La importancia de los estudios de integridad y combate a la corrupción en México*

Publicado el 10 de noviembre de 2016

Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
Doctor en derecho por el Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
zelda600@hotmail.com
twitter@Mags_19_82

Una de las facultades más importantes que tiene el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en México, es el diseño, aprobación y promoción de una política nacional de carácter integral, en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y actos de corrupción.

El sustento jurídico-normativo para la elaboración de una política anticorrupción se encuentra en la Constitución Federal y en la recién aprobada Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que hace patente su importancia como guía que deberá dar sentido y congruencia a las acciones que se adopten en la lucha contra actos deshonestos.

Desde nuestro punto de vista, una política anticorrupción debe sustentarse en estudios técnicos que identifiquen las condiciones, causas y contexto que facilitan la creación de espacios de opacidad y permiten que las instituciones públicas de nuestro país se vean afectadas por verdaderas redes de corrupción.

Al respecto, uno de los análisis más relevantes fue efectuado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. Se trata del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal” (1642).

En dicho Estudio, la ASF consideró que:

“Si bien el Estado mexicano ha realizado en las últimas décadas diversos esfuerzos encaminados a reducir la corrupción, los resultados muestran que, en términos generales, se han tratado de iniciativas aisladas en el tiempo y con enfoques fragmentarios, sin supervisión periódica sobre su eficacia, y sin considerar criterios especializados para el establecimiento de las acciones que buscan su disminución”.

En este contexto, el trabajo desarrollado por la ASF se centró en conocer las medidas y acciones que 290 instituciones de los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos en México han realizado para enfrentar la corrupción, con sustento en las normas jurídicas y las mejores prácticas internacionales, para identificar áreas de oportunidad y promover la implementación de un programa de integridad.

Entre los resultados encontrados por la ASF destacan los siguientes:

a) La mayoría de las instituciones federales no acreditaron contar con los elementos, o éstos son insuficientes, para demostrar la prevalencia de un tono directivo de respaldo a la ética en el servicio público; la implantación de mecanismos formales y confiables para que cualquier interesado denuncie hechos de corrupción.

b) Un número significativo de titulares y mandos superiores de los entes públicos federales no han instruido el establecimiento y la supervisión en su institución, de los controles anticorrupción mínimos, que les permitan obtener un grado básico de seguridad respecto de la prevención y detección de posibles hechos de corrupción en el ejercicio de las funciones y actividades institucionales.

c) 147 (50.7%) instituciones no acreditaron la realización de acciones específicas por medio de las cuales el titular u Órgano de Gobierno, en su caso, asegure un entorno de integridad en la institución.

d) 170 (58.6%) instituciones no tienen implementada una estrategia para enfrentar la corrupción, formalmente documentada, que establezca de manera sistemática y ordenada los controles de integridad y anticorrupción a implementarse, en relación con los riesgos específicos identificados.

e) 196 (67.6%) instituciones no incluyeron cursos o talleres sobre corrupción en aspectos generales ni de forma específica, en relación con las áreas identificadas con mayor riesgo de corrupción dentro de la institución.

f) 267 (92.1%) instituciones no consideran el perfil ético de los candidatos a ocupar algún cargo en el sector público, como parte de los requisitos para el ingreso o promoción en la institución.

g) 172 (59.3%) instituciones no acreditaron tener una línea de denuncias o mecanismo similar, de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional. Asimismo, se identificaron diversos casos en los que, aun cuando existe un mecanismo de este tipo, durante largos periodos de tiempo no se recibieron denuncias, lo que podría ser un indicador de una inadecuada operación.

Los hallazgos de la ASF hacen evidente la debilidad de las instituciones del sector público federal frente a riesgos de corrupción; asimismo, muestran la falta de identificación de nuestras instituciones, con una cultura de integridad y compromiso ético.

Ante este contexto, se potencializa la importancia de requerir del sector público federal, que se establezcan las medidas y acciones concretas que den atención a las observaciones formuladas por la ASF, en apego a los estándares internacionales de probidad pública.

Asimismo, se vuelve fundamental que este tipo de estudios se fomenten y se propicien como mecanismos de rendición de cuentas que muestren a la ciudadanía el grado de cumplimiento que tiene el sector público federal en términos de integridad y prevención de los actos de corrupción, haciendo evidentes también los déficits y las brechas que se deben satisfacer para alcanzar un razonable control de las actividades públicas.

La generación de una política nacional anticorrupción eficaz es, sin duda, un gran reto que habrá de enfrentar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Por ello, es importante insistir en dos cuestiones:

a) La necesidad de contribuir al trabajo de dicho Comité, mediante el desarrollo de estudios especializados en combate a la corrupción no sólo a nivel federal, sino también en las entidades federativas; y,

b) Impulsar el seguimiento ciudadano de las actividades de nuestras instituciones públicas (mediante solicitudes de acceso a la información o uso de líneas de denuncia), para promover un ambiente de integridad en todos los órdenes del sector público gubernamental.

En su conjunto, ambas actividades (provenientes del sector académico y ciudadano), pueden aportar insumos fundamentales con miras a generar un cambio de fondo en nuestras instituciones públicas.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en: http://rendiciondecuentas.org.mx/la-importancia-de-los-estudios-de-integridad-y-combate-a-la-corrupcion-en-mexico/, el 11 de septiembre de 2016.



Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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