Jueces y democracia

Publicado el 05 de mayo de 2015 Víctor Manuel Collí Ek Investigador en la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: "La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional", vimcolli@uacam.mx www.victorcolliek.com

¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Es posible establecer diferencias o restricciones dependiendo de a quién se le quiera defender dicha libertad? La reciente resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América dijo que sí: los jueces tienen más restringida esta libertad en pro de la democracia.

En los Estados Unidos suceden muchas cosas diferentes en relación con nuestro país, eso es indudable, pero en el terreno de la organización del poder público, una llama poderosamente la atención, en muchos Estados de la Unión Americana, los jueces son electos popularmente, por lo que realizan campañas políticas, y en vista de que no hay financiamiento público -como sucede en México- tienen que buscar los fondos que provienen de la iniciativa privada.

Que los jueces sean candidatos populares y vayan a las urnas, si bien para nosotros es, por decir lo menos, inaudito, para el país del norte no lo es tanto, aunque poderosas mentes hayan no estado de acuerdo cuando se desarrolló este diseño de elección. Alexis de Tocqueville, por ejemplo, cuyo viaje por América coincidió con la proliferación de las elecciones de la judicatura, diría: "estas innovaciones, tarde o temprano tendrán resultados desastrosos". Ahora bien, si el método no les es ajeno, sí sus implicaciones, una muy importante.

Así, los Estados Unidos se ha caracterizado en el mundo por ser defensores vigorosos de la libertad de expresión; la icónica sentencia de la Corte Suprema de hace algunos años -Citizens United- lo confirmó, dando prácticamente carta blanca a las corporaciones para patrocinar campañas políticas en detrimento de la libertad de las personas de a pie, o inclusive el caso Snyder, ante el tema de discursos de odio, el Chief Justice diría: la única manera de proteger la expresión no es reprimiéndola sino, more speech, significando la necesidad de no censurar la libertad.

Ahora bien, cuando hace unos días se dio esta conjunción entre libertad de expresión-campañas políticas-elección popular de jueces, los americanos, y muchos fuera de su territorio, se asombraron de la decisión que tomó la Corte Suprema, al determinar una limitante importante: "los jueces no son políticos, aunque tomen el puesto después de ser votados popularmente", dijo el presidente de la Corte, el juez Roberts, queriendo decir que, a diferencia de los políticos regulares, su expresión está limitada, ¿por qué?

Está claro que en la democracia norteamericana los políticos pueden solicitar a los particulares fondos de campaña de manera directa, indirecta, etcétera. Igual está claro que los particulares pueden aportar fondos a las campañas, pues el financiamiento público está prácticamente desterrado. De ida o venida de los fondos, la Corte norteamericana ha entendido que esto se traduce en un derecho fundamental, la libertad de expresión y como ésta es una libertad muy cuidada para esa democracia, mientras menos restricción, más protección -more speech-.

Sin embargo, en la decisión de los jueces de hace unos días, la Corte tomó un rumbo diferente, no more speech, o sea, los jueces hacen campaña, van a las urnas, necesitan dinero para esas campañas, pero no lo pueden pedir ellos directamente, porque significaría falta de probidad en la administración de justicia; es aquí donde entró en la escena un elemento más legitimador de esta limitante: "un Estado debe asegurar a su pueblo que los jueces aplicarán la ley sin miedo o parcialidad y sin haber pedido personalmente a alguien dinero", expresó el juez Roberts.

El argumento es interesante, inclusive para nuestra democracia mexicana, para el funcionamiento adecuado, correcto de lo público, necesitamos jueces sin ligas o compromisos económicos, por supuesto, pero los críticos dirían, y ésa es la pregunta del millón, ¿sólo jueces? ¿qué pasa con los demás representantes populares o autoridades? ¿ellos no deben demostrar en su actuar esta imparcialidad?