A la mitad de ningún lado *

Publicado el 4 de agosto de 2017

María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
twitter@MarvanMaria

En diciembre de 2013, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,  y Felipe Solís Acero, de la mano de los presidentes del PAN, del PRI y del PRD, Gustavo Madero, César Camacho y Jesús Zambrano, respectivamente, celebraban una de las peores reformas del Estado jamás vistas

En el marco del Pacto por México, a través de presiones y chantajes, introdujeron gobiernos de coalición, que todavía no regulan; crearon la Fiscalía General de la República, que no ha nacido. Inventaron el híbrido Instituto Nacional Electoral, que ni eliminó a los institutos locales ni abarató el sistema electoral.

Siempre quedará la duda del por qué los partidos no eliminaron a los institutos locales. Una hipótesis plausible es que cayeron en cuenta de una enorme dificultad: ¿cómo hacer llegar el financiamiento local a los partidos? Era indispensable que el INE naciera (de ello dependían la Reforma Energética y la Fiscal), pero los institutos locales sobrevivieron para tener conductos a través de los cuales repartir prerrogativas a los partidos. Había que dejar leyes locales y darles algunas atribuciones.

En algunos tópicos se generaron estándares para la Federación y las 32 entidades y otras se dejaron al garete. Para el financiamiento local, por ejemplo, acordaron una fórmula uniforme que propició un incremento anual de mil 500 millones de pesos.

No tuvieron el mismo cuidado para establecer un estándar razonable a los topes de campaña. Cada legislación local tiene fórmulas distintas para determinar los topes de campaña. Las consecuencias las estamos viendo en Coahuila y en el Estado de México. En el primero, el tope era de 19.5 millones de pesos; en el segundo, de 285 millones de pesos. Asiste la razón a todos aquellos que afirman que el gasto de Del Mazo fue obsceno, lo que no es cierto es que el INE sea incapaz de ver el exceso, el problema es que éste no es ilegal.

En 2012, el tope de gasto de la campaña presidencial fue de 336 millones. Si utilizáramos la generosa fórmula del Edomex para el 2018, cada candidato presidencial podría gastar dos mil millones de pesos, ¡seis veces lo que hace seis años!

Otro de sus olvidos fue la sincronización de calendarios electorales. Nuestros tiempos electorales establecen tiempos ordinarios, tiempos preelectorales, tiempos de precampaña, tiempos de intercampaña, tiempos de campaña, tiempos de reflexión y silencio y, finalmente, el día de la jornada electoral. Cada periodo, como dije hace unas semanas en este espacio, tiene sus propias prohibiciones.

Si los tiempos electorales no son coincidentes, resultará que un candidato federal tiene permiso para decir ciertas cosas que están prohibidas al candidato local, aunque estén en el mismo evento. Los spots locales y los federales deberán ser diferenciados. Las vallas podrán aparecer o no de acuerdo al calendario. Todas estas reglas inciden en la fiscalización y, por supuesto, en el escrutinio de los rebases de topes de campaña.

Tercer y último ejemplo, la reforma del Estado de 2014 reintrodujo la reelección. En la Federación entrará en vigor a partir de la elección de 2021, pero en 27 estados será una realidad el año que entra. Aquí tampoco hay estándares en las reglas.

En algunos estados, Coahuila por ejemplo, en nombre de la equidad, quien quiera reelegirse deberá renunciar a su puesto antes de que inicien las campañas. El absurdo es evidente, no estaremos reeligiendo a nadie. Quienes vuelvan a conseguir ganar la elección serán electos dos veces consecutivas. En otros estados pueden permanecer en su puesto a condición de hacer campaña fuera de horarios laborales, lo que genera otra inequidad. El resto tendrá que atenerse a la resolución del Tribunal.

Tampoco hay previsión legal para el destino de los suplentes. Si obligamos a renunciar a los diputados, tendremos congresos enteros en manos de suplentes,  quienes estarán impedidos de buscar un puesto de elección popular; esto conculca sus derechos. ¿Qué decidirá el Tribunal? De la paridad mejor ya ni hablamos, habrá que completar la fórmula de 50%-50% echando mano de distritos perdedores, lo que también se controvierte.

Con esta maraña es imposible que la opinión pública entienda las decisiones de la autoridad electoral. Así vamos al 2018.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización de la autora, publicado en Excélsior, el 27 de julio de 2017.



Formación electrónica: Ilayali G. Labrada Gutiérrez, BJV
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