¿Vil venganza?1

Publicado el 27 de julio de 2018


Luis de la Barreda Solórzano

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y
coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos,
emaillbarreda@unam.mx

Mientras leía la encolerizada declaración de Andrés Manuel López Obrador acusando al Instituto Nacional Electoral (INE) de “vil venganza” en su contra al imponerle a Morena una sanción económica por el fraude perpetrado con el fideicomiso para los damnificados por el sismo de 19 de septiembre de 2017, pensé en los intelectuales que señalaban que si resultaba triunfante sus desplantes de autoritarismo y sectarismo desaparecerían o, al menos, se moderarían, una vez pasada la elección: el presidente no podía cometer los agravios verbales descalificatorios de las instituciones y de sus adversarios políticos que en el candidato eran sólo retórica efectista.

El autoritarismo sectario se obsesiona en que sus postulados se realicen a como dé lugar, estratégicamente vitupera a quienes no los comparten y usa las instituciones en la medida en que puedan resultar útiles a sus prejuicios ideológicos y a sus huestes, pero si no les sirven para ese fin, deben ser denostadas, desprestigiadas, y al cabo, cuando el autoritarismo sectario alcanza el poder, inutilizadas y reestructuradas a fin de ponerlas a su servicio. Así lo hizo Hugo Chávez y así lo hace Nicolás Maduro en Venezuela. Casi nadie puso suficiente atención a las injurias del hoy virtual presidente electo contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, varias de cuyas resoluciones han significado importantes avances en derechos humanos, a quienes calificó una y otra vez de maiceados.

La endeble memoria colectiva no parece recordar que, jefe de gobierno electo del Distrito Federal, López Obrador anunciaba repetidamente que ratificaría como procurador de justicia a Samuel del Villar, ignorando sus abusos señalados por la Comisión de Derechos Humanos del DF, entre los cuales algunas fueron tan graves como las falsas acusaciones que mantenían en prisión a personas inocentes, el nombramiento de delincuentes en altos cargos policiacos y la persecución penal de jueces y magistrados respetables por haber dictado autos y sentencias que no fueron de su agrado.

Aparentemente, tampoco se tiene presente que como jefe de gobierno López Obrador desacató un amparo —el instrumento judicial de defensa de los derechos de los gobernados contra abusos de las autoridades— jactándose de su desacato y mandando textualmente al diablo a las instituciones.

Recordemos por qué fue sancionado por la autoridad electoral el partido de López Obrador atendiendo exclusivamente a las evidencias del caso, no a suposiciones ni conjeturas. Lo han explicado varios columnistas, detalladamente Ciro Murayama, presidente de la comisión de fiscalización del INE, pero no está de más recapitular los hechos probados a fin de borrar toda sombra de duda.

De los 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso creado por Morena —entre los fideicomitentes figuran los morenistas Bernardo Bátiz, Laura Esquivel, Julio Scherer Ibarra, Jesusa Rodríguez y Pedro Miguel–, 44.4 millones fueron depósitos en efectivo, de fuente desconocida, lo que obviamente está prohibido por la ley. Numerosos depósitos se realizaron con diferencia de segundos. Los videos de las cajas bancarias muestran a un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Del dinero del que sí se conoce al aportante, 12.5 millones corresponden a 56 personas relacionadas con Morena.

En los egresos del fideicomiso, al 31 de mayo de 2018 habían salido 64.5 millones de pesos a través de cheques de caja que, al ser cambiados a efectivo, impidieron seguir el rastro del dinero. Quienes cobraron los cheques tienen relación directa en su gran mayoría ––¡ochenta por ciento! (leyeron bien, lectores)–– con Morena: están en nómina, son miembros de órganos directivos, militantes o candidatos. Y ninguno aparece en el padrón de damnificados. Un fraude que corresponde perseguir penalmente a la Fepade.

¿Vil venganza con tales evidencias, vil venganza cuando el candidato victorioso pudo hacer campaña anticipada con innumerables spots y giras financiadas no se sabe por quiénes, cuando el INE reconoció la misma noche de la jornada electoral su victoria, cuando no se sancionó a Morena sino hasta después de la elección?

NOTAS:

1 Se reproduce con autorización de él autor, publicado en Excélsior, el 26 de julio de 2018.

Formación electrónica e incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez, BJV

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