Violencia contra la mujer. El talón de Aquiles1

Publicado el 10 de diciembre de 2018

Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM,
email tapiaurbina@yahoo.com.mx
twitter@JavierQ_Tapia

La violencia contra la mujer ha sido el talón de Aquiles del Estado mexicano, se requiere de voluntad política de todos los órdenes de gobierno para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida digna y plena de desarrollo.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), por resolución del 7 de febrero de 2000, designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para honrar la memoria de tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas en 1960.

En el artículo 1 de la citada Declaración se establece el significado de “violencia contra la mujer”, como: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Sin embargo, parece que el entendimiento de esa definición tardó varios años para que México asimilara -al menos – la responsabilidad en la adopción de medidas de política pública y hacer frente a un grave fenómeno social, que se veía en principio focalizado en el territorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, por los feminicidios tan resonados a partir de los años noventa.

En México, la atención a la problemática de la violencia contra la mujer, se ha desarrollado de manera timorata, paulatinamente con grandes sesgos hacia la apatía gubernamental y legislativa. El tratamiento de este problema, se puede ubicar desde hace aproximadamente 20 años, cuando se lanzaron algunas medidas de política pública que, bajo la presión social de grupos feministas, se fueron encausando hacia reformas legislativas en materia de delitos sexuales. Sin embargo, esto se dio bajo una perspectiva asistencialista que asumía el problema como una enfermedad de las mujeres violentadas y, por consecuencia, a enfocar las tareas en la atención de la víctima y no al fortalecimiento del conocimiento de sus derechos.

Fue hasta el año 2007 (hace casi once años) cuando se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Diario Oficial de la Federación de 1 de febrero de 2007), como resultado del empuje de grupos activistas fundamentalmente feministas, organizaciones civiles y de la academia. Teniendo como principios rectores la igualad entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres.

Principios que se leen fácil, pero que marcan la ruta hacia estadios en que los derechos humanos de las mujeres sean realmente cumplidos. Lamentablemente, la problemática de la violencia de género -a más de 20 años de la legislación citada-, solo ha servido de material argumentativo para los discursos de la clase política gobernante. Discursos encauzados por el trabajo de organizaciones o grupos feministas que lograron colocar en el centro del debate y en ciertas políticas públicas el problema de la violencia contra las mujeres.

Se puede decir que se cuenta con un reconocimiento -formalmente- del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, establecido en la ley. Sin embargo y como suele suceder, la implementación de acciones para hacerla efectiva sigue siendo el talón de Aquiles del Estado mexicano. Esto es, conceptos tan socorridos como el de “empoderamiento” para justificar la aplicación de determinadas políticas públicas, poseen un ingrediente especial, un tipo de auto responsabilidad, es decir, la filosofía de ese término utilizado incluso en discursos de grupos feministas, supone que sea la misma persona (mujer) la que, a través de sus propias capacidades y habilidades logre el cumplimiento de sus derechos y necesidades fundamentales, donde el papel del Estado es o debe ser un mero facilitador para el logro tales aspiraciones.

Sin embargo, si atendemos al discurso del “empoderamiento” en el sentido antes apuntado, se corre el riesgo de privilegiar solo a ciertos grupos de mujeres (las más preparadas o capacitadas). Esto es, a las mujeres con mayores oportunidades de preparación y desarrollo, pero ¿y el resto?, por ejemplo: las segregadas o marginadas en comunidades indígenas, no presentarían las mismas condiciones de competencia en todos los ámbitos de desarrollo. Esto en sí mismo constituye un tipo de violencia por discriminación. La igualdad de oportunidades de desarrollo, la libertad y el respeto a su dignidad, son requisitos ineludibles para vivir una vida libre de violencia.

No hay duda que los temas prioritarios que han venido marcando la agenda del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador es la referente al combate a la corrupción, la impunidad, así como a la implementación de una política de “austeridad republicana”, entre otros. Sin embargo, esperamos que la violencia contra las mujeres, igualmente grave, y que asecha e impacta en la vida de más de 67 millones de mujeres (más del 50% del total de la población de México: https://countrymeters.info/es/Mexico), sea -ahora sí- un tema prioritario en la agenda pública del nuevo gobierno, educación para la prevención y a favor de las libertades y dignidad de las mujeres.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Primera Voz, el 21 de noviembre de 2018.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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