¿Quién lleva la seguridad pública?

Publicado el 19 de agosto de 2013 Edgar Corzo Sosa Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM @ecorzos edgar.corzos@hotmail.com

Hace diez años la pregunta era impensable por su obvia respuesta. Al Estado corresponde resguardar el orden público y perseguir los delitos, tal y como lo dispone nuestra Constitución. Sin embargo, durante este mismo lapso han estado gestándose movimientos sociales que han hecho a un lado la seguridad pública estatal, las “policías comunitarias” y los “grupos de autodefensa”, adquiriendo un inusual protagonismo por el enfrentamiento que están teniendo ya no entre ellos sino frente al Estado. No debe perderse de vista el diferente origen que tiene cada uno, pues la confusión en su identificación hace más difícil su comprensión y debilita la estrategia estatal que parece construirse. Las primeras son un grupo de personas pertenecientes a una comunidad indígena, electos directamente por su prestigio social y teniendo a su cargo la seguridad ciudadana. Las herramientas que poseen para sus acciones de seguridad son las que normalmente utilizan para su trabajo, machetes, palos y rifles de caza. Los segundos son un grupo de personas contratadas con el objetivo de resguardar el territorio en poder del narcotráfico y la delincuencia organizada. Las herramientas que poseen son sofisticadas y de alto poder. Las policías comunitarias han surgido por las tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas como instituciones de jure (artículo segundo de la Constitución federal), en cambio, los grupos de autodefensa son ilegales, no tienen base jurídica, son grupos de facto.

La situación estaba “bajo control” mientras las comunidades no habían sido invadidas por los grupos de autodefensa. El Estado sólo advertía casos aislados de exceso de las policías comunitarias y se concretaba a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como a sus grupos de autodefensa creados para defender y proteger su territorio frente a diversos grupos de delincuentes. Ahora, en cambio, la situación parece “fuera de control” al enfrentarse las policías comunitarias y los grupos de autodefensa. Estos últimos han llegado al punto de someter a pueblos enteros, asesinar, cobrar derecho de piso y coludirse con cuerpos policiacos de la región, razón por la cual las policías comunitarias no han tenido otro remedio que defenderse,  enfrentarse a los grupos de autodefensa e incluso colocar retenes mientras el Estado no garantice su seguridad.

La preocupación sigue creciendo pues la ciudadanía comienza a resentir directamente los estragos de estos enfrentamientos, como sucedió en Los Reyes, Michoacán, en donde cerca de 100 pobladores fueron balaceados por manifestarse, al parecer, en contra de un grupo de autodefensa conocido como Los Templarios. La ciudadanía también se duele por las privaciones a su libertad personal, las vejaciones a su integridad, la suspensión del transporte público en diversas regiones e incluso la imposibilidad de trasladarse por sus propios medios.

La escasa estrategia estatal que ha pretendido construirse ha sido errática. La aprehensión de policías comunitarios por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas no parece ser una buena respuesta, pues finalmente son puestos en libertad debido a las acciones que toman en contra de las autoridades, como la de detener al director de seguridad pública, policías de seguridad pública o al ministerio público local, como sucedió recientemente en Olinalá, Guerrero. Los grupos de autodefensa, por su parte, no han sido abatidos y continúan ejerciendo dominio sobre sus territorios dedicados al narcotráfico.

Ante la ausencia estatal la comunidad está tomando en sus manos la seguridad pública, haciéndose justicia por su propia mano, lo que no debe ser así. No hay duda que la seguridad pública debe continuar en las manos y bajo el control del Estado, pero también estamos ciertos que resulta indispensable una nueva estrategia. El Estado, por más que lo pretenda, no puede llegar a todos los rincones del país; debe apoyarse más en las policías comunitarias, pero en aquéllas que en verdad sean protectoras de una comunidad que no haya sido sometida por el narcotráfico o la delincuencia organizada y que actúen con apego a la ley. No negamos que hayan incurrido en excesos pero muchos de ellos también traen origen en la desesperación de no ver llegar al Estado hasta sus comunidades y si sufrir, en cambio, a los grupos de autodefensa.

Es un hecho que las policías comunitarias se están multiplicando, como también que se está elevando el número de comunidades que protestan ante la falta de seguridad. No es una cuestión de fácil resolución pero impone una nueva organización de la seguridad pública. No se trata, como se ha pretendido ver, de un problema de gobierno municipal que podría ser resuelto regulándolas en Juntas Comunitarias, como tampoco la creación de una policía rural en lugar de la comunitaria. La cuestión es de mayor calado y toca la esencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Debe aprovecharse la buena experiencia que se ha tenido con las policías comunitarias indígenas que verdaderamente actúan en defensa de su comunidad y no verlas como enemigo o al margen de la ley. Hace falta también un gran debate nacional sobre el tema en el que debiera incluirse el derecho a portar armas para la defensa personal.

En cuanto a los “Grupos de Autodefensa” se deben combatir con toda la fuerza del Estado reforzando la estrategia de Seguridad Pública Nacional de manera coordinada entre las policías comunitarias indígenas, las municipales, estatales y federal. ¿Se puede o no quieren?.