Una salida constitucional al debate por la legalización del consumo de la
mariguana con fines recreativos

Publicado el 12 de noviembre de 2015 Alfonso Guillén Vicente Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aguillenvic@gmail.com

Quizá la SCJN debió atraer un amparo que protegiera los derechos humanos de los miles de personas que están en las cárceles por posesión de la mariguana, en lugar de cobijar los derechos de cuatro individuos que decidieron formar una empresa porque creen que así combaten mejor la delincuencia.

Pero ante los hechos consumados, y teniendo a la vista las primeras respuestas de partidos y gobernantes al fallo de la Corte, creemos que hay que encontrar una salida institucional al debate sobre la legalización del consumo lúdico de la cannabis, para que dicho debate no se quede en el entusiasmo desmedido de la “comentocracia”, que ha decidido que la modernización del país es su misión primera, o para que las grandes televisoras no tomen sobre sus hombros, otra vez, la formación de la opinión pública nacional, o para que no se convierta en la bandera perredista que recupere sus bastiones capitalinos en 2018, o para que algún pre-candidato presidencial organice una consulta en el estado que gobierna con miras a posicionarse mejor para “la grande”. Peor aún, si a raíz de la discusión se produjera una fisura en el pacto federal, puesto que ya la cuarta parte de los gobernadores de las entidades federativas se han negado al tema (diario El Universal).

La fracción VIII del artículo 35 constitucional contiene elementos interesantes, a nuestro juicio, para darle cauce a un debate serio e informado que tenga como finalidad la libre toma de posición de la sociedad mexicana. Una consulta popular, convocada por el Congreso de la Unión, a petición del equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, podría ser una salida institucional, que además dignificara a los partidos políticos en el tema, puesto que anteriormente sólo han propuesto consultas sobre asuntos vetados por la propia carta magna, como la reforma energética o el salario mínimo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre la constitucionalidad de la materia y podría fijar los alcances de la consulta. De esa manera, el tribunal constitucional daría cauce a todos esos temas que indudablemente dividen a los mexicanos, particularmente con los que tienen que ver con las creencias de las personas, un derecho humano que debe preservarse a toda costa.

La consulta popular podría efectuarse en cada entidad federativa, con la prohibición expresa de que los gobernadores y las grandes televisoras promuevan su obvia inclinación o las de sus voceros. Si la participación total, como señala la Constitución, corresponde cuando menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores a nivel estatal, el resultado sería vinculatorio en la entidad federativa que decidió legalizar el consumo de la mariguana.

Esto podría significar, además, un paso adelante en el federalismo.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV