Nuevos presupuestos, para nuevos tribunales locales

Publicado el 2 de febrero de 2016 Jorge Alberto González Galván Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, jagg@unam.mx

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, cuando presentaba el libro que coordinó sobre el trabajo jurisdiccional en su entidad, mencionó que la satisfacción de las necesidades presupuestales en los poderes judiciales locales no es suficiente para cumplir con sus funciones correspondientes. Dijo que el presupuesto que recibe el Poder Judicial de la Federación es para atender el 20% de las controversias que se presentan en el país, en tanto que el 80% de las mismas se presentan ante los tribunales de cercanía, es decir, los locales.

La demanda es nacional, lo mismo escuché decir a mis jueces-alumnos de Guanajuato. Es lógico que para garantizar el derecho al acceso a la justicia se otorgue un presupuesto suficiente no sólo a los tribunales federales, sino también a los locales. La decisión final pasa por considerar, primero, que no se trata de un pleito de dinero entre poderes, sino de la garantía de un derecho humano a un servicio público indispensable. Y segundo, que es una señal de fortaleza institucional que el principio de separación de poderes a nivel local se refleje en la independencia judicial de los poderes judiciales. Por ello, me parece necesario, puesto que el dinero lo otorga la Federación y es el Ejecutivo local quien lo distribuye (hasta ahora), que la Ley de Egresos Federal señale el presupuesto correspondiente a cada Poder Judicial local.

Unidos todos los poderes judiciales locales podrán lograr esta reforma a nivel federal. Mi recomendación para que ello suceda en el menor lapso posible es que su solicitud vaya acompañada de propuestas de actualización normativa en cuanto a su funcionamiento interno sobre transparencia, rendición de cuentas, servicio civil y carrera judicial.

No se puede pedir en tiempos de crisis económica más presupuesto sin que la sociedad tenga la garantía de que su dinero será utilizado de manera responsable, honesta, eficaz, profesional. El aumento presupuestal correspondiente no debe ser el botín para auto-asignarse discrecionalmente aumentos salariales, bonos y prestaciones de los magistrados, tampoco debe ser para que las plazas se asignen arbitrariamente a sus amigos, familiares o clientela política.

Los ciudadanos necesitamos confiar y estar orgullosos de nuestros jueces federales y locales; para ello, se necesita, ciertamente, que tengan los recursos económicos y materiales dignos que faciliten su desempeño profesional y desarrollo humano.

Ojalá esta justa demanda de aumento presupuestal de los poderes judiciales sea atendida y apoyada por los poderes ejecutivos y legislativos (locales y federales); asimismo, la actualización de su normatividad interna en materia de transparencia, rendición de cuentas, servicio civil y carrera judicial, sea atendida por ellos mismos.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV