¿Cuál es el objetivo?^*

Publicado el 7 de febrero de 2014 José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia, profesor de Derecho Constitucional, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM @JRCossio jramoncd@scjn.gob.mx

Los acontecimientos de las últimas semanas en Michoacán, han evidenciado muchos y complejos problemas. De una parte y en su expresión más visible, el ejercicio del uso de la fuerza en diversas modalidades, en general dirigidas a la ocupación territorial. También y en un plano algo más lejano y menos comentado, se han observado altos niveles de connivencia y corrupción en muy diversos sectores sociales, más interesados en el mantenimiento o la obtención de prebendas de corto plazo que en la construcción de ciertos mínimos de convivencia común. Lo que, sin embargo, me parece que ha sido más fehaciente, es la falta de objetivos específicos establecidos por las autoridades. Tomando en cuenta que es importante saber lo que se quiere para determinar la mejor forma de alcanzarlo, creo que es necesario precisar aquello que se está buscando lograr en Michoacán y en el resto del país.

Al inicio de lo que en su momento se llamó la “lucha” o “guerra” contra el narcotráfico, me parece que no hubo una clara idea de qué se quería lograr con tales palabras: ¿recuperar el control territorial?, ¿aprehender a los principales líderes?, ¿establecer un cumplimiento estricto de las normas jurídicas?, ¿racionalizar la delincuencia para darle niveles aceptables? La sola idea de que aquello que se estaba haciendo era combatir, generó una dinámica militar ahí donde ella no era posible dadas las condiciones en que habría de darse. Las fuerzas armadas y policiales de nuestro país no podían desempeñarse en una guerra convencional frente a un enemigo declarado e identificado a efecto de llegar a su exterminio o rendición, sino que tenían que someterlo físicamente a fin de que fuera juzgado conforme a las normas vigentes en nuestro país. De esta forma, no había posibilidad de rendición ni tampoco de enfrentamiento directo y abierto. Buena parte de las confusiones que desde entonces se generaron y hoy se mantienen, provienen de no haber determinado cuál era el objetivo de esa llamada “guerra”, más allá –repito– del control de ciertas áreas o de la identificación simbólica del ejercicio monopólico de la fuerza por parte del Estado.

En los momentos que corren, me parece que no es posible mantener esa visión, sino que es preciso volverse a preguntar cuáles son los objetivos generales de la lucha que se está llevando a cabo en diversos frentes y de distintas maneras. ¿Es la reducción de la delincuencia por el uso directo de la fuerza como si se estuviera viviendo una guerra en sentido técnico? Este modo de ver las cosas implica que, de ser así, el país estaría avanzando hacia una guerra civil abierta, cuya regulación corresponde al Derecho Internacional. Si no es ése el objetivo, ¿cuál es? ¿La terminación completa de todo el fenómeno delictivo?, ¿su administración?, ¿la plena recuperación de los espacios controlados por la delincuencia organizada?, ¿el establecimiento en serio del Estado de Derecho? De la identificación de los objetivos dependerá, por obvio que parezca, lo que efectivamente se haga, los niveles de complejidad que se quieran enfrentar, la multiplicidad de acciones que deban efectuarse y el tipo de actos estatales que sea posible realizar. Ejemplifico. Imaginemos que el objetivo general es, sin más y sin ser ello poca cosa, la mera recuperación de los espacios en los que el Estado no puede ejercer su jurisdicción. En este objetivo, pues, se centra la totalidad de lo que el Estado mexicano pretende llevar a cabo. ¿Qué implica tal decisión y qué debe hacerse para lograrla? Implica someter a todo aquél que impida esa acción general para llevarlo a proceso penal, establecer ahí donde no haya o nunca hubiera habido autoridad las formas de ejercicio de ésta, restablecer las modalidades ahí donde no las hubiera habido y revertir las condiciones que permitieron la pérdida de institucionalidad. ¿Cómo se logra que estas últimas condiciones se establezcan realmente? Mediante acciones concretas de gobierno tomadas con base en el orden jurídico, consistentes en la creación de registros, de condiciones favorables de litigio juridificado así como del rompimiento de viejas y arraigadas prácticas de control social, por ejemplo.

Si otro fuera el objetivo a lograr, desde luego serían otras las maneras en que se tendrían que generar las estrategias y otras serían, también, las formas en las que se tendría que llevar a cabo su implementación. Por ello, lo primordial es entender que sin la precisión de los objetivos a alcanzar, no es posible el ejercicio de ninguna acción ordenada ni, por lo mismo, eficaz. Al evidente problema de seguridad pública que enfrentamos habrán de asignársele recursos, personal, tiempo y esfuerzos valiosos. Sin embargo, y suponiendo que todo ello va a ser así, ¿qué es lo que finalmente –y con independencia del tiempo que se tome alcanzarlo– se quiere lograr en la vida cotidiana de individuos y comunidades? Un alto en el camino y la construcción de una política de Estado, parecen ser necesarios antes de continuar haciendo mucho, tal vez sin mucha dirección.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Universal, el 21 de enero de 2014