El costo de los derechos humanos1

Publicado el 18 de septiembre de 2019

Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM, y del Posgrado de Derecho en el
Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
email tapiaurbina@yahoo.com.mx
twitter@JavierQ_Tapia

El día de ayer, Alfonso Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó ante el Congreso General, el Paquete económico 2020, que contiene la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-2020) para el próximo ejercicio fiscal.

La propuesta presentada por el presidente de la República pega tremendo garrotazo aquellas voces que, de manera irresponsable, han buscado enfrentar el discurso del presidente López Obrador con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, el asunto parece muy claro, el problema -como siempre- reviste tintes políticos, no se trata de un problema de índole institucional, sino de los funcionarios a cargo de la institución que se han dado cita constante en la ruleta golpista contra las políticas del gobierno en turno y, lo peor, sin el sustento jurídico del caso.

Lo anterior es así, puesto que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la CNDH busca un incremento a su presupuesto de gasto por un total de $1,911,207,802 millones de pesos, un aumento de cerca del 5.6% respecto del ejercicio fiscal en curso (2019) cuya asignación fue de $1,809,405,805 millones de pesos.

En el tema presupuestario, como cada año, siempre parecen insuficientes los recursos económicos para atender la grave crisis de inseguridad, impunidad, desigualdad y violencia que nos aquejan, y que dan como resultado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en plena reconfiguración de las políticas públicas sustentadas en criterios de la llamada “austeridad republicana”, un incremento en los recursos asignados para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos -sin duda- sería una buena señal.

También debe ser claro que en esta materia es lamentable decirlo, pero no hay recursos que alcancen. Los fenómenos de la violencia, la corrupción e impunidad no dan tregua, por el contrario, cifras van y vienen dando cuenta de su sostenimiento y hasta incremento en algunos rubros. Esto a su vez, exige una participación multiplicadora de los organismos de derechos humanos y muy especialmente de la CNDH a quien históricamente se le ha dotado e incrementado paulatinamente de recursos.

Pero la mala fortuna de la CNDH, sin embargo, ha tenido que ver con lo que hemos sostenido, como un perverso juego de “administrar” los pronunciamientos y sus recomendaciones. Donde las víctimas sólo han figurado en infinidad de gráficos que muestran cifras, pero no resultados sustantivos o benéficos para su persona y sus familias.

De tal forma que no sólo se trata de dineros, sino de cómo aplicarlos y, en el cómo es donde quizá encontraremos las respuestas a infinidad de cuestionamientos del por qué vivimos en una crisis de derechos humanos.

Hay que tener presente de igual forma que aquí no se trata sólo de la autoridad presuntamente responsable de violaciones a derechos humanos, sino del responsable o responsables de su protección y defensa cuya ineficiencia e ineficacia en su labor, lo único que ha logrado es crear en la sociedad una idea errada del trabajo de los organismos defensores de derechos humanos como la CNDH como defensora de los victimarios antes que de las víctimas.

Debe entenderse que los derechos humanos son la piedra angular para el desarrollo de la sociedad que incluso, hemos dicho, en el contexto universal de los Derechos Humanos, su respeto es indispensable para el desarrollo sostenible.

La salvaguarda, protección y atención de los derechos humanos, requiere ciertamente de recursos suficientes, sin embargo, ante escenarios de austeridad, se trata de asumir con responsabilidad, humanidad y eficiencia el uso de éstos, sin cortapisas, sin miramientos o protagonismos que sólo desvían la atención de los trabajos sustantivos que deben atender los organismos protectores de derechos humanos -en el caso- como la CNDH.

La protección y defensa de los derechos humanos es un tema sensible y prioritario en las actividades del Estado mexicano, esto es, atañe a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los tres órdenes de gobierno, así como a los organismos autónomos. Este es el costo de los derechos humanos y el verdadero nivel de responsabilidad igual para todas las instituciones del Estado y para la sociedad misma.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en La Silla Rota, el 9 de septiembre de 2019.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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