La reforma inacabada del poder judicial federal: 20 años después1

Publicado el 19 de enero de 2018


Karina Ansolabehere

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
kansola@flacso.edu.mx

En contextos de alta desconfianza hacia la política, el poder judicial puede ejercer una función fundamental para procesar conflictos. Para asumir esta función requiere construir legitimidad, especialmente en un país como México en que la poca o ninguna confianza hacia el poder judicial es cercana al 70% (Latinobarómetro, 2016).

En 1994, un momento crucial, se adecuó el modelo de justicia a las necesidades de la situación. Hoy es imperativo avanzar en ajustarlo a las exigencias de este momento, también crucial, caracterizado por el descontento con la política tradicional, la desconfianza en los tres poderes, y la preocupación ante la corrupción y la violencia.

Pasó casi un cuarto de siglo desde las reformas judiciales de 1994, cuando se plasmaron cambios claves en la justicia federal: la extensión de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia para resolver los conflictos derivados de la pluralización política; el establecimiento de candados para transitar de los cargos políticos a los del máximo tribunal; el cambio del modelo de gobierno judicial a través de la creación del Consejo de la Judicatura Federal.

Estas transformaciones, en un entorno de pluralidad política, volvieron más poderosa a la Suprema Corte, y más públicas sus deliberaciones y el proceso de selección de sus miembros. Sin embargo, las últimas designaciones de ministros mostraron las limitaciones del sistema de ternas y estuvieron acompañadas de amplias campañas que señalaban la cercanía de los nominados con el gobierno y ponían en cuestión el mecanismo de selección. Además, la elección del Presidente del máximo tribunal se ha convertido en un procedimiento que fomenta el oportunismo. El doble carácter de Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal convierten a quien ostenta el cargo en una figura con demasiado poder. Una sola persona define la política del Poder Judicial Federal.

Los cambios del 94 también sentaron las bases para desarrollar una carrera judicial y cambiar la forma en que se designaba a los jueces. No obstante, la creación del Consejo de la Judicatura, lejos de consolidar las atribuciones en materia de carrera judicial y administración judicial, tiene importantes asignaturas pendientes. Las reglas para los concursos de ingreso se cambian erráticamente; los contenidos de los exámenes sesgan la selección hacia los miembros internos (reforzando la endogamia); y las contrataciones para puestos de apoyo jurisdiccional y administrativo no se rigen estrictamente por el mérito. Esto último se evidenció en el estudio El Poder Familiar de la Federación que señala la alta proporción de familiares que prestan servicios en diferentes posiciones en la institución.

Evitar un análisis crítico y autocrítico sería la peor estrategia. Mejorar el proceso de designación, la forma de gobierno judicial, y el horizonte de las políticas judiciales del Poder Judicial Federal, son medidas ineludibles para cimentar la legitimidad necesaria que demandan los desafíos actuales.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en El Universal, el 31 de octubre de 2017.


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