México y la problemática de las políticas públicas en materia de género

Publicado el 29 de enero de 2016 Verónica Valeria de Dios Mendoza Estudiante de licenciatura en derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UDG), valeriadediosm@gmail.com

La lucha por el terreno de la emancipación de la mujer no es materia del pasado, sino una revolución vigente de la cual aún no se ha escrito un punto final. Los caminos que conforman la convergencia a nivel nacional por el empoderamiento de la mujer no han sido uniformes; su alienación en algunos estados de México ha sido más lenta y compleja que en otras zonas, donde ciertas prácticas misóginas llevadas a cabo en algunos estados se consideran retrogradas e inverosímiles para otros. Las respuestas que los gobiernos estatales han tenido ante las diversas problemáticas que violan y vulneran los derechos humanos de las mujeres actualmente se han traducido en la creación de diversas políticas públicas en materia de género, en su mayoría funcionan como un conjunto de estrategias meramente simulatorias que permiten hacer creer erróneamente a la población en la existencia de una adecuada y eficaz conducción publica en materia de género. Dichos proyectos y actividades que el Estado diseña y gestiona, a través de los gobiernos, actúan como un especie de tranquilizante social que tienden a frenar el desarrollo de mecanismos realmente eficaces de solución a la violencia contra las mujeres y las niñas.

El problema planteado no se encuentra en la aplicación de las políticas, sino en el contenido de las mismas. México, junto con otras nueve naciones latinoamericanas, se ubica entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios en el mundo; no sorprende que sus mujeres sean sistemáticamente víctimas del acoso sexual dentro del transporte público. Como respuesta a ello, en enero de 2008 el gobierno del Distrito Federal puso en marcha los autobuses del programa “Atenea”, un servicio exclusivo para mujeres, el cual cuenta con 67 unidades que recorren 23 de las 91 rutas de la red de transporte público dentro del Distrito Federal. Esa sedicente política refleja a un Estado paternalista, el cual tácitamente consiente el acoso sexual como parte de la realidad cotidiana de la mujer mexicana, y frente a ello prefiere implementar una cultura de la prevención que enseñe a las mujeres a cuidarse para no ser violentadas, en lugar de educar a los hombres a respetar los cuerpos de las mujeres y de sancionar debidamente a los responsables. Es así que con frecuencia nos encontramos bajo la implementación de acciones que no atacan el problema desde la raíz, sino que brindan soluciones superfluas que lejos de erradicar el problema lo maquillan e incluso lo acentúan más.

El separatismo de sexos en el transporte público perpetúa la idea errónea del hombre como un ser irracional, el cual necesita de la división de sexos en los espacios públicos debido a la imposibilidad de su autocontrol, es decir, supone que, en su estado natural, los hombres son acosadores sexuales y por ende deslinda de responsabilidad al culpable, justificando equívocamente el acoso sexual hacia las mujeres dentro del transporte público, ya sea en la naturaleza del ser hombre o incluso culpabilizando a la propia víctima.

La misma clase de filisteísmo se encuentra en las acciones públicas del igualitarismo que promueven un progresismo carente en pro de los derechos de la mujer. Se trata de la tan conocida “igualdad de género”, la cual consiste en acciones sociales que únicamente exigen para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Es entonces que la igualdad resulta ser el calmante social más eficaz utilizado por los gobiernos provenientes de los países más civilizados, permitiéndole a la mujer, y a la sociedad en general, vivir equívocamente ante el espejismo que le hace ver a aquella libertad tan codiciada como un ideal que ya les ha sido otorgado. Sin embargo, la igualdad de sexos atiende únicamente los casos en que mujeres y hombres se encuentran en las mismas situaciones abstractas, tal es el caso del derecho a la educación y el de votar y ser votadas.

En consecuencia, las situaciones específicas que aquejan a los sexos quedan en ineludibles lagunas jurídicas, que debido a la imperfección genuina de la ley resultan inasequibles para la igualdad. Y es indiscutible que la igualdad contribuye en gran escala a la edificación de las políticas democráticas, lo falso gravita en afirmar que contribuye en su totalidad. ¿Quienes realizan estas políticas públicas pensarán que las mujeres no tienen derecho al aborto, por ejemplo, puesto que los hombres no tienen la capacidad biológica de abortar?

Por tanto, uno de los grandes problemas que enfrentan los gobiernos en la creación de políticas públicas en materia de género es la orientación de lucha por los derechos de las mujeres exclusivamente en el campo de la igualdad. En realidad, el éxito de las luchas para elevar la categoría política, social y económica de las mujeres en las sociedades es más evidente cuando se incluye el principio de equidad, el cual contribuye a que nuestras diferencias biológicas también se traduzcan en derechos humanos.

Por otra parte, México está concentrado, desde hace décadas, en políticas sociales de base asistencialista, que proveen una solución de corto plazo a las condiciones de injusticia e inequidad de las mujeres en México. En vez de trabajar para combatir de forma estructural dichas condiciones, con la finalidad de lograr modificarlas desde una perspectiva de inversión social, se prefiere la implementación de proyectos que producen únicamente resultados efímeros. Y ése es el camino equivocado si se busca el empoderamiento de la mujer, ya que se produce endógenamente más de lo que se quiere combatir.

La gran limitación de miras del movimiento emancipacionista de la mujer en la actualidad se encuentra en la resistencia que opone el Estado en adoptar al movimiento feminista como base de la concepción de las políticas públicas en materia de género. Siendo el feminismo un movimiento social y político de emancipación que cuestiona los valores y la estructura de una sociedad determinada, y que actúa para corregirlos o transformarlos, a su vez, navega, irremediablemente, en contra de una sociedad que ha mantenido por siglos instituido un sistema de dominación patriarcal sobre las mujeres.

En ese sentido, quienes desafían al patriarcado se convierten en sujetos políticos que cuestionan las estructuras de poder y de opresión, a la vez se convierten en sujetos incómodos para una gran parte de la sociedad que ve al sistema patriarcal como una fuente de su confianza y seguridad personal, y que por otro lado ve al movimiento feminista como una desmesurada amenaza a sus privilegios. Es así que los partidos políticos, en el afán de mantener a sus conservadores seguidores a su favor y de reclutar a otros, distancian de sus políticas públicas al feminismo. Por ello, en su mayoría, las políticas de género actuales omiten el discurso feminista para justificar a la propia institución partidista a la que pertenecen y domestican la verdadera lucha por los derechos de la mujer.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV