentes,

5. Establecer mecanismos  que permitan calificar el ingreso, desarrollo y permanencia de los profesores, y

6. Establecer mecanismos para ejercer un control real al momento de crear nuevas instituciones educativas.

Lo que es coherente con los estándares internacionales educativos y en consecuencia, resulta obvio pensar, que cualquier postura que se adopte debe orientarse en contribuir a la consolidación de una educación de calidad. Pero… recién he leído las opiniones de distintos juristas y periodistas sobre los hechos y la “posición” actual de los “Maestros” en Michoacán y Guerrero. Opiniones que me llevan a reflexionar sobre dichos sucesos y tener una noción de las implicaciones que derivan de los mismos.

De inicio, hay que suponer que el derecho a la libertad de reunión, como una forma de expresión, radica en proteger el proceso de configuración y manifestación de las ideas, conforme a los estándares establecidos en un Estado democrático.

Al menos, en una democracia como la muestra que incluso respeta los Derechos Humanos, le corresponde y es obligación de cada ciudadano obedecer las leyes, sin importar sus pretensiones o su inconformidad.

Al analizar las manifestaciones de los "Maestros", nos queda claro que toda reunión deja de tener el carácter pacífico, cuando se llevan a cabo acciones de cierta peligrosidad (bombas molotov) o cuando se producen actos  de cualquier tipo que producen afectaciones a terceros (Guerrero y Michoacán), por lo que habremos de advertir, que el tema no radica en adoptar una posición respecto de si se limita o se afecta el derecho a la manifestación.

El tema es mucho más complejo, pero, si nos avocamos en analizar sus consignas y exigencias; nos será posible advertir que tampoco tienen la mínima intención de comunicar o realizar propuestas en aras de mejorar nuestro sistema educativo, por el contrario, nos queda claro que su objetivo es imponer a cualquier costo una legislación mediante la cual se mantengan a salvo sus privilegios, es decir, pretenden imponer mediante la coacción el cumplimiento de sus pretensiones.

Dichas pretensiones deben entenderse como la conservación de sus privilegios, mediante la coacción (autotutela), como ocurrió con las afectaciones realizadas en la autopista del sol, a los comercios locales, al Congreso Local (que incluso tuvo que sesionar en una sede alterna), las afectaciones a las instalaciones de partidos políticos e incluso ponen en riesgo la integridad de las personas al exponerlas a sufrir un daño, al encontrarse varadas o al oponerse al bloqueo carretero. Estás hipótesis no están protegidas por la libertad de reunión o la de expresar colectivamente una opinión. No debemos olvidar que le compete al Estado garantizar la seguridad jurídica individual y colectiva, así como la justicia material.

Por otra parte, debo precisar que cuando, cualquier estudiante en México concluye con sus estudios profesionales, no se encuentra con el privilegio de obtener automáticamente una plaza laboral, mucho menos con la asignación de un sueldo garantizado que oscila entre los siete u ocho mil pesos mensuales, y todo, sin la mínima evaluación del desempeño.

Lo anterior, es una realidad que tradicionalmente erosionaba la competitividad, transgredía el principio de dignidad, el principio de igualdad y el de no discriminación (laboral), que en conjunto suponen el acceso al empleo, con base en criterios de selección, en el derecho a la estabilidad laboral, en el derecho a la promoción profesional y por supuesto a las condiciones laborales adecuadas.

Me queda claro, que en la actualidad los derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Carta Magna, no deben interpretarse de manera aislada e incluso debe realizarse dicha interpretación con perspectiva de género, sin importar la actividad o sector; y más temprano que tarde se habrá de generar la igualdad de oportunidades e igualdad de trato.

Es por todo lo anterior, que en lo personal, considero que la posición de los “Maestros” y sus “peticiones” me resultan un disparate orientado en mantener sus privilegios a cualquier costo o derivado de una mala asesoría, no esta de más mencionar que su pretensión de incrementar las plazas en las condiciones actuales, tendría como consecuencia su asignación automática a los egresados de las normales públicas, lo que implícitamente conlleva el rechazo a cualquier tipo de evaluación, un trato o situación que no ocurre con cualquier persona trabajadora.

Sin duda, la reforma educativa comprende objetivos que a todos nos interesan y que deben materializarse por el bien de nuestro país, y no se trata de adoptar una posición bananera de atacar o defender a los maestros, se trata de implementar y hacer valer las leyes, la Constitución y los Tratados Internacionales, que generen un verdadero cambio social, el cual sólo es posible modificando substancialmente el sistema educativo.

En este contexto, no debemos perder de vista la manipulación oportunista de la sociedad, cristalizada en el Movimiento Popular de Guerrero y/o los Pueblos Organizados de Guerrero (me recuerdan a la APPO), hay incluso quienes se atreven a denominar irresponsablemente a estos movimientos (notoriamente manipulados), como una “ola de esperanza”, con “justas demandas” e incluso se autodenominan sus defensores, hay que tener en cuenta, que no es sencillo debatir con los mentirosos y casi imposible hacerlo con los cínicos.

Quienes incluso pretenden incorporar a otros grupos sociales inconformes, como el Movimiento por la Paz, #Yosoy132 y curiosamente “Morena”. Vaya muestra de tergiversación, de falta de honestidad y de un compromiso real con el país, es obvio, que de lo que en el fondo se trata, es de obtener el mayor beneficio político posible, sin que ello mezquinamente implique oponerse a todo y sin importar, que al final se manipule a los Maestros o se perjudique a la sociedad

Por último, quiero destacar el uso adecuado de la fuerza por parte de la policía Federal y de la policía Estatal, que hasta ahora se han sujetado de manera impecable al respeto de los Derechos Humanos y orientado en todo momento en salvaguardar la integridad, los derechos y los bienes de las personas; así como preservar las libertades, la paz pública y la seguridad social. En este sentido el actuar de los representantes, así como de los funcionarios de las instituciones ha estado sujeto a la legalidad.