Democracia y Globalización*

Publicado el 14 de noviembre de 2016

Víctor Manuel Collí Ek
Investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de Campeche,
www.victorcolliek.com
vimcolli@uacam.mx,

Las afirmaciones de Trump en el último debate presidencial, sobre la modificación o desaparición del TLCAN son el síntoma de una discusión que en la actualidad está tomando un espacio importante. Lo reafirma que la candidata Clinton, quien antes fuera una defensora de los beneficios de este tipo de tratados comerciales, ahora de igual manera ve la necesidad de replantearlos.

Los tratados regionales de libre comercio —como el TLCAN— son, por un lado, muy dinámicos y están evolucionando, yendo más allá que los estancados tratados “multilaterales” de la Organización Mundial del Comercio. Ahora los tratados regionales incluyen mayores elementos —por eso su calificación de OMC+—, y vemos en sus textos cuestiones relativas ya no sólo directamente relacionadas con aranceles y temas de importación y exportación, sino incluyendo reglas de propiedad intelectual, derechos laborales, medios novedosos de resolución de conflictos, incentivos a la innovación, etcétera.

Están siendo, como diría el Banco Interamericano para el Desarrollo, laboratorios de innovación. No únicamente formando una nueva generación de acuerdos regionales, como el caso del CETA —acuerdo entre la Unión Europea y Canadá discutiéndose actualmente—, sino una nueva dimensión de tratados; los llamados mega-regionales, como el caso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica —donde participa México en conjunto de varias naciones como EUA— y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTP y TTIP por sus siglas en inglés, respectivamente).

Sin embargo, igualmente existe un ángulo de discusión que va al centro mismo del interés social: su relación con la democracia.

No cabe duda que los tratados de libre comercio —regionales, multilaterales o mega-regionales— tienen una influencia determinante socialmente hablando. A pesar de lo anterior, la norma general es que a su conformación, sus negociaciones se dan a puertas cerradas, donde la sociedad, en términos democráticos, tiene poco o nada que decir.

Esto se ha observado en Europa y se han tomado medidas al respecto. Por tal razón, en estos momentos el CETA, para su aprobación, requiere del visto bueno de todos los países del la Unión Europea; y justamente en estos días, Valonia, una región de Bélgica, no da su visto bueno, poniéndolo en riesgo.

Aunado a lo anterior hay una discusión incluso más fundamental, sobre la lógica entre proteccionismo o liberalismo, donde surgen preguntas básicas como ¿los acuerdos de comercio, benefician o perjudican?, ¿cuál debe ser el papel del Estado frente a ellos, fomentarlos o restringirlos? ¿Permitir la apertura o levantar la protección del mercado internacional?

Bjonr Lomborg, profesor de la escuela de negocios de Copenhague, en su artículo “The Free-Trade Miracle”, subraya sus beneficios, y en muchos de ellos se pueden ver argumentos contra sus perjuicios; como la apertura a nuevas fuentes de trabajo, la reducción de la discriminación en ellas, la mejora de las condiciones de derechos humanos, el apoyo a la reducción de los efectos negativos al medioambiente, el fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de las personas, el aumento de la perspectiva de vida y la reducción de la mortalidad infantil, entre otros muchos.

Ante las preguntas planteadas, la política del presidente Peña, por ejemplo, es la apertura; de ahí su interés en la negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Y como dijimos líneas arriba, las posturas de los candidatos presidenciales, Trump y Clinton, al igual que muchos países y una parte importante de la sociedad europea, se inclina más bien por el proteccionismo.

Visto este escenario, la interrogante más importante sigue latente. En el mundo actual, donde la democracia es la peor forma de gobierno con excepción de todas las demás —como diría Churchill—, la decisión de adoptar o no un tratado con efectos sociales indudables, de liberalizar o proteger la economía, ¿debe seguir en manos de las élites políticas o deben ser consultadas las personas?

NOTAS:
* Proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco los comentarios hechos al presente, por parte de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y problemas constitucionales, UNACAM-CA-55, e igualmente agradezco la participación de Israel Neftalí Naal Zarate, alumno de la licenciatura en Derecho de la UAC. www.victorcolliek.com, vimcolli@uacam.mx.



Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

Enlaces de Referencia

  • Por el momento, no existen enlaces de referencia