¿Más dinero para financiar la política?^*

Publicado el 28 de abril de 2014 César Astudillo Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM @AstudilloCesar cesar@unam.mx

Con su agudeza habitual, Jesse M. Unruh afirmó en 1966 que el dinero era la “leche materna” de la política. No le faltaba razón al político estadounidense, sobre todo si tenemos presente aquellos países en donde constituye una exigencia institucional el florecimiento de un sistema de partidos, su paulatino fortalecimiento hasta que tengan la capacidad de convertirse en sólidas estructuras políticas que tengan verdadera capacidad para ser competitivos en la arena electoral.

Pero así como la leche materna es una necesidad transitoria, el dinero público para financiar la política también debe serlo, sobre todo si se advierte que dicho financiamiento no constituye una finalidad en sí mismo, sino que representa una fórmula instrumental para la consecución del  fortalecimiento de los partidos y para la implantación de paridad de condiciones en la contienda por el poder.

Desde 1986, México ha echado mano de la leche materna para impulsar un sistema de partidos en el contexto de un partido hegemónico y para incorporar un piso parejo allí donde la competencia sencillamente no existía. Sucesivas reformas electorales han abonado a acrecentar el financiamiento directo, es decir, en dinero público para el sostenimiento de actividades permanentes y para asumir los gastos de campaña, y el indirecto, en un cúmulo de prerrogativas en donde destaca el acceso oneroso para el Estado y los ciudadanos, pero gratuito para los partidos políticos a la radio y la televisión.

No obstante, es poco explorado que en realidad la leche materna proviene de 33 fuentes diversas, una federal, 31 estatales y la del Distrito Federal, en donde hasta hoy existe una verdadera heterogeneidad para la determinación de las cantidades líquidas que se transfieren al sostenimiento de la actividad política. Unas fuentes son extremadamente bondadosas con sus partidos, mientras que otras son bastante más limitadas, pero sea mucho o sea, todas las entidades de la República y la Federación contribuyen lealmente a la causa de los partidos.

En este año, el financiamiento público ordinario que la federación le otorgará a los partidos nacionales asciende a 3,915 millones de pesos. En conjunto, los 31 estados y el Distrito Federal destinaran por el mismo concepto otros 2,268 millones de pesos. Es decir, la bolsa nacional de financiamiento exclusivo para manutención de las estructuras partidistas asciende este año a 6,183 millones de pesos. Esto sin contar el financiamiento para gastos de campaña de los dos estados que tienen elecciones este año, y sin tener en cuenta otras prerrogativas como las franquicias postales y el costo de los spots electorales.

La propuesta de Ley General de Partidos que hoy en día se discute en el Senado intenta homologar la fórmula de financiamiento público ordinario y de campaña para los partidos políticos, de tal suerte que los estados dejen de tener la posibilidad de implementar sus propias bolsas de financiamiento. Paradójicamente esta homologación da como resultado un aumento general en el financiamiento ordinario que desde los estados debe dispensarse a los partidos, al pasar de los 2,268 millones de pesos a 3,547 millones, con lo cual, se genera un aumento nada despreciable de 1,280 millones, sin contar el consecuente aumento en el financiamiento de campaña.

Todos recordamos que la reciente reforma electoral se justificó en la necesidad de eliminar la injerencia de los gobernadores en los comicios locales y de abaratar los costos de las elecciones. Con la fórmula propuesta es evidente que no se está siendo consecuente con esa premisa inicial.

Parece paradójico pero el verdadero talante democrático de los partidos no se demuestra en el transcurso de la campaña o el día de la jornada electoral, sino precisamente en el momento en el que escriben las reglas a las que habrán de someterse en la competencia por el poder. Hoy en día se están escribiendo esas reglas y, en ese sentido, estamos en presencia del momento idóneo para preguntarnos si la leche materna ya cumplió con sus objetivos y, en consecuencia, es necesario acometer a la paulatina diminución del financiamiento de la política, o si no es así, para cuestionar al menos en función de qué justificación se pretende incrementar un financiamiento que al final del día termina siendo una carga habitual de los ciudadanos de este país.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en  El Universal, el 25 de abril de 2014