Mundo judicial: los jueces tienen la palabra

Publicado el 20 de septiembre de 2019



Jorge Alberto González Galván

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
email jagg@unam.mx

Tengo el honor de haber sido invitado a formar parte del Consejo Editorial del Instituto de la Judicatura Federal (IJF). La colaboración entre los jueces y los académicos se ha estrechado en el país desde la creación de los Consejos de las Judicaturas en los Poderes Judiciales (federal y locales). Parte de las funciones de dichos consejos está, por un lado, en actualizar la formación de los operadores judiciales ofreciéndoles maestrías, diplomados, talleres y, por otro lado, brindarles la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista a través de la organización de congresos y la publicación de sus ponencias, así como, a título personal, también en sus revistas.

En la pasada reunión de trabajo (del 11 de septiembre de 2019) se puso de manifiesto la necesidad de que las revistas del IJF estuvieran “indexadas”, es decir, reconocidas como publicaciones de calidad académica. Lo anterior, dicho por y para académicos resulta natural, obvio; sin embargo, dicho por académicos sobre publicaciones pensadas (originalmente) “por y para los jueces” resulta polémico. No debería serlo si se considera que las herramientas de la investigación jurídica son herramientas de la profesión, sea cual sea su campo: la abogacía, la judicatura, la administración o la academia. El mundo académico no tiene el monopolio de las técnicas de la investigación jurídica y el mundo judicial está integrado por académicos con grado mínimo de licenciatura con conocimiento de dichas técnicas. Sin embargo, la polémica es real porque los planes de estudios de licenciatura de las facultades de derecho (públicas y privadas) no consideran la investigación jurídica como una competencia profesional relevante. Consideran la investigación jurídica una “opción” (y no obligación) para quienes decidan titularse con una tesis o decidan estudiar un posgrado. Ante esta situación los profesores de investigación jurídica ven la materia (donde existe) como coyuntural (mientras consiguen impartir su materia principal o preferida) y los alumnos como innecesaria, irrelevante (por no encontrar su vinculación con su futuro ejercicio profesional).

El Posgrado de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México suele pedir para su ingreso la presentación de un protocolo de tesis que los alumnos no conocen, por ello muchos se quedan sin poder ingresar y los que ingresan no suelen titularse con tesis, al acceder a otros opciones de titulación: por promedio o examen general de conocimientos. El panorama de “investigadores” del derecho no es, pues, halagador, porque además se considera que de cien estudiantes que ingresan a la primaria en este país, sólo 30 ingresan a la Universidad, y de éstos únicamente tres ingresan al posgrado (y solamente los que ingresan al doctorado hacen tesis).

El campo laboral del derecho se queja, en general, de que las universidades no están formando a los profesionistas que necesitan. El campo laboral de la judicatura no es la excepción, por eso resulta benéfico que en las escuelas judiciales se llegue a formar desde el nivel de licenciatura el perfil que necesitan. Por el momento, están comenzando con una fuerte inversión en maestrías, me consta porque he sido invitado a impartir la materia de “Investigación jurídica” tanto a nivel federal como local. Incluso algunos se han recibido, de modo que la siguiente etapa del doctorado está a la vista.

Si los que nos dedicamos de tiempo completo a actividades académicas tenemos poco tiempo para publicar, ya que damos clases, conferencias, revisamos trabajos, damos tutorías y entrevistas… supongo que los operadores judiciales con su sobrecargada agenda laboral tendrán también poco tiempo para presentar trabajos académicos para revistas “indexadas”. No pretendo ser aguafiestas, sólo realista. Habrá personas disciplinadas y con energía para cumplir como jueces y escribir como académicos. Lo ideal, aparte de premiar a estos héroes, sería tener la prestación laboral a partir de la obtención de una maestría con tesis, de un año sabático después de seis de trabajo y/o crear institutos de investigaciones judiciales para operadores judiciales con doctorado y mínimo veinte años de antigüedad.

Todo lo anterior va a tomar tiempo, sobre todo para que los operadores judiciales se den tiempo de presentar con los requisitos académicos necesarios sus trabajos para ser publicados en las revistas del IJF con citas, notas, bibliografía: suficiente, crítica y actualizada. Por el momento, propuse (para no desmotivar la participación de los operadores judiciales) la creación de una revista de investigación cualitativa, es decir, basada en la observación directa del autor, en su propia experiencia laboral, sin citas, notas ni bibliografía.

Los parámetros tradicionales (decimonónicos, todavía dominantes) de “investigación jurídica” consideran que ésta debe ser solamente teórica, dogmática, básica, basada solamente en lo que los textos jurídicos (legislación, jurisprudencia y autores) establecen sobre el tema. De este modo, se excluye, se desvaloriza, la investigación jurídica práctica, empírica, aplicada, basada en la experiencia del investigador y lo que las personas opinan, etiquetando sus trabajos como de “divulgación”, es decir, de meras opiniones, percepciones, impresiones, subjetivos. Ignoran estas posturas que sin la observación directa de los fenómenos sociales y naturales no se explicaría la realidad en la que se vive. Los antiguos egipcios y toltecas nos dejaron calendarios astronómicos, por ejemplo, vigentes todavía, basados solamente en la observación directa de los astros.

Lo que hay que ponderar hoy es que la investigación jurídica puede ser teórica-dogmática-básica y/o práctica-empírica-aplicada, basada en la interpretación de los textos escritos por los demás y/o de los hechos que nos constan. No se oponen, se complementan. Tan es necesario responder las preguntas que se plantean desde la teoría: ¿qué es el derecho: su naturaleza, sus fuentes, sus valores, sus principios…?, como desde la práctica: ¿cómo se aplica el derecho: cómo está funcionando en la realidad?

Mencioné que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas coordino una revista electrónica de opinión, de divulgación jurídica, llamada Hechos y Derechos y se recordó la de El Mundo del Abogado (elmundodelabogado.com), que podría inspirar la creación de “Mundo Judicial”. Tenemos algunos ministros, magistrados, jueces y secretarios que publican regularmente en diarios y revistas periódicas (nacionales y locales). Nadie podría censurarlos o demeritar por ello su trabajo profesional como operadores judiciales. Cuando estudiaba la licenciatura un compañero, quien comenzaba a litigar, le dijo al maestro que lo que estaba exponiendo no se aplicaba en la práctica. El profesor, desde su púlpito, sentenció: “Eso es periodismo, yo enseño derecho”. Incorporar en nuestras investigaciones no sólo el análisis de los textos sino también el de los hechos que nos constan enriquecen nuestra postura argumentativa, con la sana intención (y responsabilidad) de siempre convencer.

Incluso Gabriel García Márquez (quien estudió derecho) valoró su desempeñó periodístico en sus obras de ficción literaria: “tienen tal cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes novelados o fantásticos, pero el método de investigación y de manejo de la información y los hechos es de periodista” (El escándalo del siglo, Ciudad de México, Diana, 2019, p. 19).

¿El jurista (de textos) y el periodista (de hechos) que todos llevamos dentro se seguirá reprimiendo, autocensurando?, ¿acaso los litigios reales y los problemas teóricos no los resolvemos con ficciones jurídicas?


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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