Sucesión presidencial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Publicado el 13 de enero de 2015 Alan Domínguez Estudiante de la maestría en derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua adom@live.com.mx

A veinte años de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual vino a transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es momento de hacer frente en la lucha de la satisfacción de necesidades no atendidas de la población en materia de derechos humanos, cerrando así la brecha de desigualdad social, lo que obliga a tomar en cuenta las exigencias de la sociedad; es decir, partir de la realidad y volver a ella para intentar modificarla, tomando la práctica como criterio de verdad.

En las condiciones actuales debemos contrarrestar la desigualdad social, ampliar el alcance del progreso en nuestra sociedad, así como compartir en lugar de competir, ya que esto último únicamente tiene sentido si está subordinado a los valores comunitarios.

Comparto la idea de que en el cabal respeto a los derechos humanos puede hablarse de un auténtico Estado de derecho y de una genuina democracia. Así, la persistente conculcación de los mismos nos deja ver que sigue pendiente la promoción y defensa de los atributos inherentes a la dignidad de la persona; en esta tarea esencial está comprometido el esfuerzo de toda la sociedad para que el hombre pueda desarrollarse en todas sus dimensiones, tanto social como culturalmente.

En cuanto al candidato a ocupar la presidencia de la SCJN se valora que tenga una larga trayectoria judicial. Desde luego porque así lo establecen los artículos 95, párrafo segundo, y 116, en su fracción tercera, de nuestra carta magna, ya que no es lo mismo un ministro de la SCJN con carrera en el Poder Judicial de la Federación que en otro lugar. Esto le permite conocer cada peldaño dentro del mismo, por eso es una gran ventaja; sobre todo porque conoce también otros aspectos de la carrera jurídica, desde la academia hasta la política, por decir. Una vez que un jurista llega a la SCJN se encuentra en el escalón más alto dentro de las aspiraciones que un abogado puede tener.

Por citar un ejemplo, los ministros Olga Sánchez Cordero o Sergio Valls, quien falleció recientemente, fungieron como magistrados del fuero común en el Distrito Federal; otros provenían de la práctica profesional, el servicio público o la academia, y al final todos son ministros. Las mezclas para integrar nuestro máximo tribunal son buenas; recomendables incluso. Es necesario enriquecer el debate y los diversos puntos de opinión, ya que de eso trata, de debatir la constitucionalidad.

Así, el requisito fundamental, al fin y al cabo, es que sean grandes expertos en el derecho, además de contar con una carrera intachable y un compromiso ideológico. Por tal motivo resulta importante el asunto de la designación de los nuevos ministros, pues debe hallarse un buen equilibrio de género, de ideología y de puntos de vista.

El ser de carrera en el Poder Judicial de la Federación, o sea crecer dentro de una misma función, es una situación notable. Lo cual es una cualidad, a mi parecer, necesaria del nuevo presidente, pues ahora debe asumir posturas diversas y encarar una posición ante la realidad política y social de México.

Esperamos una presidencia abierta ante el derecho internacional, ante nuestra realidad y ante los derechos fundamentales, pues si las cosas se ven de manera formal, no se avanzará como el país lo requiere.

Por otra parte, es de suma urgencia que el presidente elegido trabaje ante la cada vez más abrumadora corrupción, nepotismo e influyentísimo dentro de los órganos jurisdiccionales federales, donde el conocimiento y los méritos se han dejado de lado, a su vez, tendrá que hacer frente a la creciente demanda de los justiciables de garantizar juzgadores independientes, autónomos e imparciales que otorguen justicia, tal y como lo establece el artículo 17 de nuestra Constitución Política.

Por lo que independientemente del resultado de la designación del presidente, es urgente que el presidente de la República integre la terna y la envié al Senado para la posterior designación del ministro faltante; sin duda, dicha sesión solemne será recordada por ser la primera vez que se dan tantas rondas de votación para elegir a su presidente, donde indudablemente pesó la ausencia de uno de sus integrantes, y se emitió un mensaje que a mi entender fue claro: el máximo tribunal de la nación se encuentra dividido.

Lo único que nos resta es esperar a que la SCJN y el CJF continúen fortaleciéndose por la línea que trace el nuevo presidente, ya que ahora más que nunca, el PJF y sus juzgadores integrantes, defensores de los derechos humanos, se encuentran a prueba en su compromiso serio con la defensa de la Constitución, sin ningún tipo de regateos o negociaciones, sin someter a otro poder y sin distracciones, ya que el gran reto que tenemos por delante al instrumentar y poner en correcto funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal oral requiere de la colaboración de todos, ya que de no ser así dicha reforma estará destinada al fracaso.