Los federalismos de ayer y de hoy1

Publicado el 10 de diciembre de 2018

José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Colegio Nacional,
email jramoncd@scjn.gob.mx
twitter@JRCossio

Si hace apenas seis meses nos hubiéramos preguntado sobre la condición del sistema federal mexicano, las respuestas habrían sido fundamentalmente técnico-constitucionales. Algunas de ellas habrían aludido a los problemas en el modo de distribuir las competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, por ejemplo en salud, educación o protección al ambiente. Otras hubieran señalado las notables diferencias de distribución de facultades en cuestiones tan cercanas como el combate a la delincuencia organizada, la trata de personas o el secuestro. Algunas más, ascendiendo en abstracción, nos hubieran advertido de la falta de racionalidad en la distribución de los quehaceres. En fin, todas ellas hubieran expresado, como de hecho sucedió, que el sistema federal mexicano era abigarrado y, yendo un poco más allá, que todo ello provocaba ineficiencias fundamentales en la operación del orden jurídico mexicano con el consiguiente impacto en la vida.

Si nos preguntamos hoy por la situación del mismo sistema federal mexicano, habría que ajustar la respuesta dada apenas hace seis meses. A los problemas estrictamente constitucionales, que desde luego subsisten, habría que añadir los provenientes de la dimensión política. Me explico. Desde hace unos 20 años y de a poco a poco, el órgano de reformas a la Constitución amplió las competencias de la federación frente a las de los Estados y municipios. Si releemos la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, veremos cómo es que tal proceso se desarrolló. A cuento de la concurrencia, los convenios y, sobre todo, las leyes generales, el Congreso de la unión ha venido legislando las bases sobre las cuales habrán de darse las acciones públicas en una diversidad de materias. Importa advertir que la concentración de las facultades en la federación no se realizó, a diferencia de lo que suele creerse, en favor del presidente de la república. Por el contrario, y siguiendo y generando la dispersión normativa de la Administración pública, se distribuyó en una pluralidad de órganos: secretarías, comisiones, comités, coordinaciones, institutos, etc.

Al estar por iniciar el Gobierno de la llamada cuarta transformación, pareciera que la discusión del sistema federal no habrá de seguir los cursos hasta ahora observados. Da la impresión que va a darse una nueva manera de concebir ese sistema a partir, desde luego, de otras concepciones políticas. Más allá de si nos parece o no adecuado el desarrollo reciente del sistema federal, lo cierto es que ha sido un proceso de centralización en favor de la federación, diversificado en cuanto a sus órganos. A fuerza de repetirlo, su dimensión política quedó, si no oculta, sí al menos incorporada. Actualmente y con lo que de las propuestas del presidente electo está saliendo a la luz, es la existencia del carácter eminentemente político del proceso que está por iniciarse. La discusión acerca del modo como a las entidades federativas se asignarán presupuestos, designarán delegados, coordinarán acciones de seguridad, descentralizarán órganos administrativos y, en general, ejecutarán acciones de Gobierno, nos advierte de la pretensión de nuevos modos de hacer las cosas.

Si, esperadamente, continuará el proceso centralizador que hemos estado viviendo, importa mucho estar atentos al modo como se realizará. ¿Será por la vía de empoderar a una diversidad de órganos federales con el Congreso de la unión a la cabeza, o será mediante la asignación de facultades y recursos al presidente de la república? A diferencia de hace seis meses, la discusión sobre el sistema federal mexicano, como tantos otros aspectos de la vida nacional, se ha repolitizado. Hablar hoy del federalismo mexicano, es hablar de la distribución del poder político y, con él, del económico, social y cultural que habrá de darse en el país en los años por venir. En el entender cómo y por qué habrán de darse esos nuevos procesos, las consecuencias que tendrán y sus condiciones de validez constitucional, descansa mucho de lo que nuestro país haya de ser en el futuro.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en El País, el 28 de noviembre de 2018.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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