Actualidad de la corrupción en México. Perspectivas y propuestas

Publicado el 30 de julio de 2013 Miguel Ángel Gutiérrez Salazar Doctorando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM zelda600@hotmail.com

La organización no gubernamental “Transparencia Internacional” publicó en su portal de internet, el pasado 9 de julio, el Barómetro Global de la Corrupción en su edición 2013. Dicho estudio fue realizado a partir de la encuesta efectuada a 114.000 personas en todo el mundo, incluido México, preguntándoles acerca de su percepción en torno a los efectos de la corrupción en el sector público de sus respectivos países.

En el caso de nuestro país, los resultados del reporte anual muestran, en términos generales, datos francamente desalentadores respecto a la opinión pública que tienen los encuestados en torno al grado de corrupción que afecta a las instituciones públicas y autoridades gubernamentales; no obstante, se debe reconocer que existe información que muestra una tendencia ciudadana para participar en el combate a la corrupción.

Veamos algunos de los resultados que aparecen en el Barómetro Global de la Corrupción 2013 para posteriormente comentar sus efectos:

1. El 71% de los encuestados manifestó que la corrupción en el país ha aumentado en los últimos dos años.

2. Los mexicanos califican como “muy grave” el problema de la corrupción en el sector público.

3. Los encuestados en México perciben un alto índice de corrupción a nivel institucional, razón por la cual asignaron calificaciones muy altas a algunas de ellas. El 91% de los encuestados consideró que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos; a continuación le sigue la policía con un 90% de la percepción ciudadana, los funcionarios públicos con el 87%, las legislaturas con un 83% y el poder judicial con el 80%.

4. A lo anterior debemos añadir que uno de cada tres encuestados reportó haber pagado sobornos en el último año y el 72% de los encuestados en nuestro país calificó de ineficaces las acciones que se han tomado desde el gobierno para combatir la corrupción.

Los datos anteriores muestran que la percepción ciudadana advierte altos niveles de corrupción en las instituciones públicas y gubernamentales. Dicha circunstancia, si bien no es novedosa, en el caso de nuestro país ha tenido como consecuencia, en el largo plazo, el demérito de la credibilidad en la actuación de los principales actores políticos y de los servidores públicos del Estado.

A su vez, la pérdida de la credibilidad de las instituciones públicas y gubernamentales deriva, desde nuestro punto de vista, en el menoscabo a la confianza que la ciudadanía deposita en tales entes, les resta legitimidad y por lo tanto, pone en riesgo la gobernabilidad y el orden democrático de México.

El combate a la corrupción, nuevamente desde nuestra óptica, implica una estrategia multimodal que no es sencilla exponer en unas breves líneas, máxime que desde hace tiempo existen estudios especializados que han buscado analizar los elementos que, de manera integral auxilien en la lucha en contra de tan grave problema social.

A continuación enunciaremos únicamente algunos de aquellos aspectos que, a consideración nuestra, no deben perderse de vista en una estrategia integral anticorrupción:

1. Ética pública. Está es una disciplina que desafortunadamente en la actualidad ha caído en desuso, pero que es de gran importancia pues hace énfasis en ciertos principios y valores que deben observarse en el ejercicio de la función pública (honestidad, austeridad, integridad, profesionalismo, objetividad, excelencia, responsabilidad, etc.). De manera especial nos enseña que la función pública es servicio a la sociedad, y en consecuencia, los planes, programas y acciones que efectúe la autoridad y/o agentes públicos, deben orientarse a la atención de los intereses sociales.

   Uno de los beneficios de la promoción y difusión de los principios y valores de la ética pública o ética aplicada a la función pública, es que éstos, una vez apropiados por sus destinatarios, pueden auxiliar en la prevención de conductas irregulares (faltas administrativas) y delictivas (corruptas). Si bien por sí sola la ética pública no garantiza erradicar la corrupción, aunada a los mecanismos de vigilancia, fiscalización, investigación y sanción del Estado, constituye una herramienta que la desincentiva.

2. Transparencia y acceso a la información. Como puede entenderse, la opacidad y la secrecía conceden grandes posibilidades de discrecionalidad y oportunidad para que los servidores o agentes públicos puedan usar su posición con provechos personales. Si partimos desde la idea de que la corrupción necesita de un medio propicio para surgir, éste es precisamente el generado por la invisibilidad o ausencia de escrutinio público. Las medidas que se adopten para erradicar la corrupción deben considerar a la transparencia, como base de una cultura de rendición de cuentas que tiene por objeto, desde luego, garantizar el comportamiento adecuado de autoridades e instituciones, así como su mejor rendimiento, desapareciendo el contexto opaco en que normalmente se efectúan los actos de corrupción.

   Además, el acceso a la información tiene también la virtud de que, por una parte, justifica las decisiones y acciones de quienes ejercen el poder público (y los recursos económicos),y por la otra, tiende un puente de acercamiento, diálogo y argumentación con la sociedad, como detentadora de la soberanía en el país.

3. Fiscalización y evaluación. El ejercicio de la representación popular y el gasto de los recursos provenientes de la ciudadanía deben hacerse con gran empeño y responsabilidad. Quienes se encuentran en el cargo, empleo o comisión por la cual disponen de poder o recursos públicos, no tienen un cheque en blanco o libertad absoluta para su ejercicio, sino que están sujetos tanto a normas de carácter legal, como a la fiscalización y evaluación de los órganos competentes (Auditoría superior de la federación o entidades de fiscalización de los estados, Secretaría de la Función Pública, etc.), los cuales tienen el deber de evitar, en lo posible, las desviaciones de recursos, la incompetencia, mal desempeño o corrupción en la gestión pública. Por tal circunstancia, es imprescindible contar con un sistema de fiscalización y evaluación (calificación) integral, con criterios de medición reconocidos a nivel mundial, con normas actualizadas, con personal competente y con los recursos suficientes para lograr el alto cometido a que están orientadas las instituciones creadas para tal fin.

4. Sistema de responsabilidades. Mucho se ha escrito sobre las responsabilidades de los servidores públicos en México, de manera específica, en nuestro país se reconoce un sistema de responsabilidad que se integra por las de carácter civil, política, penal y administrativa. Este sistema tiene como objetivo tutelar el correcto desarrollo de la función pública y exigir, a posteriori, la responsabilidad de los funcionarios, reintegrando en lo posible el orden y normal funcionamiento de los servicios públicos.

   Desde nuestra perspectiva, no ha sido afortunado el desarrollo e implementación normativa e institucional de nuestro sistema de responsabilidades, por varias razones. Una de ellas es el carácter genérico o abstracto de las leyes, reglamentos o acuerdos que tratan acerca de las responsabilidades, lo cual deja amplios márgenes de discrecionalidad a las autoridades encargadas de su aplicación. Otra razón es la falta de criterios orientadores que den certeza sobre la forma en que la autoridad habrá de actuar y exigir las responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones; es conocida la disparidad de criterios entre las instituciones encargadas de resolver un procedimiento de responsabilidad (en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a nivel federal y estatal); además, esta falta de criterios resta certidumbre también a los sujetos implicados, quienes hayan incurrido o no en responsabilidad, carecen de parámetros ciertos o expectativas medianamente suficientes como para hacer uso de una defensa adecuada en contra de un procedimiento que puede vulnerar su esfera jurídica.

Estas y otras medidas son realmente importantes para desincentivar y castigar la corrupción, pero no serán eficaces a menos que quienes se encargan de tomar las decisiones (presidente de la república, gobernadores, legisladores federales y estatales, jueces y magistrados federales y de las entidades federativas, etc.) pongan de su parte la voluntad política e institucional, así como la firme determinación de asegurar su comportamiento personal honesto, así como el de sus subordinados, y de ejercer todos ellos sus competencias con la mayor calidad, en favor de la sociedad.

A ésta última no le corresponde un papel pasivo o menor, sino quizás el más importante, hacer conscientes a las autoridades de todos los niveles y agentes públicos, que en un país democrático, el poder o los recursos que ejercen, le pertenecen a la sociedad, la cual cuenta en todo momento, con el derecho a dialogar, vigilar, evaluar, exigir explicaciones, y, en último caso, demandar la responsabilidad y, en su caso, la sanción de quienes hayan cometido un acto de corrupción, falta administrativa o delito.