El derecho a la ciudad contra el “Corredor Cultural Chapultepec”

Publicado el 10 de diciembre de 2015 Guillermo José Mañón Garibay Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM guillermomanon@gmx.de

El derecho a la ciudad

A partir del movimiento estudiantil del 68, los espacios públicos ganaron una nueva connotación en nuestro país, porque de ser lugares de tránsito se convirtieron en espacios de resistencia. A su vez, las prácticas de resistencia social lograron convertir al espacio público en un espacio simbólico de manifestación, expresión y disputa, que perdura hasta nuestros días en la memoria colectiva y en el ejercicio social sobre los espacios públicos.

Sin embargo, actualmente presenciamos estrategias que tienden a la desaparición del espacio público, como el caso del megaproyecto “Corredor Cultural Chapultepec”, en el Distrito Federal, cuyo impacto no se puede restringir al área circundante, sino al conjunto metropolitano completo. Este corredor cultural posee la creatividad arquitectónica de un segundo piso de periférico, que ocupará 116 mil metros cuadrados, desde la glorieta de los Insurgentes hasta la zona de CRETAM Chapultepec.

El proyecto urbano planea un paseo peatonal elevado, dotado de galerías (tiendas), restaurantes y todo tipo de comercios imaginables. El rótulo cultural se justifica por un cine al aire libre (al lado de la glorieta) y áreas para la exposición de fotografías o pinturas, y eventualmente coros y grupos musicales (según temporada). Evidentemente, no se descuida el acceso para vehículos automotores y ecobicis.

Parece un planteamiento perfectamente bien pensado. Sin embargo, los mal-pensantes denuncian la apropiación del espacio público para usufructo privado. Estos eternos inconformes (dentro de los que yo me cuento) critican el proyecto por no ser más que una plaza comercial al aire libre, sostenida en la contradicción de rehabilitar la zona a través de la unión de la colonia Juárez con la Roma mediante un inmenso puente de concreto.

Haciendo a un lado su fealdad, debe de admitirse que no es sino una apropiación de la ciudad por parte de las inmobiliarias, mismas que determinan la subsistencia con base en su valor de cambio y, por tanto, distribuyendo su territorio en atención a criterios mercantiles. Esto obliga replantear el verdadero significado de sus propósitos, contenidos políticos e idea de vida comunitaria.

El espacio público es un concepto del urbanismo que se confunde con espacios verdes, equipamientos comerciales o sistemas de vialidad y transporte. Pero no hay que olvidar que “espacio público” no sólo refiere a lugares físicos, sino también a las distintas esferas de la acción humana y conceptualización política. Por ello, prefiero el sentido de “espacio público” que tiene dentro de la filosofía política, como “derecho a la ciudad” o lugar de representaciones y expresiones colectivas de la sociedad, donde los diferentes colectivos urbanos constantemente están haciendo y rehaciendo el espacio público y redefiniendo la esfera pública a través de sus vivencias cotidianas.

Actualmente, en nuestra ciudad se pueden distinguir claramente una política gubernamental sobre el espacio público que desea degradarlo como ideal de convivencia social y política por dos motivos: primero, por el temor del espacio público como escenario donde los grupos de cualquier tipo pueden alcanzar visibilidad pública, encontrar reconocimiento y cumplir sus demandas mediante la creación de la ciudad. Hoy día es muy clara la forma en que las “prácticas democráticas” han sido confiscadas por los políticos profesionales y sus partidos, por la intromisión del Estado en la vida ciudadana, destruyendo el espacio y la toma de decisiones democráticas. El segundo motivo tiene que ver con su valor de cambio.

El espacio público en la lógica comercial

Karl Marx veía la ciudad moderna como el lugar donde confluye el valor de uso con el valor de cambio, la necesidad de convivencia y el lucro con el espacio urbano. Actualmente, a medida que crece el valor de cambio, la convivencia ciudadana se transforma en mercancía. Con esto, el derecho cívico a la ciudad se desvanece, y con él, el acceso al espacio público, al derecho a rehacerlo y modificarlo según las necesidades colectivas.

Dentro de este contexto desaparecen los tres principios fundamentales del espacio público urbano:

1.La ciudad entendida como espacio público y predominio del interés colectivo.
2.La ciudad como ámbito de participación ciudadana, producción y gestión de la vida democrática.
3.La ciudad como lugar del ejercicio pleno de la ciudadanía o ámbito de cumplimiento de los derechos humanos.

Si sólo a través de estos tres principios es posible que los diferentes actores sociales participen en la creación y desarrollo de la ciudad, entonces la mercantilización del espacio urbano anula el desarrollo de la ciudad y su vida democrática.

Este predominio del valor de cambio disminuye la ciudadanía al entenderla simplemente como valor de uso, sin ofrecer un lugar de encuentro y sentido de pertenencia social. Porque es claro que el sentido de pertenencia social es creado en la ciudad de acuerdo a las posibilidades del uso cotidiano, incluyendo los intentos por subvertir y resistir el uso hegemónico de los mismos.

Por ello se puede inferir que la ciudad, alguna vez el espacio público por excelencia, es hoy día, a través de su transformación completa en valor de cambio, el lugar y la estrategia de una privatización de los intereses públicos al servicio de los intereses privados. Con ello, no es de sorprender que se limiten y ahoguen las pocas plazas y parques públicos con centros comerciales y desarrollos inmobiliarios, en donde el tránsito y la libre circulación por la vía pública sólo sean posibles mediante el pago de servicios.

Henri Lefebvre alguna vez consideró a la ciudad como una obra de arte creada por las actividades colectivas de sus habitantes. En la nueva ciudad-mercancía, sin espacios públicos, se enajena la creatividad ciudadana a la par de su hábitat y sus más modestas actividades vitales.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV