Justicia sólo con la ley1

Publicado el 16 de junio de 2016

Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM,
lbarreda@unam.mx

El comunicado del Consejo de la Judicatura Federal sobre la reciente sentencia dictada en el caso de la guardería ABC no menciona los argumentos con base en los cuales el juez primero de distrito en Sonora, Raúl Martínez, condenó a 19 acusados y absolvió a tres. Esa omisión es muy lamentable por la relevancia mayúscula del juicio. El fallo, hasta ayer, tampoco estaba disponible en internet..

Hace siete años 49 niñas y niños no mayores de cinco años murieron abrasados o asfixiados y 70 más resultaron heridos —algunos con secuelas muy graves— en una guardería de Hermosillo por el fuego de un incendio que se originó en una bodega que servía de archivo de la Secretaría de Hacienda local ubicada en el mismo edificio. Es inimaginable el horror y la pena de las madres y los padres por haber perdido a sus hijos en esas circunstancias. El fuego y el humo que mataron a los pequeños, también, envenenaron el vino interior de los progenitores.

Como apunta Federico Reyes Heroles (Excélsior, 17 de mayo): “… si la pérdida de cualquier vida estruja, la indefensión de un bebé lleva a un territorio aún más devastador. Por si ello fuera poco, queda a la imaginación el horror de la forma, asfixiados, quemados. Mencionarlo duele y puede parecer morbo, pero sólo así se insinúa la profundidad de la herida”. Agrega: “La guardería ABC se volvió una constante en el imaginario colectivo, las tres letras remiten de inmediato a negligencia, a corrupción, a injusticia, a impunidad como la gran vergüenza nacional”.

En efecto, la guardería estaba indebidamente en el mismo inmueble que la bodega que albergaba cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres vehículos, y el techo de polietileno de la estancia infantil aceleró la propagación de las llamas. ¿Pero quiénes son penalmente responsables de la muerte y las lesiones de los niños? Los que, teniendo el deber de tomar las medidas adecuadas para evitarlas, omitieron cumplirlo. Nadie más.

Sin embargo, hace nueve meses la Procuraduría General de la República consignó a 22 mujeres —la directora, las profesoras y las trabajadoras de limpieza de la guardería, e incluso la madre de una de las víctimas— inculpándolas como presuntas responsables de homicidios culposos. El juez tercero de distrito en Sonora, Ricardo Ruiz del Hoyo, negó las órdenes de aprehensión argumentando que las inculpadas llevaron a cabo acciones de evacuación y salvamento de los niños que estaban bajo su custodia, pero no pudieron desalojar a todos por la rápida propagación del fuego.

Ahora se está condenando a 19 acusados a penas muy altas —hasta 29 años de prisión—, mucho más altas de lo que permitiría el artículo 64 del Código Penal Federal, que el juzgador asombrosamente “desaplicó” (sic), según dice el comunicado, porque “no salvaguardaba los derechos de las víctimas”, lo que viola en perjuicio de los acusados el principio de legalidad —consagrado en las constituciones y los tratados internacionales de derechos humanos, pilar del derecho penal ilustrado que terminó con los juicios inquisitoriales— el cual prohíbe imponer “pena alguna que no esté decretada por una ley” (artículo 14 de nuestra Constitución).

Desde luego, a los culpables se les debe castigar con el rigor que permita la ley de acuerdo con su culpabilidad, pero sin violar la ley misma. ¿Lo son los 19 condenados, entre los que se incluye a jefes de bomberos de Hermosillo y a empleados de la Secretaría de Hacienda? ¿Todos ellos tenían la calidad de garante que les imponía el deber de evitar que ocurriera el desastre? ¿O el juzgador asumió una actitud similar a la que llevó a la PGR a consignar a 22 mujeres evidentemente inocentes?

El caso de la guardería ABC levantó un clamor nacional porque se hiciera justicia, pero hacer justicia supone castigar sólo a los culpables y sólo con las penas previstas por la ley. Otra cosa no es justicia ni siquiera venganza, porque la venganza se ejerce contra los autores de un agravio, no contra otras personas. Quizá se considere que ante la magnitud de la hecatombe es preciso ofrecer el mayor número de cabezas a los deudos y a la justamente indignada opinión pública, pero eso nada tiene que ver con el afán de justicia.

NOTAS:
1.Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excélsior, el 19 de mayo de 2016.



Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV

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