Entre la legitimidad y la ética1

Publicado el 23 de marzo de 2018


María Marván Laborde

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
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Una de las dificultades más grandes para la clase política mexicana, con honrosas excepciones como siempre, es poder entender la diferencia entre la legitimidad, la ética y la legalidad. Con frecuencia se defienden de lo indefendible alegando que no violan ninguna ley o que la ley no prohíbe la atrocidad que están por cometer.

La legitimidad y la ética trascienden a la legalidad y exigen una fibra moral de autocontención que permite distinguir entre el bien y el mal a la clase política y a la burocracia, ello les obligaría a actuar siempre en beneficio de la República.

Para construir la legitimidad de un partido, un gobierno o una institución hay que hacer mucho más que simple y llanamente cumplir con la ley. Hay que entender la trascendencia de la labor encomendada y actuar en consecuencia.

Puede asistir la razón a los senadores que defendieron a la Sra. Puente en su “derecho” a aspirar a una diputación porque ninguna ley lo prohíbe, pero eso no disminuye el daño hecho al Inai. Como bien dice Woldenberg, la confianza se construye micra por micra, pero un error, una mala decisión, hace retroceder kilómetros en un abrir y cerrar de ojos.

Cuando comenzó el proceso de transición, uno de los grandes retos era disminuir el poder presidencial. Entre las facultades constitucionales y lo que Carpizo llamó las facultades metaconstitucionales, el Presidente era omnipotente; lo podía todo, excepto prolongar su sexenio, nombrar jueces, nombrar y remover gobernadores, controlar la prensa y hasta nombrar a su sucesor.

El pluralismo político subsecuente permitió los congresos divididos y con ellos la posibilidad de reestructurar el sistema de pesos y contrapesos. Hijos de la transición son todos los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA). Cada uno de ellos le da un pellizco a ese omnipotente presidencialismo tan autoritario.

Sin embargo, la complicidad de partidos y legisladores en los Congresos ha impedido la vigilancia al Poder Ejecutivo. El fracaso más grande de un nuevo sistema de contrapesos podemos medirlo en el proceso de nombramiento de los cuerpos colegiados que dirigen a los OCA.

Entre las cuotas y los cuates hemos anulado la independencia de estas instituciones de contrapoder. Las cuotas pueden entenderse porque del Congreso sólo pueden salir acuerdos políticos. Lo que los hace verdaderamente impresentables son los cuates, lejos de buscar profesionalismo, capacidad, independencia y ética, los legisladores han buscado, sistemáticamente, lealtad, sumisión y entreguismo.

El INAI, al igual que todos los OCA, requiere independencia en su cuerpo colegiado, debe actuar apegado a derecho, pero, sobre todo, su ética debería ser incuestionable.

Frente a la debilidad de la ética de la clase política ha sido necesario establecer restricciones legales respecto del tipo de actividades previas de los aspirantes a estos puestos para evitar posibles conflictos de interés; por las mismas razones deberían existir algunas restricciones para el desempeño de ciertas actividades posteriores. Estas restricciones pueden ser tanto en el ámbito público como en el privado, dependiendo del caso.

Con la búsqueda de un cargo posterior, no se debe comprometer la independencia en las decisiones de las tareas trascendentales que les hemos encargado a través de nuestros representantes. Después de Molinar hubo que restringir a los consejeros electorales, ahora es urgente una revisión de todos los puestos que han quedado descubiertos como, por ejemplo, los comisionados del INAI. Los magistrados electorales también deberían tener impedimento para llegar inmediatamente a la SCJN. Si la ética no garantiza la autocontención, la ley debe poner barreras infranqueables que blinden la autonomía de estas instituciones.

Punto y aparte: Para no asumir que las candidaturas independientes son un desastre completo, las y los aspirantes a candidatos independientes deberán reconocer errores y trampas, pero también el INE tendrá que separar las inconsistencias debidas a problemas técnicos de los fraudes a la ley. No todo cabe en el mismo costal y hace mucho daño la falta de claridad.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en Excélsior, el 22 de marzo de 2018.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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