El nuevo sistema anticorrupción mexicano: ¿otro elefante blanco?
Publicado el 9 de junio de 2014
Rosa María Mathías Estrada
Técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
mathias@unam.mx
Dos pilares sobre los cuales se basa nuestro sistema mexicano: impunidad y corrupción, dos fenómenos importantes que gracias a ellos no podemos avanzar como país en desarrollo.
Conforme al Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 100 de 183 países y con una calificación de 3 en un rango de 0 a 10, donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 10 la menor.
Corrupción práctica nociva que en los últimos años se hayan identificado más de 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos en los tres niveles de gobierno. El actual presidente Enrique Peña Nieto propone un nuevo sistema anticorrupción con la finalidad de transformar al país y tratar de dar mayor seguridad y certidumbre a sus gobernados.
El fenómeno de la corrupción es un aspecto muy importante que concierne al punto de contacto entre las esferas públicas y privadas y no exclusivamente donde los recursos son otorgados en exceso: donde existen desvíos importantes de recursos de la agenda de desarrollo de los países a intereses particulares muy lejanos del interés público y también es considerado por Marx Weber como el patrimonialismo como el manejo discrecional de los recursos públicos y canalización de la riqueza hacia caudales privados. Apropiación privada de los cargos públicos con la característica del orden feudal donde cuenta más la lealtad personal que la capacidad profesional. No existe distinción entre los servidores personales del señor y los funcionarios del reino.
El actual presidente Enrique Peña Nieto, a partir de la toma de protesta, elaboró una serie de compromisos dentro de los cuales las que destacan para nuestro comentario son tres: Autonomía constitucional del IFAI (compromiso 83), reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y la propuesta de creación de la Comisión Anticorrupción (compromiso 85).
Dentro del compromiso de creación del Comisión Nacional Anticorrupción (compromiso 85) y la creación de un sistema nacional de comisiones estatales, propone prevenir, investigar, denunciar y sancionar los actos de corrupción poniendo particular énfasis CFE y Pemex.
Además la creación de un Consejo Nacional para Ética Pública (compromiso 86), conformado por diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil, para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción
Todas las iniciativas presentadas se llevaron a cabo a través del Pacto por México con la participación de las diferentes fuerzas políticas. Las propuestas sobre el acceso a la información y la conformación de la Comisión anticorrupción darán un avance muy significativo en el aspecto de la construcción de un marco institucional para ampliar la transparencia, el gobierno abierto y eficacia en los órganos contra la corrupción. Pero ya con 18 meses de haber tomado protesta del cargo EPN aún no se ha podido implementar el nuevo sistema Anticorrupción. ¿Cuál será la falla? ¿Por qué los legisladores no se pueden poner de acuerdo en la nueva estructura y funcionamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción?
Como Alexis de Tocqueville mencionaba la Democracia conlleva a ciertos peligros. Pero no previó la corrupción del sistema democrático que se deriva del control del gobierno en pocas manos gracias a la industria de la influencia que, a través de cuantiosas aportaciones a las campañas políticas y de cabilderos que favorecen los intereses de los más poderosos, distorsionan la voluntad de la mayoría.
La Comisión Nacional Anticorrupción será un órgano autónomo constitucional con facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades que cometan servidores públicos y ciudadanos, en los tres planos de gobierno: federal, estatal y municipal.
Dentro de las principales características de la Comisión Anticorrupción se encuentran las siguientes: Autonomía Plena. Facultades de atracción de investigaciones de actos de corrupción. Imposición de sanciones administrativas consistentes suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas conforme a los daños y perjuicios patrimoniales causados por servidores públicos e interposición de denuncias para las correspondientes sanciones penales. Asimismo como parte de la Reforma en Materia de Combate a la Corrupción, se establece que cada entidad federativa, deberá crear los órganos homólogos de corrupción que se alineen al Plan Nacional Anticorrupción.
¿Pero será un gran paso para disolver la corrupción?
Ya no más casos Guardería ABC, Lydia Cacho, Campo Algodonero, Línea 12 del metro. Es posible que ahora ya se pueda poner orden y se castigue a todos aquellos funcionarios y ciudadanos partícipes en actos de corrupción. No existirá el encubrimiento en ningún nivel de poder para que aquellas personas culpables sean sancionadas con mano dura.
Ya era hora de que alguien viniera a poner orden en este país, es inentendible que los funcionarios en los cuales se les ha depositado la confianza de un pueblo solamente velen por sus propios intereses. La desconfianza de la ciudadanía algún día volverá a creer en sus representantes políticos o seguiremos inmersos en el mismo sistema que por años hemos estado.
México tiene que salir adelante y si no controlamos el fenómeno de la corrupción qué pasará con todos aquellos compromisos celebrados a nivel internacional que le obligan a respetar: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Lo deseable, es que dicha iniciativa presidencial llegue a buen puerto para que realmente haya una transformación en el país y que los ciudadanos regresen a la confianza y respeto institucional.
Hay que ser positivos, todo cambio debe ser para mejorar. Las experiencias tanto con la Secretaría de la Función Pública como con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, no tuvieron éxito en el aspecto de la disminución del fenómeno y actual Auditoría Superior de la Federación, el elefante blanco, no se da abasto en su labor de fiscalización.
Para concluir, es importante destacar que el gobierno debe considerar la integración de la Comisión Anticorrupción, la selección de los recursos humanos sean bajo un reclutamiento y selección de forma idónea y adecuada con un espíritu de servicio y no a través del clientelismo. Además de que los servidores públicos pertenezcan a un servicio profesional de carrera, que les permita estabilidad, capacitación constante, crecimiento profesional y de esta manera se comprometan no solo con la institución sino con el país. Y que la observancia de los principios de la Función Pública consagrados en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia sean el Decálogo de su ejercicio. “No más elefantes blancos”.