Entuertos1

Publicado el 17 de noviembre de 2021


Luis de la Barreda Solórzano

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
emaillbarreda@unam.mx

Mientras en su país se le quiere encarcelar y mantener presa durante varias décadas en una prisión de alta seguridad —las condiciones de vida en esa clase de prisiones son devastadoras— con acusaciones que no resisten el análisis jurídico y contrarían el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Academia Mundial de Ciencias ha otorgado a la doctora Julia Tagüeña un prestigioso premio por sus contribuciones para popularizar la ciencia y la tecnología. ¿No es vergonzoso para sus perseguidores?

Las acusaciones contra la doctora Tagüeña parecen una venganza por la lucha que dio cuando estuvo al frente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para que este espacio participativo e incluyente —con representación de 17 instituciones académicas y empresariales de las más importantes del país— se conservara como órgano autónomo recibiendo los fondos que por ley le correspondían. La doctora Tagüeña defendió que el rumbo de la ciencia y la tecnología en el país fuera definido con una amplia participación de la comunidad científica y tecnológica y no sólo por el Conacyt como autoridad única y excluyente.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue desaparecido y la doctora Tagüeña es una de los 31 científicos objeto de una persecución penal a la que no se quiere poner fin, a pesar de que reiteradamente la autoridad judicial ha resuelto que no hay delito que perseguir. Si los jueces siguen observando una actitud de respeto a la ley, ninguno de esos científicos podrá ser detenido, pero la sola indagatoria, aun si está condenada al fracaso, es motivo de sobresalto para un inculpado, por evidente que sea su inocencia, porque lo coloca en riesgo permanente de ser privado injustamente de su libertad, uno de los bienes más preciados del ser humano.

No es esa la única arbitrariedad que estamos presenciando. La Fiscalía General de la República también pretende enviar a prisión hasta por 30 años al excandidato presidencial panista Ricardo Anaya bajo el cargo de que fue sobornado por la empresa Odebrecht con 6.8 millones de pesos, parte del soborno entregado, a cambio de otorgar contratos a dicha empresa, a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. La entrega de esa cantidad a Anaya, de acuerdo con la delación de Lozoya como testigo colaborador, habría sido para que votara a favor de la reforma energética. Pero, según la delación, el dinero se entregó en agosto de 2014, ocho meses después de que la reforma había sido aprobada y cinco meses después de que Anaya había dejado de ser diputado. No tiene sentido: ¿se compró el voto de alguien que ya no tenía voto para que votara por aprobar algo que ya había sido aprobado?

Otro abuso más es el que se está perpetrando contra la señora Alejandra Cuevas, presa desde hace más de un año, sometida a proceso como autora de la muerte, por omisión del debido cuidado, del señor Federico Gertz, hermano del fiscal general de la República. La acusación es también insostenible. La señora Cuevas no tenía la calidad de garante respecto de la vida y la salud de don Federico: ni siquiera vivía en la misma casa, que sólo visitaba porque él era pareja de su madre. Don Federico falleció al mes de haber sido hospitalizado, y antes de la hospitalización su propio hermano llevaba a su casa médicos para su atención. El agente del Ministerio Público que conoció inicialmente del caso —también perseguido posteriormente— resolvió que no procedía la acción penal, la cual se ejerció hasta que el hermano del fallecido ocupó la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Otro evidente atropello es la denegación de la libertad provisional, sin un solo argumento razonable, a Rosario Robles, mantenida en prisión contra la razón y el derecho.

Utilizada perversamente, la justicia penal es un instrumento idóneo para arruinar vidas.

NOTAS:

1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excelsior, el 11 de noviembre de 2021:https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/entuertos/1481970



Formación electrónica e incorporación a la plataforma OJS, revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero, BJV

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