La UNAM en las noticias1

Publicado el 9 de marzo de 2018


Pedro Salazar Ugarte

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
pedsalug@yahoo.com

Enciendo la radio y me topo con una acalorada tertulia en la que uno de los participantes –voz engolada, tono categórico, dedo flamígero (supongo)– espeta a sus compañeros de programa algo como lo siguiente: “La UNAM es un desastre, les aseguro que si la comparamos con otras universidades del mundo ni siquiera aparece en el listado...”. Lo escucho con enfado durante mi traslado desde CU hacia la Antigua Escuela de Jurisprudencia en la que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y la Oficina de la Abogada General, todas entidades de la UNAM, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han organizado la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”. Me molesta la ignorancia y la maledicencia del tertuliano, que se suma a las descalificaciones prejuzgadas e infundadas que otras voces han dirigido contra la Universidad Nacional desde que dos personas fueron asesinadas a disparos en sus instalaciones.

Por fortuna para mi ánimo, antes de bajar del auto recibo un mensaje de mi asistente con la noticia de que, según la octava edición del QS Rankings de las Mejores Universidades del Mundo por Materias 2018, publicada por QS Quacquarelli Symonds, empresa mundial líder en el análisis de educación internacional, la UNAM es la primera Universidad de América Latina. Me pregunto mentalmente con cierta ironía qué opinará el conductor de radio, mientras asisto al evento en que personas expertas en temas de seguridad, procuración de justicia, crimen organizado, Estado de derecho, narcotráfico, etc., se avocan a proponer elementos para contar con una política de Estado centrada en los derechos humanos. La noticia del reconocimiento a la UNAM y la calidad del seminario internacional son argumentos inmejorables para enfrentar las críticas hacia el quehacer de una institución pública que brinda un servicio cotidiano al país.

La UNAM no es perfecta –porque ninguna institución puede serlo–, pero es una comunidad de estudiantes, profesores, investigadores y administrativos que hacen de la pluralidad, la deliberación y el conocimiento los asideros de su convivencia. Por eso me pareció desmedida la presión mediática desencadenada por un lamentable acontecimiento que tuvo lugar en la UNAM, pero que nada tiene que ver con el quehacer universitario. Bien lo dijo el rector Graue: la esencia de la Universidad “es la libertad, la superación, el estudio y el conocimiento”, todo lo opuesto a la sinrazón que alimenta a la violencia.

De esa oposición lógica y estratégica entre violencia y saber abreva la objeción de la rectoría a que la universidad viva “en un estado de vigilancia armada”. Las armas universitarias son la prevención, la participación, la ocupación del espacio público, la concientización y el diálogo. Es verdad que estas herramientas son insuficientes para erradicar el problema del narcomenudeo y de la violencia, pero es el instrumental que le corresponde a las y a los universitarios. Lo otro –las labores de investigación e inteligencia, el ejercicio de la coacción, la impartición de la justicia– son tareas de las autoridades del Estado.

Por eso el asunto no debe enfocarse desde el mirador de la autonomía. El diccionario es claro: ser autónomo es la “condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”. Ello no implica ni aislamiento ni autarquía. Tener reglas propias y autogobierno no supone desvincularse de un entorno social e institucional, pero sí conlleva la libertad para decidir cómo enfrentar problemas comunes en la esfera propia. Es verdad que el narcotráfico y la violencia –por desgracia– aquejan a toda la sociedad mexicana. Pero este flagelo común conlleva responsabilidades diferenciadas.

Las autoridades del Estado –en este caso, sobre todo, las de la Ciudad de México– tienen obligaciones intransferibles. Perseguir al crimen y garantizar la seguridad son deberes del gobierno. Deberes que deben cumplirse con apego a lo que dicta la Constitución: respeto a los derechos humanos y a los procedimientos jurídicos que los protegen. A la Universidad le compete investigar, impartir docencia y difundir cultura. Esos son sus deberes y a través de los mismos también puede contribuir a prevenir delitos y desterrar violencias; pero le toca hacerlo con los bastiones de su fortaleza: “el saber, la libertad, la autoridad moral, la autonomía y el respeto a la normatividad universitaria”. Rector Graue, dixit.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en El Financiero, el 6 de marzo de 2018.


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Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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