Universidades de la Magistratura

Publicado el 2 de junio de 2014 Jorge Alberto González Galván Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM jagg@unam.mx

El diagnóstico que declara la existencia de “un Nuevo Paradigma Constitucional” al incorporarse como normas vinculantes las internacionales de derecho humanos y las resoluciones de la Corte Interamericana en la misma materia, debería, en consecuencia, llevarnos a modificar el Paradigma de la Enseñanza del Derecho.

La necesidad de actualizar los programas de estudio y la didáctica del Derecho se justifica tomando en cuenta que la separación de poderes no existía en la época del Viejo paradigma constitucional: las funciones legislativas y judiciales estaban subordinadas al poder ejecutivo, era el tiempo de la “Presidencia imperial” (Enrique Krauze), de la “Dictadura perfecta” (Mario Vargas Llosa).

En dicho contexto la formación jurídica estaba bajo el monopolio (involuntario) de la UNAM: el PRI-gobierno tomaba de aquí sus cuadros. Los despachos los tomaban de la Escuela Libre de Derecho. Con la alternancia política inaugurada a nivel federal el año 2000 y la diversificación de los espacios públicos y privados de formación jurídica (UAM, Ibero, ITAM, TEC, UACM…) la creación legislativa y la aplicación judicial viven un proceso de adaptación hacia una real, efectiva, separación de poderes.

Esta alternancia política y diversificación universitaria acelera la exigencia, siempre necesaria, de actualizar la formación jurídica para la consolidación de un verdadero Estado democrático de Derecho. Los jueces, por ejemplo, tienen que ser formados en espacios académicos especializados para su función: se deben crear en el seno de los poderes judiciales Universidades de la Magistratura.

La propuesta no es original ni novedosa, en Francia el egresado de la licenciatura en Derecho si desea hacer carrera judicial debe formarse en la École Nationale de la Magistrature: aplica también los concursos para las promociones de los que ya son jueces y depende administrativamente del Ministerio de la Justicia (www.enm-justice.fr/). En México, a falta de este filtro académico, el ingreso y promoción en los poderes judiciales ha estado sujeto a criterios discrecionales, extra-académicos, del empleador: “Caer bien”, “Estar bien recomendado”, “Compatibilidad ideológica: académica, política, religiosa”, “Amiguismo, nepotismo, clientelismo”.

Los Centros, Escuelas o Institutos, de Estudios Judiciales, federal y locales, creados desde la existencia (relativamente reciente) de los Consejos de la Judicatura, tienen la facultad de fomentar la cultura del esfuerzo, del mérito: los ingresos y las promociones se basan ahora en elementos objetivos como cursos, diplomados, grados y concursos, buscando así consolidar la Carrera Judicial. Falta reforzarlos académicamente para formar a los recién egresados de la licenciatura en Derecho, convirtiendo el federal en Universidad Nacional de la Magistratura bajo la coordinación de la Corte, y los locales de los Tribunales Superiores.

El proyecto debe ser el resultado de la colaboración interinstitucional de jueces y académicos: se debe dejar en el pasado la idea feudal de que desempeñamos funciones sin relación alguna, que no se ven ni se oyen, recíprocamente. También debe ser cosa del pasado el falso “nacionalismo jurídico” que aprobaba toda norma que se movía en el ámbito internacional y no se aplicaba, así como el temor a someterse a la evaluación de los relatores de la ONU y la negación injustificada a aceptar la jurisdicción de las Cortes internacionales.

Robert Badinter pronostica que en 2030 la Justicia estará en manos de las juezas, será digitalizada y será supranacional. (www.liberation.fr/evenements-libe/2014/04/11/robert-badinter-la-justice-de-2030-sera-feminisee-et-numerisee_995662) ¿Estamos dando los pasos para afrontar el futuro?