La democracia en tiempos de crisis: votar o no votar

Publicado el 01 de junio de 2015 Irma Rosa Lara Hernández Licenciada en derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; estudiante de la maestría en Derecho Constitucional en la UNAM; líneas de investigación: derecho constitucional, derecho electoral y argumentación jurídica irma.roza.lara@gmail.com

El sueño de la democracia mexicana ha sido anhelado por mucho tiempo y su logro pareció haber llegado en diversos momentos; el primero, talvez, con la creación de los organismos constitucionales autónomos electorales, cuya promesa era que las elecciones serían auténticas, libres y ciudadanas; prácticas como el clientelismo, coacción del voto, acarreo, fraudes electorales y caídas del sistema no se darían más.

El segundo momento cumbre fue cuando por primera vez en más de setenta años nos iba gobernaba el partido de la oposición, el cual traería bienestar para todos, solucionaría los problemas en cinco minutos y dejaría atrás las antiguas mañas del anterior régimen.

El tercero podría decirse que es desde la implementación de los sistemas de democracia participativa hasta el que vamos a vivir en esta elección: el regreso de las candidaturas independientes a nivel federal y local. La ciudadanización de los gobernantes que ahora saldrían de nuestras propias comunidades ya no sería ajena.

Visto lo anterior, tal parece que la democracia no resultó solucionar todo lo que habíamos pensado, no nos dio una mejor economía con mayores empleos, aumento del salario y gobernantes más honestos. Tampoco disminuyó los índices de violencia, narcotráfico, trata de personas y órganos, feminicidios, desaparecidos, ni nos dio seguridad.

Pero la democracia si nos dio algo tal vez mucho menor a lo anhelado: la oportunidad de votar y elegir a nuestros gobernantes, aunque no siempre el más popular es el más apto para gobernar. Nos dio al Instituto Nacional Electoral, a diversos órganos electorales locales, así como a tribunales electorales especializados en la materia, y los juicios garantistas para la protección de los derechos político-electorales; es decir, la judicialización de la política. Así como una infinidad de reformas que se van robusteciendo dependiendo de las presiones políticas y sociales: el voto por voto (recuento total de la votación), la equidad en transmisión de propaganda electoral en radio y televisión, los topes máximos de campaña y precampañas, la fiscalización de los partidos políticos, etcétera.

Sin embargo, nuestro actual proceso electoral, el de las llamadas elecciones intermedias, ha tenido aristas generadoras de un descontento total. Primero, por la situación de crisis de derechos humanos que se viven en el país, muchas poblaciones no quieren celebrar elecciones, y en algunas otras -como Michoacán- parece imposible la celebración de elecciones libres en un ambiente de muertes de los candidatos, narcotráfico inmerso en la política y crisis de la legitimidad de los funcionarios electorales.

En un segundo término, y no puedo dejar de nombrarlo, ésta es una clara violación al principio electoral fundamental de equidad de la contienda por parte del Partido Verde Ecologista de México, que a pesar de las altas multas que les han sido impuestas por sus prácticas de clientelismo, actos anticipados de campaña y un claro rebase de topes de gastos, la opinión pública y sectores políticos piden que se les quite su registro como partido político.

En tercer término tenemos las grandes mofas que se han hecho a los candidatos participantes en esta contienda electoral, desde realizar una burla a las personas ligadas al espectáculo, estrellas de futbol o candidatos incómodos; como declaraciones carentes de congruencia, seriedad y propuestas; hasta spots burlescos que dejan mucho que desear de dichos candidatos.

Por último, uno de los hechos más lamentables y desalentadores ocurridos recientemente son las grabaciones infiltradas en la red sobre una conversación sostenida por el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien se burla de una comunidad indígena y de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Lo alarmante del asunto es tanto el contenido del mensaje, como la fuente ilícita de donde proviene, es decir, esa conversación tenía una clara intensión de desprestigio y fue hecho de manera clandestina.

Conforme a lo que brevemente he tratado de sintetizar, no es extraño que la sociedad civil muestre un claro descontento hacia el proceso electoral y todos los actores que en él intervienen, por lo cual, votar no parece ser un proceso democrático necesario para cambiar las cosas, por el contrario, parece que nuestro voto no vale y que sólo es una simulación. ¿Los verdaderos problemas del país se pueden solucionar con la democracia?

Por eso nos cuestionamos acerca de ¿votar o no votar? La hipótesis que pretendo desarrollar en este entendido no es sencilla, el voto es libre y secreto, aunque también es una obligación. Propondría entonces sacar de nuestro entender que la democrática es la panacea a nuestros problemas; aunado al hecho de que votar no es la única expresión democrática pero sí una muy importante. La participación democrática en tiempos de crisis es necesaria para buscar una salida pacífica a nuestros problemas a pesar de nuestro contexto.

Tengo claro que "no votar" es una expresión de descontento ciudadano, pero en nuestro orden jurídico mexicano carecemos de un modelo eficaz que permita por la vía pacífica cuantificar la expresión de descontento y por lo tanto deslegitimizar formalmente a nuestro gobierno. Esta laguna axiológica de participación política negativa al no ser reconocida por nuestro sistema político-electoral resulta una ventaja comparativa para los partidos que cuenten con los llamados "votos duros".