¿Es racista la justicia penal internacional?: la salida de los países africanos de la Corte Penal Internacional

Publicado el 21 de Febrero de 2017

Mohamed Abdillahi Bahdon
Licenciado en ciencias políticas, doctorando en sociología de la educación en la Universidad de Murcia, España,
bahdonabdillahi@gmail.com

Desde 2010 la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) constituye uno de los temas de discusión en las Cumbres de los jefes de Estado y jefes de Gobierno de los países miembros de la Unión Africana (UA). Pues son la ocasión de toma de decisiones hostiles contra la CPI —llamada peyorativamente “Corte Penal Indígena” por los africanos—, por las acusaciones y los juicios contra dirigentes africanos, presidentes en ejercicio como el de Sudán, Omar El-Bashir; Uhuru Kenyatta, de Kenia; Charles Taylor, de Liberia; Laurent Gbagbo, de Costa de Marfil, rebeldes de África Central (de la República Democrática del Congo, de Uganda, por mencionar algunos). Y algunos dirigentes africanos han visto la política de la CPI como una acción dirigida exclusivamente contra ellos.

La creación de la institución judicial internacional fue un progreso desde un punto de vista del derecho internacional. El desarrollo de los conflictos armados enfrenta la lógica de la globalización, o más bien, de la uniformización que se impone desde los países del norte, es decir, desde una minoría en términos numéricos. 124 países son miembros o Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El grupo más numeroso lo constituyen los países africanos, 34 sobre un total de 54 países del continente negro, frente a 19 de Asia y del Pacífico, 18 de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe y 25 del grupo de Europa Occidental y otros Estados. Entre los miembros no se encuentran Estados Unidos, Rusia, Israel, India…, países que apoyan regímenes autoritarios y rebeldes, pues participan en la comisión de crimines contra la humanidad, practican torturas contra los prisioneros; como Estados Unidos en los países del sur e Israel en los territorios palestinos. La ratificación es jurídicamente un acto soberano. Nadie ha obligado los Estados africanos a firmar los estatutos de la CPI y someterse a sus competencias.

Se ha admitido como un hecho el desarrollo de más conflictos armados en el continente africano que en el resto del mundo desde el fin de la Guerra Fría. Y en realidad, los actores de la nueva escena internacional —tanto Estados como organismos internacionales de defensa de los derechos humanos—, después de la caída del comunismo, se han focalizado en la situación africana. Sin embargo, la violación de los derechos humanos, la comisión de crimines de guerra, crimines contra la humanidad, torturas… tienen lugar en muchos sitios del mundo.

Después de una congelación de los derechos humanos por las diplomacias de los grandes países, que antepusieron sus intereses de Estado y sus economías, parece que hay una recongelación de estos derechos en el nuevo escario mundial. Y parece también una huida delante de los dirigentes en un mundo donde los Estados han perdido, desde los años ochenta, su autoridad como poder central: la soberanía ya no es efectiva frente a los poderes de las multinacionales y el sistema financiero; la vuelta a un capitalismo salvaje y destructor de los tejidos sociales y los sistemas sociales. Con los planes de ajustes estructurales del Fundo Monetario Internacional de la década de los ochenta, los Estados africanos no han podido desarrollar instituciones políticas y sociales y países estables. Y a ello hay que añadir la aparición de un nuevo actor en el escenario mundial: las organizaciones terroristas.

No hay una justicia perfecta, y ningún tribunal es totalmente independiente de su creador, o creadores, y miembros. En el caso de un tribunal internacional, es incluso evidente. Y se añade el papel de un organismo no democrático como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En efecto, y a pesar de que ciertos integrantes de este consejo no sean miembros de los Estatutos de Roma (Estados Unidos, China, Rusia), tienen la posibilidad de influir directamente sobre esta corte pidiendo la abertura de información, como fue el caso de Libia y Sudán, o bloqueando cualquier acción en otros casos. Cinco miembros no pueden decidir el futuro del mundo; al contrario, constituyen un obstáculo a la paz y a la seguridad en el mundo. ¿Quién controla sus acciones?

Ser miembro de la CPI no quita la posibilidad de retirarse. Como cualquier organización, los estatutos prevén la retirada de un miembro. El artículo 73 de los Estatutos de Roma prevé la retirada, respetando un cierto plazo para que esta decisión sea efectiva. Al día de hoy sólo 4 países han iniciado su retirada: Burundi (que abrió el procedimiento el 7 de octubre de 2016), Gambia (por una declaración del ministro de Información el 25 de octubre de 2016), Kenia (en octubre de 2016 con la votación de una ley) y Sudáfrica (por carta a las Naciones Unidas el 19 de octubre de 2016).

Vale la pena mencionar que aparte de Kenia —cuyos presidente y vicepresidente han sido perseguidos por crimines contra la humanidad, torturas y actos de violencia contra los civiles en las protestas por los resultados electorales en 2008—, ningún dirigente ni rebelde de los otros países están citados o tienen un juicio pendiente ante la CPI. Así pues, las causas de retirada son diferentes. Parece que Sudáfrica no ha soportado el reproche sobre su no colaboración en el arresto del presidente sudanés, que participaba en la XXV Cumbre de la Unión Africana en junio de 2015: el dirigente volvió rápidamente a su país antes del dictamen de un tribunal de Pretoria sobre su caso. Asimismo, países como Botsuana han protestado por el no respeto de la decisión de la CPI por parte de las autoridades de Pretoria. Y dirigió una carta al secretario general de las Naciones Unidas en estos términos: “La República de Sudáfrica ha concluido que sus obligaciones sobre la resolución pacífica de los conflictos fueron a veces incompatibles con la interpretación dada por la Corte Penal Internacional”. Además, el caso de Burundi, cuya crisis sociopolítica lleva lentamente a un genocidio, es una prevención para los autores de actos de violencia contra las poblaciones y contra la oposición. Es una manera de escarparse de cualquier justicia. En cuanto a Gambia, país dirigido por un dictador desde 1994, es la reacción a su demanda a la CPI de perseguir a los dirigentes de la Unión Europea por la muerte de migrantes en el Mediterráneo.

En realidad, algunos dirigentes de estos países han seguido a la letra la postura del presidente en turno de la UA, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, en 2015. Este viejo dirigente independentista se ha vuelto un nacionalista africano muy crítico contra Occidente desde que Estados Unidos y Reino Unido pusieron un embargo a su país, y ve la institución penal internacional como un mecanismo de represión en manos de los países capitalistas, cuyo objetivo es someter aún más a los países africanos. Aunque más allá de un discurso nacionalista, estos dirigentes evocan la parcialidad, la inmersión en la soberanía de los Estados africanos y el no respeto del principio de inmunidad de los jefes de Estado. Consideran que es un instrumento de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU —tres de ellos no son miembros de la CPI—, pues para el dirigente de Zimbabue, la CPI es una institución racista. De igual manera, la postura de Jean Ping, expresidente de la Comisión de la Unión Africana fue muy clara, declarando en 2009 que la “CPI ha sido creada para juzgar los africanos”. Y en diciembre de 2015, Robert Mugabe anunciaba la retirada de la UA de la CPI. Finalmente, en la Cumbre de enero de 2016, el presidente de Kenia ha propuesto una resolución de retirada con una hoja de ruta para todos los países miembros de la UA; y el nuevo presidente de la mencionada UA, elegido en febrero de 2016, Idriss Déby, presidente de Chad, ha tomado la postura de su predecesor: no se opone a la retirada. No obstante, otros países, como Botsuana, Costa de Marfil, Senegal… se oponen a una retirada colectiva.

Los reproches hechos a la CPI pueden parecer generales, pero si tomamos el numéro de personas, dirigentes y guerrilleros por continente, hay una sobrerrepresentación de acusados y enjuiciados originarios de la África subsahariana, por encima de otras regiones del mundo. Hasta el día de hoy ningún dirigente de un país de Europa, de América, de Asia o de Oceania ha sido citado en los informes de esta institución como posibles autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, de tortura contra poblaciones civiles de su país o de otro. Y por el contrario, han sido condenados dirigentes africanos, como el expresidente de Liberia, Charles Taylor, sentenciado a 50 años de cárcel (en un país europeo) por haber participado en la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad y torturas al pueblo sierraleonés (Sierra Leona). Asimismo, el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, se encuentra en juicio, y Charles Blé Goudé, un exministro de su gobierno, también.

Estos dirigentes marfileños han sido entregados por el gobierno de su país en 2011 y 2014. Y del mismo modo, han sido condenados rebeldes armados congoleños, como Jean-Paul Bemba, exvicepresidente de la República Democrática del Congo, a 8 años por los crimines cometidos en su Movimiento de Liberación del Congo (MLC), en la República Centroafricana, en 2002 en 2003; y el rebelde, exgeneral del ejército congoleño, Bosco Ntaganda, apodado el “Terminator”, por varios crimenes. Este rebelde se presentó en la embajada de Estados Unidos en Kigali, Ruanda, pidiendo su entrega a la CPI, una actitud peculiar en un rebelde, aunque sabía que no le quedaba otra opción más que entregarse. Pero aun así, sorprende la vía que eligió: la embajada de Estados Unidos, que no es una representación de la jurisdicción penal internacional. Finalmente, hace una semana tuvo lugar un juicio contra un miembro de la rebelión, por el ejercicio de liberación del señor de Uganda, Dominic Ogwen, quien fuera un niño soldado.

La retirada de estos 4 países africanos —que no es definitiva todavía— nos lleva a plantear ciertas preguntas: ¿qué esperaban los gobiernos africanos cuando firmaron los estatutos de Roma?, ¿los dirigentes africanos no se dieron cuenta desde el principio de la jugada de los países occidentales en la escenificación de la jurisdicción penal internacional? ¿Por qué no les llamó la intención la no firma de dichos estatutos de los países grandes como Estados Unidos, China o Rusia?

La Corte Penal Internacional constituye una espada de Damocles sobre la cabeza de algunos dirigentes africanos: si la CPI juzga a un antiguo presidente, la comisión de actos calificables como crímines contra la humanidad, de guerra y de tortura se persigue bajo la presidencia del nuevo presidente.

Los conflictos que tienen lugar en muchas partes de África no son únicamente a causa de los dirigentes africanos. Sus causas implican a empresas multinacionales, e incluso, a Estados que les apoyan… y estos actores, que financian y entregan armas a los dictadores y rebeldes, son Estados occidentales. Por ejemplo, el caos en el que está metido Libia después de la revuelta de 2011 tiene como responsables a dirigentes occidentales que han decidido desestabilizar al país norteafricano. No hay duda de que por sus diplomacias y por controlar los recursos de los países en conflicto armado, los dirigentes de países occidentales cometen crímenes de guerra, contra la humanidad y de tortura hacia opositores y guerreros. La CPI no se da la capacidad de ir más allá de la limitación de sus actuaciones cuando está investigando casos de crimines de guerra, contra la humanidad y hasta de genocidio.



Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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