La disputa por los derechos^*

Publicado el 3 de junio de 2014 Pedro Salazar Ugarte Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM pedsalug@yahoo.com

En un par de semanas se cumplirán tres años de la publicación de la Reforma en Derechos Humanos. Muchos celebramos su aprobación y advertimos que significaba “un cambio de paradigma” en el sistema constitucional mexicano. Las razones de una valoración tan entusiasta eran, en lo fundamental, las siguientes: a) por fin, en la constitución, se llamaba a los derechos por su nombre (y no garantías individuales como antaño); b) desde entonces se afirma que nuestros derechos son “reconocidos” y no “otorgados” por el Estado; c) se puntualizó que la obligación primigenia y principal de todas las autoridades mexicanas es “promover, proteger, respetar y garantizar” esos derechos; d) se abrió el ordenamiento constitucional al derecho internacional y; e) se adoptaron principios progresistas con un potencial emancipador (progresividad, pro persona, etc.).

Sin embargo, también surgieron voces reaccionarias. Desde la de juristas que no quisieron reconocer la magnitud de la mutación hasta la de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que siguen leyendo e interpretando a la constitución como si su texto dijera lo que decía antes de junio de 2011. En medio alzaron la cabeza algunos políticos que buscaron echar para atrás la reforma y otros que no se han dado a la tarea de aprobar las leyes secundarias que permitan potenciar sus efectos. Los resortes de esas posiciones son diversos pero –si no me equivoco- abrevan de una fuerte resistencia al cambio que es muy común en la mentalidad de los abogados. Nuestro gremio ha hecho del status quo una forma de vida porque la materia prima de la profesión jurídica son normas que pretenden atrapar a la realidad o, por lo menos, encauzarla.

Pero la reforma de Derechos Humanos tiene una proyección distinta. Por su contenido y alcances está diseñada para transformar a la realidad, no para conservarla. Por eso impone un reto mayúsculo a los estudiosos, aplicadores e intérpretes del derecho. Lo que se nos pide es “aprender a desaprender”. Los investigadores y profesores universitarios, por ejemplo, debemos revisar nuestros planes estudio y, sobre todo, actualizar los métodos con los que enseñamos el derecho a las nuevas generaciones. Los abogados, por su parte, deben actualizar sus conocimientos sobre el derecho vigente y sobre las formas de interpretarlo. A los jueces se les pide un esfuerzo mayor porque, además de conocer al derecho e interpretarlo, deben familiarizarse con materiales jurídicos ajenos a su cultura y conocimientos como lo son las sentencias de Cortes Internacionales.

Por si no bastara, todos los operadores jurídicos debemos aprender a convivir con opiniones y exigencias que provienen de otras disciplinas y que interpelan al objeto de estudio del que pensábamos poseer un monopolio. Hoy los derechos humanos interesan a los economistas, a los politólogos, a los sociólogos, a los filósofos, a los médicos, etc. Se trata de un interés justificado porque el tema es de la incumbencia de todos pero no deja de causar cierto desconcierto a los juristas porque, aunque el derecho no ha dejado de ser su materia de estudio y ejercicio; ya no es un material exclusivamente de ellos. Esto le resta poder al gremio y nos arroja a un circuito deliberativo para el que no necesariamente estábamos preparados.

Quienes nos dedicamos al derecho constitucional, por ejemplo, debemos hacer cuentas con interrogantes que provienen desde los estudios políticos y que cuestionan algunos presupuestos básicos de nuestra disciplina como las bondades de la estabilidad normativa, el valor de la certeza jurídica o el carácter técnico (y no ideológico) de las decisiones judiciales. Para atender esas objeciones se requiere apertura de criterio y cultura general. Herramientas que no todos los abogados poseen.

Así que la reforma de Derechos Humanos, además de una buena noticia, ha sido un desafío para los juristas. Tal vez por ello ha sido tan lenta su puesta en marcha.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Universal, el 27 de mayo de 2014