98 años de Pacto Social

Publicado el 5 de marzo de 2015 Víctor Manuel Collí Ek Investigador en la Universidad Autónoma de Campeche vimcolli@uacam.mx www.victorcolliek.com>

Este 5 de febrero de 2015 se cumplió un año más de existencia de la carta fundamental mexicana. ¿Cómo reaccionar frente a este suceso? ¿Debemos celebrar, reflexionar, analizar, replantear, reír o llorar?

Una de las cosas que no debe dejarse de lado es que pensar la Constitución es ir más allá del propio texto o documento que recibe este nombre; requiere abordar toda la extensión de su significado, dejar claro que no es sólo texto, es contexto, conciencia social, cultura política, quizá por eso, en los albores del constitucionalismo, aquel que dio al mundo la presencia de esos documentos escritos que llamamos comúnmente Constitución, cuando discutían sobre su existencia, los incluían en una dialéctica mayor denominada “Pacto Social”.

Tal vez por ello es necesario ponderar las implicaciones inclusive del término Constitución, recordar que el documento escrito, ese que podemos comprar en las librerías, es el documento constitucional, un artificio, una codificación de palabras, para reconocer, moldear una realidad histórica y encauzarla al interior de derroteros, que se prevean en ella misma, es el aseguramiento y el instrumento normativo del Pacto Social.

Uno de los grandes pensadores de la Ilustración, uno de los padres fundadores de lo político que nos rige en la actualidad, Rousseau, definía al Pacto Social en los siguientes términos, casi mágicos: “encontrar una forma de asociación, que defienda y proteja con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado, y por el cual cada uno, uniéndose a los demás, no obedezca más que a sí mismo, y permanezca tan libre como antes”.

Una pregunta obligada entonces es, ¿en México, a 98 años, nuestro Pacto Social y su formalización —la Constitución— cumplen con esos objetivos planteados por el pensador ginebrino? ¿Somos libres? ¿Nuestra persona y nuestros bienes están defendidos y protegidos? ¿Obedecemos a nuestros propios designios?

Las respuestas son claves, sobre todo aquella que se ocupa de la persona libre, pues cualquier posición, acción futura, exige individuos plenos, libres, capaces de tomar decisiones inteligentes y traducirlas en reglas para la convivencia sana y en mejora continua.

Si dejamos de lado el análisis de la naturaleza de la Constitución y del Contrato Social y nos adentramos en el de la pertinencia de la Constitución en los tiempos actuales, las preguntas planteadas arriba se vuelven trascendentes. Pues hablar de la pertinencia es hablar de sus posibles adecuaciones, al nivel de la profundidad que se requiera —ya fuera reforma o cambio total—, ¿por qué? Es muy sencillo, la actualización del Pacto Social y del documento constitucional es responsabilidad de las personas, más que del aparato gubernamental, pero si no tenemos personas libres —en toda la extensión de la palabra— ¿cómo puede haber un diálogo constructivo y un Pacto Social adecuado?

En ese sentido, el análisis más importante es revisar el statu quo de las personas. Mucho se ha dicho sobre el poder transformador de la famosa reforma en derechos humanos, sucedida en 2011. Ciertamente, es fundamental, ahora en México, por lo menos en la letra, los derechos humanos incluyen ya no sólo el texto constitucional, sino la dimensión internacional, que significa tratados, doctrina de tribunales, comentarios de organismos especializados, etcétera.

Sin embargo, la pregunta adecuada acerca del statu quo de la persona no es a nivel estructural o literal, es decir, ¿qué se reconoce?, sino más bien ¿cómo se conoce, se ciudadaniza, se fortalecen los individuos, se puede hacer valer ese reconocimiento? En pocas palabras, realidad.

Cierto, hay más derechos, pero las personas, los mexicanos, ¿lo saben realmente? ¿Saben cómo hacerlos valer? Parece ser que no, las encuestas demuestran un desconocimiento social peligroso de la Constitución mexicana, los individuos no la conocemos.

Y el sistema constitucional no ayuda a ello, por ejemplo, es curioso que sólo existe un mecanismo judicial ciudadano para denunciar violaciones a derechos humanos en México, como lo es el amparo, un procedimiento excesivamente técnico, que inclusive a los profesionales del derecho les cuesta trabajo entender, ¿cómo lo haría el ciudadano común? Ante este escenario, ¿el mexicano común podría hacer valer un derecho humano violado, en un escenario concreto? Si es así sería formidable, si no, es una tarea, la más importante por abordar.

En la misma línea de pensamiento, reflexionaríamos sobre el conocimiento que tiene el individuo de a pie, el soberano, del ejercicio del poder, del federalismo, del papel de las empresas en la política mexicana, de la política internacional, la geopolítica y sus decisiones estratégicas y un gran etcétera, todo esto está relacionado con el Pacto Social y la Constitución. Si se desconoce, ¿cómo se podría adecuadamente constitucionalizar? ¿Una vez más, al margen de la sociedad, dejándolo únicamente a los operadores políticos?

De nuevo, a 98 años del documento constitucional, antes de criticar el texto, de pensar su reforma o inclusive la generación de una nueva, necesitamos que la sociedad pueda hacer este ejercicio a conciencia, con conocimiento de sus implicaciones.

Recordar que la Constitución es el instrumento asegurador del Pacto Social es tener presente que no se trata nada más de cosas de juristas, políticos o profesionistas, sino de la sociedad, del pueblo en su conjunto, de las personas, de los ciudadanos en la búsqueda de la garantía y aseguramiento de su libertad, como diría Rousseau, para “permanecer tan libres como antes”.