¿Regular o suprimir los “haberes de retiro”?^*

Publicado el 26 de mayo de 2014 César Astudillo Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM @AstudilloCesar cesar@unam.mx

Es sintomático que todo lo que se encuentra vinculado a cuestiones electorales es inexorablemente sometido a sospecha y suspicacia producto de la desconfianza que nos circunda como una maldición histórica.

Acaso por ello apenas se tuvo noticia del “haber de retiro” que la reforma electoral introdujo para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se desencadenó en debate que no ha logrado apaciguarse con las iniciativas de los partidos ni con la decisión publica de los propios magistrados de no aceptarla.

La extrema velocidad con la que se ha pretendido cerrar la polémica no ha permitido advertir que no nos encontramos frente a un privilegio excepcional sino ante un fenómeno ampliamente difundido dentro del servicio público. En efecto, “haberes de retiro” en su modalidad de “pensión vitalicia” la tienen los expresidentes de la república, los ministros de la Suprema Corte, los alto cargos de las fuerzas armadas, los titulares de algunos órganos autónomos, ciertos gobernadores y magistrados en los estados e, incluso, expresidentes municipales; en su vertiente de “bono”, “compensación” o “liquidación” por cesación de encargo la tienen otros tantos funcionarios de la administración federal y local.

Esta realidad pocas veces se ventila en público, como debería suceder en una democracia asentada en la transparencia y rendición de cuentas. La regla es el sigilo y la opacidad. De ahí que el debate actual deba ser visto como una ventana de oportunidad para hacer emerger al debate nacional el sentido que tiene gozar de un “haber” como este, el conjunto de servidores públicos que deben beneficiarse directamente e indirectamente de él (la persona o sus familiares), las formas que debe adquirir en cada caso (pensión o compensación), los rubros que lo componen (servicios de seguridad, asistencia administrativa, prestaciones médicas, teléfono, oficinas, etc) y el periodo de su vigencia (vitalicia o temporal).

Llama la atención que desde el legislativo se intente atajar el beneficio de los magistrados electorales sin detenerse a advertir la problemática de fondo y sin darse cuenta que tienen entre sus manos al instrumento más adecuado para ordenar un tema que hasta hoy tiene en la discrecionalidad, la opacidad y la ausencia de controles sus notas distintivas. Parece paradójico, pero son los decretos, acuerdos, reglamentos y lineamientos los que en gran medida regulan las pensiones cuando por regla general todo ello debería ser materia de la Ley, como ocurre con las fuerzas armadas. Es un verdadero despropósito que sean los propios destinatarios de los beneficios quienes acometan a su regulación.

El Congreso no puede dejar de ejercer su capacidad reguladora en un tema tan sensible socialmente. Con la discusión actual la mesa está servida para descongelar la Ley de salarios máximos, regular el principio constitucional que ordena que nadie pueda tener percepciones mayores a las del presidente, y asentar el régimen jurídico de las pensiones bajo parámetros de austeridad y transparencia.

No cabe duda que todos los jueces deben gozar de condiciones económicas que garanticen tanto su independencia individual como la de la institución en la que ejercen su función. La especial naturaleza de la función electoral de nuestro país debe tener su correlato en el acceso de sus magistrados a mecanismos que los protejan de las injerencias políticas y presiones partidistas. Sin embargo, debe procederse con cautela y advertir si dichas garantías deben ser necesariamente económicas o de otra índole.

Eliminar el “haber” en materia electoral es atacar un síntoma pero dejar subsistente la enfermedad; significa desperdiciar una gran ocasión para regular un tema fundamental para la democracia mexicana. Por el contrario, resulta inexorable convertir un pésimo timming político en una adecuada ventana de oportunidad; un desatino en un avance democrático dirigido a desterrar la desigualdad institucionalizada en los “haberes” del presente y rescatar, así sea paulatinamente, una ética pública que tanto nos hace falta.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en  El Universal, el 23 de mayo de 2014