Estancados en la corrupción1
Publicado el 8 de febrero de 2016 María Marván Laborde Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM @MarvanMaria |
Transparencia Internacional es una organización de la sociedad civil de alcance global, cuyo principal objetivo es combatir la corrupción y encontrar la manera de fortalecer gobiernos que se distingan por la integridad. Esta institución se ha dado a la tarea, desde hace 25 años, de publicar anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
El día de ayer, en Europa, se dieron a conocer los resultados de la evaluación de 2015. México continúa reprobado, obtuvo 35 puntos sobre 100, exactamente la misma calificación del año pasado. Creo que esto debe ser motivo de reflexión, sobre todo porque en ese periodo se hizo la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta reforma fue, en términos generales, bien aceptada y reconocida como un primer paso para empezar a acometer, de manera integral, el problema de la corrupción. Evidentemente, no fue suficiente para convencernos de que habría mejoría.
El año 2015 estuvo plagado de grandes escándalos de corrupción reportados en la prensa nacional que, sin lugar a dudas, influyeron para mantener la percepción tan pesimista de lo que está pasando en el país. Las acusaciones en contra de exgobernadores trascienden los colores de los partidos: Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tabasco y Veracruz, por sólo mencionar los casos más graves. Como vemos, algunos son priistas, otros, panistas, y también hay perredistas. Las acusaciones en contra de las constructoras nos hacen pensar que, en donde hay obra pública, hay corrupción, lo mismo en las compañías mexicanas, como la de Hinojosa con las casas de Videgaray y Angélica Rivera de Peña, que con compañías extranjeras, como la española OHL.
Los índices sirven para hacer comparaciones y, por ello, es importante poner en contexto la situación de México con respecto a muchos otros países. Los datos, una vez más, no son alentadores. De las 34 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar, es decir, es el peor.
Si nos comparamos con América, de 26 países estamos en el 15º lugar. Canadá ocupa el primer lugar con 81 puntos, le sigue Estados Unidos con 76. La excusa no puede ser que ellos no fueron colonia española, ya que mejor que México están países como El Salvador, Cuba, Perú o Colombia. En América sólo cuatro países están por encima de 59 puntos, lo que pudiéramos llamar una calificación aprobatoria. Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Chile, ¡nada más!
De los países que integran el G20, sólo Argentina y Rusia están peor que nosotros. Sumadas las economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) con México, Indonesia, Nigeria y Turquía (MINT), otra vez, sólo Rusia y Nigeria están peor que México.
Llama la atención que Guatemala y Brasil, que en 2015 dieron muestra de combate a la corrupción, hayan descendido en la tabla de calificaciones, incluso a pesar de que el expresidente guatemalteco está en la cárcel y que las acusaciones han tocado directamente a Dilma Rousseff.
Proponer hipótesis sobre el significado de los resultados de encuestas de percepción siempre es aventurado y casi nunca se puede comprobar su veracidad y objetividad. A riesgo de equivocarme, me gustaría aventurar dos hipótesis. La primera, que México no mejoró ni empeoró porque el optimismo del Sistema Nacional Anticorrupción fue contrarrestado por los escándalos ya mencionados. Al menos, pensemos positivamente, la reforma constitucional sirvió de dique a la caída de México.
La segunda tiene que ver con Brasil y Guatemala, a pesar de que ha habido consecuencias legales al castigar “peces gordos”, esto no es suficiente para que la gente perciba cambios de fondo. Son indispensables los cambios sistémicos.
Estamos frente a la urgente necesidad de avanzar el marco normativo que demanda la reforma constitucional. Urge la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al menos otra decena. La sociedad civil no puede dejar de presionar y los legisladores no pueden evadir su responsabilidad histórica. Se pueden consultar los resultados completos en www.tm.org.mx/ipc2015
NOTAS:
1. Se reproduce con autorización de la autora, publicado en Excélsior, el 28 de enero de 2016.
Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV