Un cuarto de siglo de la Constitución colombiana1

Publicado el 22 de abril de 2016

Hernán Alejandro Olano García
Investigador de la Universidad de La Sabana, Colombia,
@HernanOlano
HernanOlano
HERNANOLANO
hernan.olano@unisabana.edu.co

Colombia ha sido un país que durante el siglo XX vivió intensamente el siglo XIX, como lo expresara Gabriel García Márquez. Se buscaba en los albores del siglo XXI, trascender a aquella idea de lo que era la sociedad colombiana: un grupo de ricos que junto con la Iglesia y los dos partidos políticos tradicionales eran su centro de gravedad: los “cimientos de la ilusión”, como los denominara Eduardo Posada Carbó.2

Ya el siglo XIX y los comienzos del XX había sido un conflicto de clases dominantes, que se convirtió en la denominada “Violencia”, la cual al parecer finalizó con el “Frente Nacional” y de esa forma, con las amenazas de una guerra interpartidista, a lo que se suma, como rosario de vergüenzas, entre otras, la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902; la de 1895, la de 1885, la de 1876, la de 1859 a 1862, el golpe del general José María Melo en 1854, la guerra de 1851 y la Guerra de los Supremos de 1839 a 1841, aunque, de todas formas, como opinan expertos de la talla de David Bushnell,3 “todas las guerras civiles juntas del siglo XIX en Colombia habrían producido menos muertos que la Guerra Civil de los Estados Unidos, tanto en términos absolutos como relativos” y, con “El Bogotazo”, como manifestación de continuidad de los conflictos del siglo XIX, la violencia, como manifestación de un comportamiento colectivo generalizado cubrió todo el territorio nacional y nos hizo pensar que nuestra nacionalidad estaba asociada con la barbarie.

De los años setenta del siglo XX y en adelante, el auge del narcotráfico y la presencia de sus líderes negativos en la sociedad modificó el contexto político, social y económico, bajo el cual el conflicto armado cobraría nuevos alientos, sumado a que las organizaciones al margen de la ley, de tipo guerrillero y paramilitar, encontraron también en el tráfico de drogas y en el secuestro, las fuentes de financiación para su actividad ilícita, que influyó hasta en lo más íntimo de los partidos políticos tradicionales, terriblemente fragmentados y de los cuales, el ansia de poder de algunos, los llevaría incluso a planear intelectualmente asesinatos como el de Luis Carlos Galán.

Después, como diría Hernando Gómez Buendía, ante “el rasgo más chocante de la «personalidad» colombiana”, que es el de “nuestra asombrosa incapacidad para resolver conflictos”,4 entre otros, debido a nuestra intolerancia, el viernes 25 de agosto de 1989, “fue necesario que el espíritu nacional se estremeciera”5 una semana después del asesinato, el 17 de agosto, del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia6 y, el 18 de agosto, de Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha y del coronel (póstumamente general) Valdemar Franklin Quintero en Medellín, más de 20.000 estudiantes de las universidades participamos en la “marcha del silencio”, que fue “la voz” del proceso transformador que se avecinaba.

En esa marcha, a las puertas del Cementerio Central de Bogotá, algunos de nuestros compañeros, con megáfono, leyeron un panfleto de media cuartilla en el que se consignaba la aprobación de nuestra generación a los siguientes seis puntos7:

1.El rechazo a todo tipo de violencia, cualesquiera que sean las ideologías o intereses que pretendan justificarla.

2.La exigencia al respeto de los derechos humanos en Colombia.

3.El apoyo a las instituciones democráticas en su lucha contra todas aquellas fuerzas que pretenden desestabilizarlas, llámense narcotráfico, guerrilla, grupos paramilitares u otros.

4.El rechazo para estos fines, y en virtud de la autodeterminación de los pueblos, de cualquier tipo de intervención armada por parte de Estados extranjeros.

5.La solicitud de convocatoria al pueblo para que se reformen aquellas instituciones que impiden que se conjure la crisis actual.

6.La exigencia de la depuración exhaustiva de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del gobierno y de los partidos políticos.

Sin embargo, luego de la marcha, las oleadas terroristas no se dejaron esperar: el 27 de agosto, en Medellín, nueve agencias bancarias dinamitadas de los bancos Cafetero, de Colombia, del Estado y del Comercio, y desactivadas bombas en otras cuatro sucursales, en el edificio Monterrey y en el Club Unión; el 2 de septiembre, 150 kilos de dinamita destruyeron las instalaciones de El Espectador, hiriendo a 73 personas; el 16 de octubre, el turno, con cuatro muertos, le correspondería en Bucaramanga al diario Vanguardia Liberal; el 27 de noviembre la bomba al avión HK-1803, que cubría la ruta Bogotá-Cali; el 6 de diciembre, una tonelada de dinamita al 90% cobraría 41 muertos y 300 heridos en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., que quedaron totalmente destruidas, junto con propiedades de particulares ocho cuadras a la redonda; mejor dicho, lo que el cantautor colombiano Andrés Cepeda titularía “Es la historia de mi generación”.

La propuesta de los estudiantes del 25 de agosto llevó a realizar una gran cruzada nacional, a través de una publicación en El Tiempo, el 22 de octubre de 1989, con la cual se recogieron 35.000 firmas de apoyo a la iniciativa titulada “Todavía podemos salvar a Colombia”, las cuales se remitieron al presidente Virgilio Barco Vargas, con una importante solicitud que dio origen a lo que se conoció como “El Gran Debate Nacional”, en el cual, nunca antes el país había conocido de un proceso tan amplio y democrático, a través de mesas de trabajo y comisiones preparatorias.

El 3 de mayo de 1990, el gobierno de Barco Vargas expidió el Decreto 927, mediante el cual, en ejercicio de las atribuciones que le confería el artículo 121 de la Constitución de 1886 y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, que declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional,8 y ordenó contabilizar los votos sobre la Constituyente, en las elecciones presidenciales. El 24 de mayo, la Corte Suprema de Justicia, dentro de las funciones que le correspondían, declaró “constitucional” el decreto mediante el cual se convocó al pueblo colombiano para votar por la convocatoria de la Asamblea. No sobra advertir, como lo hace el ex magistrado Manuel José Cepeda, que ningún país de América Latina distinto a Colombia “goza de una tradición de control constitucional tan antigua, ininterrumpida, amplia e inclusive en ocasiones activista”,9 la cual aparece desde la misma Constitución de Tunja de 1811 con un Senado, conservador de la Constitución y, se hizo más patente al introducirse esta función por medio del Acto Legislativo núm. 03 de 1910.

El domingo 27 de mayo, en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo al Partido Liberal y en las cuales resultó electo el economista risaraldense César Augusto Gaviria Trujillo como presidente de la República, el pueblo colombiano votó masivamente como “Poder Constituyente Primario” por la convocatoria de una Asamblea Constituyente con el fin de hacer las reformas necesarias e indispensables a la Constitución Nacional de Colombia. La votación masiva de los colombianos ese 27 de mayo de 1990 fue de 5´236.863 votos a favor y, 363.656 votos en contra, lo cual contrastaba con los sufragios en blanco, tan sólo 230.080.

En diciembre de 1990 fueron elegidos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Hay que resaltar que ni las FARC ni el ELN participaron del proceso constituyente, no obstante el llamado que el presidente Gaviria les haría y les hizo al proclamar la Constitución, para reunirse con el gobierno y reanudar los diálogos de Tlaxcala en México. Dichos grupos guerrilleros no se formaron ni siquiera para luchar por los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, pues, como señala Eduardo Posada Carbó,10 “Sus cuadros directivos no los representan en sentido alguno: por largos años el máximo dirigente del ELN fue un ¡cura blanco español! Ni las reivindicaciones étnicas son sus objetivos centrales. Más aún esos grupos guerrilleros, las FARC en particular, han dirigido repetidas operaciones militares contra las comunidades indígenas. El único grupo insurgente con abiertas credenciales étnicas fue el Movimiento Armado Quintín Lame, fundado en 1985. Este grupo, sin embargo, se acogió a las negociaciones de paz iniciadas en 1988, que desembocaron en los acuerdos de desmovilización de 1991, en un proceso considerado como exitoso”.

El Constituyente Alberto Zalamea llegó a decir que la Asamblea sucumbió a la atracción insuperable de la mediocridad.11 En la sesión de instalación solicitó la palabra el constituyente Horacio Serpa Uribe, quien propuso un receso con el fin de buscar acuerdos para la elección de la Mesa Directiva y, ante esto, el delegatario Luis Guillermo Nieto Roa propuso someter en la primera sesión a consideración, discusión y aprobación los puntos referentes a la composición, integración y modo de elección de la mesa directiva, pues en razón de algunas fórmulas propuestas en la elección de la Junta Directiva podrían modificar, en caso de ser aprobada una de ellas, el texto y el sentido de varios de los artículos del reglamento previstos por los Compromisos del Acuerdo.

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en la noche del 4 de julio, bajo los acordes del Aleluya de Häendel, se llevaría a cabo la sesión de firma, proclamación y sanción de la nueva carta. Los discursos estuvieron, en su orden, a cargo del presidente de la República César Gaviria Trujillo y, en su orden, de Horacio Serpa Uribe, Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez Hurtado quienes a una sola voz proclamaron la carta como presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, Jaime Castro sostiene que “La Constitución nos quedó muy larga porque nos hizo falta tiempo para pulirla”.12

¿Cómo debería ser la Constitución de las próximas generaciones? Realmente, una Constitución nueva ha sido el querer de muchos, sin embargo, la misma Asamblea Nacional Constituyente le cerró las puertas, pues de los mecanismos incluidos en la carta para su enmienda —acto legislativo, referendo y Asamblea Nacional Constituyente—, los dos últimos requieren de un umbral de electores mínimo, en algunos casos bastante difícil de conseguir debido al abstencionismo y un procedimiento específico de control que incluye la participación de la Corte Constitucional, la cual ha sido bastante reacia a lo que se conoce como la “cláusula de sustitución”.

Otro aspecto a considerar es que actualmente los colombianos somos un poco más civilizados, a pesar de la mayor violencia y a conductas criminales como la corrupción, que para muchos son su estilo de vida, lo cual requiere de abrir espacios para la civilidad y para el rescate del abandono ético y moral en que vivimos.

Finalmente, los límites que impone la ley de leyes puede guiar hacia su verdadero fin a las ideologías imperantes en el medio; ya en 1832, Francisco de Paula Santander, al tomar posesión de la Primera Magistratura de Colombia, decía sobre la ley: “nos provee de remedios…, así para contener el poder que quiera convertirse en arbitrario, como para reprimir al que pretenda arrogarse derechos que no deba ejercer”.

Bibliografía

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NOTAS:
1. El presente trabajo hace parte de la línea de investigación en Historia de las Instituciones I, que el autor desarrolla dentro del Grupo de Investigación en Derecho, Ética e Historia de las Instituciones “Diego de Torres y Moyachoque, Cacique de Turmequé”. Dirección de Investigaciones de la Rectoría de la Universidad de La Sabana. Vigente desde el 30 enero de 2016, registro DIN-HUM-052/2015.
2. Posada Carbó, Eduardo, La nación soñada, Bogotá, Editorial Norma y Fundación Ideas para la Paz, 2007, p. 281.
3. Ibidem, p. 58.
4. Ibidem, p. 67.
5. Buenahora Febres-Cordero, Jaime, El proceso constituyente. De la propuesta estudiantil a la quiebra del bipartidismo, Bogotá, Cámara de Representantes-Pontificia Universidad Javeriana-Programa de Estudios Políticos, 1991, p. 106.
6. Fue el ponente de la Providencia quien confirmó el auto de llamamiento a juicio contra Pablo Escobar Gaviria y tres sicarios como autores intelectuales y materiales del asesinato del periodista Guillermo Cano, director de El Espectador, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. El asesinato del magistrado dio lugar a que todos los integrantes del Tribunal Superior de Bogotá, presentaran ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fabio Morón Díaz, renuncia masiva a sus cargos.
7. Buenahora Febres-Cordero, Jaime, op. cit., p. 109.
8. Cepeda, Manuel José, Introducción a la Constitución de 1991. Hacia un nuevo constitucionalismo, Santafé de Bogotá, Presidencia de la República-Consejería para el Desarrollo de la Constitución, 1993, p. 231.
9. Posada Carbó, Eduardo, op. cit., p. 121.
10. Ibidem, p. 76.
11. Zalamea Costa, Alberto, Diario de un Constituyente, Santafé de Bogotá, Temis y Zalamea Fajardo Editores, 1991, p. 165.
12. Zuluaga Gil, Ricardo, De la expectativa al desconcierto. El proceso constituyente de 1991 visto por sus protagonistas, Cali, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2008, p. 179.



Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV

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