La ciudad de los Balcanes^*

Publicado el 12 de junio de 2014 Diego Valadés Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM @dvalades valades@unam.mx

Así como la ignorancia del derecho no exime de su cumplimiento, el desconocimiento de la historia no impide repetir sus errores. Esto tiene que ver con la presunta reforma del Distrito Federal, que puede acercarnos a una crisis semejante a la vivida en los años veinte del siglo anterior.

Después de 190 años de vida constitucional la capital del país sigue sin una solución política satisfactoria. En 1824 la Constitución dispuso que el Congreso eligiera el lugar de residencia de los órganos federales del poder y ejerciera “en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un Estado”. Con esta facultad, el Congreso sujetó los diversos ayuntamientos del Distrito Federal al mando de un gobernador dependiente del presidente. Se inauguró así un régimen dual que distribuía el poder local entre la autoridad municipal y la autoridad nacional.

En 1857 la Constitución adoptó la elección popular de las autoridades políticas, municipales y judiciales del Distrito Federal, y una reforma de 1901 facultó al Congreso para que, a semejanza de 1824, distribuyera el “orden administrativo, político y municipal” entre el presidente de la República y los ayuntamientos.

La Constitución de 1917 ratificó las municipalidades, que a la sazón eran trece: México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa, cuyos ayuntamientos eran elegidos mediante sufragio directo. Por ley se hizo una compleja distribución de competencias entre esos ayuntamientos y el gobernador del Distrito Federal, dependiente del presidente.

La contradictoria organización del poder, en una ciudad con poco más de un millón de habitantes, generó graves dificultades para la gobernabilidad que condujeron a una nueva reforma en 1928, aprobada sin discusión, suprimiendo las municipalidades y centralizando el gobierno local.

El proceso comenzó a girar en sentido inverso mediante las reformas de 1993 y 1996. Ahora se prevé otra más. En síntesis la ciudad de México ha experimentado tres modelos: un régimen mixto que combinó facultades de los ayuntamientos y del gobierno nacional (1824-1928); un régimen centralizado (1928-1997), y un régimen híbrido, el actual, que no está centralizado pero tampoco es un gobierno estatal ni municipal.

Hoy la ciudad se caracteriza por la intensidad de su vida cultural, por la vocación liberal de sus habitantes y por su acelerado crecimiento. En contraste, en la administración del Distrito Federal prevalecen burocratismo, malos servicios públicos, pésimo mantenimiento de vialidades y espacios públicos e inseguridad creciente. Además, la pobreza se agudiza. De sus casi nueve millones de habitantes, la mitad carece de seguridad social, más de un tercio no cuenta con servicios de salud y una quinta parte padece carencias alimentarias.

Esos problemas, en el espacio geográfico más próspero del país, se deben en buena medida a instituciones mal diseñadas. Y esto es lo que no parecen contemplar las reformas previsibles. Si se opta por una distribución de facultades a la medida de los intereses oligárquicos locales, la democracia se estará desfigurando y el derecho al buen gobierno se seguirá posponiendo.

Se conoce como balcanización el desmembramiento político de un territorio. En la ciudad de México, con el señuelo de que eso es lo democrático, se ha construido un confuso sistema de atribuciones de gobierno que permite a los funcionarios que así lo deseen encubrir los desaciertos propios con las presuntas omisiones ajenas. La parcelación de facultades es una coartada para quienes quieran eludir sus deberes aduciendo que no les corresponden. En medio quedamos atrapados los ciudadanos.

Acentuar la fragmentación de la ciudad no generará gobernabilidad democrática; por el contrario, favorecerá la corrupción y el control caciquil de territorios y de grupos sociales. No es lo mismo compartir el poder que fraccionar una ciudad, ni es igual distribuir las funciones del poder para evitar los excesos de la concentración, que diluir las tareas gubernamentales transformándolas en feudos para privilegiar intereses. Este modelo ya fracasó. No hay mejor prueba que la realidad; la sufrimos a diario.

Las grandes capitales del planeta son municipios. Ninguna ciudad se gobierna bien, balcanizándola. La gobernabilidad del Distrito Federal depende de hacerlo un municipio, para que haya un gobierno democrático, plural, controlado y eficiente.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Reforma, el 13 de mayo de 2014