Corrupción y campañas negras1

Publicado el 7 de marzo de 2018


María Marván Laborde

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
twitter@MarvanMaria
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Hace una semana salió el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que todos los años saca Transparencia Internacional junto con Transparencia Mexicana (Capítulo México de la primera). México está en el lugar 135 de 180 países evaluados, un lugar peor que el año pasado, obtuvo solamente 29 puntos de los 100 posibles de la evaluación.

Dos puntos de comparación que son importantes. Primero: ¿Cómo les fue a nuestros socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Canadá está en octavo lugar con 82 puntos y Estados Unidos en 16º con 75 puntos. Por ello, la corrupción mexicana ha sido un tema central en el proceso de renegociación del TLCAN que está en curso y que todavía estamos con la angustiosa incertidumbre de su sobrevivencia.

Segundo: Brasil, Perú y Colombia están empatados en el lugar 96, todos ellos con 37 puntos. Este dato me parece relevante porque los gobiernos de los tres países, al igual que México, han sido acusados de participar en la trama de corrupción de Odebrecht, ya bien sea como corruptor (el primero) o como corrompidos (los otros dos) y, sin embargo, los brasileños, peruanos y colombianos perciben que sus países son menos corruptos que lo que los mexicanos consideramos al nuestro.

La razón puede ser muy sencilla, en los tres países mencionados ha habido una serie de investigaciones y trabajo entre las fiscalías y los respectivos Poderes Judiciales que deja claro que la corrupción se detecta, se persigue, se juzga y se castiga.

Sólo por contrastar, en México se ha protegido desde el poder y con el poder a Emilio Lozoya. Raúl Cervantes, al renunciar a la PGR, dijo que el expediente estaba listo y sigue hasta hoy, cuatro meses después, durmiendo el sueño de los (in)justos en el escritorio del encargado del Despacho, mismo que corrió fulminantemente al fiscal Santiago Nieto para que dejara por la paz la investigación en lo que se refiere al capítulo de delitos electorales.

Las diferencias en la percepción se alimentan a partir de los actos de las autoridades. Cotidianamente, en México tenemos evidencia del uso político de las instituciones de procuración y administración de la justicia, sólo hay que ver las noticias de esta semana.

A finales de la semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las cifras del escándalo de Sedesol y Sedatu, instituciones presididas en su momento por Rosario Robles. Ambos desvíos suman la nada pequeña cantidad de dos mil 130 millones de pesos. En entrevista con Loret de Mola, Robles dijo, clara y cínicamente, que lo hizo porque se podía, porque la ley lo permitía y que ese dinero no se lo llevó a sus cuentas. Hasta donde sabe la opinión pública, el procurador, encargado del Despacho, no ha abierto una carpeta de investigación por el caso documentado por la ASF.

Menos de 72 horas después aparece el escándalo de “corrupción y lavado de dinero” que le imputa a Ricardo Anaya haber eludido o evadido impuestos en la venta de una operación de 54 millones de pesos. No tengo ningún elemento, ni mucho menos interés, en defender una transacción de la que sólo conozco lo que los medios han publicado; pero sí llama la atención, por decir lo menos, la eficiencia inusitada que ha demostrado la PGR haciendo las diligencias necesarias de esta carpeta de investigación; de la cual, por cierto, sabemos mucho más que lo que en su momento pudo haber revelado Nieto de la investigación de Lozoya.

Lo que es evidente es que los medios están igualando una transacción privada de 54 millones de pesos con un desvío de recursos públicos de dos mil 130 millones de pesos (39.4 veces la operación de Anaya); cuyo uso no está probado ni mucho menos justificado. ¿De verdad nos vamos a tragar esa píldora?

La única buena noticia, y hay que decirlo, es que la percepción de los mexicanos del nivel de corrupción que existe en México ha generado un descontento social prácticamente generalizado. El mal humor de mexicanos y mexicanas se está traduciendo en exigencia social que empieza por la denuncia y expresa de manera indubitable su repudio. Hoy hay 18 gobernadores encarcelados. Las elecciones de los últimos años demuestran que el electorado sabe castigar con su voto.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en Excélsior, el 1 de marzo de 2018.


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Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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