Incierto el rumbo de la lucha contra la corrupción en México

Publicado el 17 de octubre de 2014 Miguel Ángel Gutiérrez Salazar Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Veracruzana y Candidato a Doctor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM zelda600@hotmail.com

Hace algunos meses reflexionábamos en este mismo espacio acerca del necesario e importante debate que debía generarse en la Cámara de Diputados a la hora de revisar el dictamen de reforma constitucional en materia anticorrupción y régimen de responsabilidades de los servidores públicos en México.¹

En esas líneas advertíamos una serie de puntos que estimábamos era fundamental tener en cuenta para un debate pleno e informado. Asimismo, indicábamos algunos aspectos que –en nuestra perspectiva- no estaban siendo suficientemente abordados y que era relevante incluir en la discusión legislativa.

A aquellas consideraciones iniciales se agregaron muchas otras formuladas por especialistas en la materia, interesados en generar el contexto analítico propicio que coadyuvara a llevar a buen puerto los esfuerzos por mejorar el servicio público y el combate contra la corrupción en todo el país.

A pesar de esa suma de voluntades, hoy en día podemos apreciar en los medios de comunicación que el proceso político de construcción de un nuevo régimen de responsabilidad de los servidores públicos y la definición e impulso contra la corrupción se encuentran estancados en el ámbito del Poder Legislativo y en la esfera de competencia del Poder Ejecutivo.

Como muestra cuatro ejemplos:

1. En sede legislativa, contrario a lo sucedido con el caudal de reformas constitucionales y legales aprobadas con celeridad en los últimos veinte meses, hemos visto la ausencia de voluntad para retomar los trabajos acerca del tema fundamental que nos ocupa, el cual –en nuestra opinión- es indispensable para que el resto de las transformaciones a nuestro marco jurídico funcione con plenitud.

   Basta echar un vistazo a las noticias más recientes para percatarnos que las corrientes políticas en la cámara de diputados se encuentran en desacuerdo respecto a la forma en que habrá de afrontarse el tema anticorrupción. No hay fecha para llegar a un consenso; mientras el grupo legislativo del PRI propone que las funciones que habría de desarrollar la Comisión Nacional Anticorrupción sean cubiertas por la Fiscalía General de la República (difiriendo de la propuesta que ellos mismos presentaron antes del inicio del gobierno del Presidente Peña Nieto) otros insisten en la iniciativa en curso, con matices diversos, todo lo cual torna difícil la adopción de un acuerdo.

2. En una reunión reciente con destacados periodistas el Ejecutivo Federal -por su parte- hizo referencia al tema anticorrupción mediante un discurso al que podríamos calificar de resignado, en el que entendió a la corrupción como un tema cultural, dijo que se trata de un cáncer social propio de la historia de la humanidad que afecta no sólo a nuestro país sino a muchas otras naciones y no sólo viene del orden público sino muchas veces es alimentada desde el orden privado.

   Aunado a ello, en los hechos hemos podido ver cómo el Presidente aminoró la importancia de la Comisión Nacional Anticorrupción que fue baluarte al inicio de su gobierno y ahora defiende la idea de que una sola institución es insuficiente para combatir la corrupción y por ello ya no insiste en su creación y deja al tiempo su discusión y aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

   Con esa forma de entender y enfrentar la corrupción, el primer mandatario del país manda un grave mensaje de desaliento para los mexicanos. Todo lo que afirma es cierto, sin embargo, las referencias (históricas, culturales e institucionales) nos dejan un mal sabor de boca al delinear a la corrupción como un problema inasible, difícil de concretar y por tanto complejo de solucionar.

3. El Presidente de la República –hace unos días- rindió su segundo informe de gobierno, el cual, además de carecer de una sana autocrítica, relegó al tema anticorrupción a un papel intrascendente. Del contenido del informe -en el rubro correspondiente a esta materia- podemos ver que sólo se destinaron algunas líneas concernientes a estadísticas como las que normalmente podemos hallar en los informes o en las páginas de internet de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República y no se dieron mayores explicaciones sobre la política gubernamental anticorrupción para los próximos meses.

4. Finalmente, en una reunión sostenida el pasado 8 de septiembre con los denominados “300 líderes más influyentes de México” el Presidente emitió un discurso en el que -al menos en parte- se deslindó de la exigencia que se le ha venido demandando desde hace meses en cuanto al combate a la corrupción en México. Sostuvo que corresponde a la sociedad asumir una nueva actitud, recoger nuevos valores e ir modelando una nueva ética.

   Además, el Presidente se sostuvo en su dicho de que la corrupción es un problema orden cultural, una debilidad que en principio debemos reconocer, pero que no es señal de resignación o condena, sino que eso puede cambiarse y él tiene fe en México y en los mexicanos.

Los ejemplos anteriores son sólo muestras del rumbo incierto que enfrenta la lucha contra la corrupción en México. Tal parece que a los principales actores políticos del país se les olvidan las nefastas consecuencias que a los ciudadanos nos generan los actuales niveles de corrupción y la urgencia que existe por iniciar con un proceso planificado de políticas públicas que contribuya a su desalentamiento y disminución.

El mensaje que se puede discernir de los ejemplos mencionados es el de que los representantes populares se están deslindando de su responsabilidad institucional, requiriendo a la sociedad para que sea ésta la que asuma una nueva actitud contra la corrupción y nuevos valores éticos. Tal vez echan al olvido nuestros representantes que son ellos quienes han recibido un mandato para actuar a favor de todos los mexicanos; en sus manos hemos puesto el ejercicio del poder y los recursos del Estado mexicano, por lo cual no pueden eludir sus deberes y obligaciones constitucionales y legales mediante la inacción y discursos de renuncia.

La falta de empuje contra la corrupción es muestra de una rendición de cuentas ineficaz por parte de los órganos políticos. Ellos están llamados a honrar el mandato que la Constitución Política y la sociedad mexicana les exige, de no hacerlo así, se corre el grave riesgo de debilitar aún más la credibilidad del gobierno y la legitimidad de nuestras instituciones democráticas.

Sabemos que es posible reiniciar la lucha contra el flagelo de la corrupción en México, ha quedado demostrado que en nuestro país son posibles los consensos, así lo evidencia la aprobación de las últimas reformas constitucionales, en las que a pesar de no tener grandes coincidencias entre los grupos políticos en el seno legislativo fue posible un acuerdo. ¿Entonces por qué no se ha podido avanzar en el tema anticorrupción?, la respuesta es la falta de voluntad de los representantes populares.

Por ello, es momento de requerir a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que intervengan decididamente en pro de la lucha contra la corrupción. Entendemos que existan inquietudes respecto al mejor modelo anticorrupción a adoptar y que el reto de un cambio –incluso cultural- tiene dimensiones mayúsculas, pero no por eso debemos permanecer en la indefinición ni echar la culpa a la sociedad, dejando que sea ésta quien cambie de actitud y adopte nuevos valores éticos.

Hay que dar un paso adelante dando participación a los expertos que desde la academia y la investigación pueden dar cierta luz a las inquietudes vigentes, aquellos que nos han recordado -en todo momento- que una estrategia contra la corrupción atiende al problema por sus causas y consecuencias de manera multimodal, no sólo a través de la expedición de normas, no sólo creando organismos constitucionales, sino mediante la adopción de políticas públicas en el terreno de la transparencia, la fiscalización, la evaluación, la exigencia de responsabilidades de todos los servidores públicos y la participación social.

De no atender con precisión y decisión el problema de la corrupción, corremos el riesgo de que –acercándonos al tercer año de gobierno- todo quede en un discurso vacío o en el mejor de los casos, se cree mayor burocracia, discrecionalidad y gasto público en contra de las finanzas del país y de la economía de todos los mexicanos.

NOTAS:
1. rendiciondecuentas.org.mx/consideraciones-sobre-la-proxima-reforma-constitucional-en-materia-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-de-los-servidores-publicos-en-mexico/