María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@MarvanMariaCiudadanos en contra de la corrupción1
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Publicado el 8 de febrero de 2016 María Marván Laborde Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM @MarvanMaria |
El pasado martes 2 de febrero, un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil iniciamos un camino nuevo en la democracia mexicana. Pretendemos reunir 120 mil firmas de mexicanas y mexicanos para proponer al Congreso de la Unión una iniciativa de la Ley General de Responsabilidad Administrativa; primera iniciativa ciudadana.
Cuando digo iniciamos, en realidad debía decir culminamos una primera etapa: la redacción y elaboración de la ley; lo que recién inicia es el proceso de recolección de firmas para cumplir con todos los requisitos de esta nueva forma de democracia directa que estamos estrenando en el país.
La Ley General de Responsabilidad Administrativa es una de las piezas clave del Sistema Nacional Anticorrupción. La reforma constitucional obliga al Congreso de la Unión a aprobar al menos dos leyes antes del 27 de mayo de 2016. Una de ellas es, por supuesto, la iniciativa que hemos presentado frente a los medios de comunicación y, de esta manera, a la sociedad entera. La ley presentada tiene una extensa exposición de motivos (42 cuartillas) y consta de 94 artículos, más ocho transitorios.
La redacción estuvo a cargo de tres personas: Josefina Cortés Campos, Max Kaiser Aranda y José Roldán Xopa. Sin embargo, la preparación de la misma corresponde al trabajo colaborativo de, al menos, dos decenas de personas y a diversos organismos de la sociedad civil como son: Transparencia Mexicana, Imco, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Red por la Rendición de Cuentas, Causa en Común, Mexicanos contra la Corrupción, la Academia Mexicana de Protección de Datos, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México.
También participaron académicos e instituciones académicas, entre las cuales están el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tec de Monterrey. Espero no olvidar a ninguna institución académica ni haber omitido una sola organización, sé que me arriesgo al mencionarlas por nombre, pero es importante darle al proyecto la justa dimensión del consenso que está atrás del trabajo de tantas personas e instituciones.
La ley concibe un nuevo servidor público; en caso de aprobarse, podría servir de guía para decirle a todos nuestros servidores públicos cómo deben comportarse. Se establecen claras obligaciones de los servidores públicos, lo que les debe proporcionar certeza jurídica a quienes deciden dedicarse al servicio público. Todo servidor público debe estar claro en lo que se espera que haga, así como lo que no debe hacer. Con la ley en la mano es más sencillo resistir presiones.
Se definen los diferentes actos de corrupción que, por tratarse de una ley general, servirán de base para todas las leyes locales y, por supuesto, la ley federal. Establece las bases de coordinación de 90 autoridades que deberán tener una misma visión sobre cómo prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. Entre autoridades se busca que haya, al mismo tiempo, claridad en las obligaciones de cada uno, así como pesos y contrapesos en los procesos de investigación y de sanción para lograr garantizar a las partes el debido proceso y evitar la discrecionalidad que ha prohijado la terrible impunidad que tanto daño nos ha hecho.
La corrupción siempre funciona en redes, y parte de esas redes están fuera del ámbito de cualquier gobierno (federal, local o municipal); sin empresas y empresarios corruptos estas redes no funcionarían. Por ello es importante su inclusión en la ley. Por ello, hay que apreciar en su justa dimensión el acompañamiento del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex en el lanzamiento de esta iniciativa.
Se trata, en fin, de crear una nueva cultura que incluye la denuncia y las sanciones, que distingue, necesariamente, lo administrativo de lo penal. Esta iniciativa ciudadana debe propiciar un diálogo abierto con la sociedad y, sobre todo, con los partidos. Estoy segura de que lo presentado es perfectible, esperemos que la discusión parlamentaria sirva para ello. Esperemos que toda modificación que sufra sea para enriquecerla, para hacerla más funcional e incrementar exigencias. Esperemos que todos los partidos la hagan suya.
NOTAS:
1. Se reproduce con autorización de la autora, publicado en Excélsior, el 4 de febrero de 2016.
Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV