Caso Guardería ABC: ¿Y la Responsabilidad Política?
Publicado el 20 de junio de 2014
Rosa María Mathías Estrada
Técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
mathias@unam.mx
El cinco de junio del presente año, se conmemoraron los cinco años del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo Sonora, cuyo resultado fue el fallecimiento de 49 menores (de entre 5 meses a 5 años de edad). Víctimas inocentes de constantes negligencias e inconsistencias de un Sistema Federal de Guarderías ineficaz.
Tras las indagatorias sobre el incendio se descubrieron una serie de anomalías y desórdenes en el sistema federal de subrogación de guarderías implementado por el IMSS. La falta de supervisión y vigilancia de las mismas, fueron los motivos por los cuales se generó el siniestro. A lo que se concluyo: que el régimen de guarderías es producto de un sistema corrupto y de tráfico de influencias.
Los contratos de subrogación se crearon para garantizar la prestación del servicio de guarderías públicas por parte del IMSS. Cabe destacar, que el sistema de subrogación contribuyo al ahorro de miles de millones de pesos, ya que por cada niño el IMSS gastaba $6,500 pesos mensuales si prestaba el servicio de manera directa, reduciéndose a $2,140 pesos mensuales.
La falta de una respuesta favorable, por parte de las autoridades federales y locales, llevaron a los padres de las víctimas a solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo cual el Ministro Arturo Zaldívar elaboro un dictamen donde se pronunció la necesidad de señalar a los responsables desde el más bajo hasta el más alto nivel. Con la finalidad de mandar el mensaje sobre los alcances de una irresponsabilidad. Así fuera el director de la institución ó el encargado de cumplirla. Agregó que cuando se cometieran omisiones que derivaban en la violación de los derechos humanos de las personas debía haber responsables. Asimismo, considero a Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours y Ernesto Gandara, entre otros como los responsables del siniestro. Sostuvo la existencia de un desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas, aspecto estructural dentro del diseño de su proyecto y menciono la existencia de más de mil cuatrocientas guarderías bajo el sistema de subrogación donde solo 14 cumplen cabalmente los requisitos que exige el IMSS.
Y ¿dónde queda la Responsabilidad Política consagrada en el artículo 109 de nuestra Carta Magna en su fracción I? ¿Para qué sirve tener instrumentos jurídicos para sancionar a funcionarios responsables de sus acciones y omisiones en el ejercicio de su buen despacho o que afecten intereses públicos fundamentales?
En México, la finalidad del juicio político se ha pervertido. En el pasado, se iniciaron procedimientos a funcionarios públicos de alto rango, pero realmente nunca se llegaron a concluir, lo que ha evidenciado la funcionalidad del mismo. El antecedente más remoto del juicio político fue en 1982, el cual sirvió para desaforar y procesar a Jorge Díaz Serrano, por delitos de corrupción durante su gestión como director de Pemex. Siendo entonces cuando se integro al cuerpo normativo de la Constitución. Pero entonces, ¿por qué fueron exonerados los responsables del incendio de la Guardería ABC?
Hoy el siniestro, ha tocando las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes, contratos y licitaciones públicas irregulares, guarderías sin medidas de seguridad y un conjunto de leyes laxas.
Hoy por hoy, ya no basta con señalar a los responsables, lo que la ciudadanía busca es sancionarlos y hacerlos responsables de sus actos u omisiones por las vías adecuadas sean civil, penal, administrativa y también política.