Día Internacional contra la Corrupción: la agenda pendiente1

Publicado el 8 de diciembre de 2021

Santiago Nieto Castillo
Doctor en Derecho, profesor del Posgrado en Derecho, UNAM
twitter@SNietoCastillo

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (mejor conocida como Convención de Mérida), la cual fue firmada por nuestro país el 9 de diciembre de ese mismo y ratificada el 20 de julio de 2004.

Para crear conciencia contra este mal endémico y difundir el compromiso asumido en la convención al momento de luchar contra ella y prevenirla, la asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. La campaña de este año tiene el lema: Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción.

Las estadísticas en torno a este fenómeno no nos dejarán mentir. Diversas organizaciones internacionales y nacionales colocan a nuestro país entre aquellos con los reprobables índices más elevados, por ejemplo, en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, México se sitúa en el lugar 124 de 179 países encuestados. Esta realidad también es percibida por la sociedad mexicana que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ha colocado este problema en el segundo lugar de los temas que le generan mayor preocupación, solamente por debajo de la inseguridad y la delincuencia. Además, de que se ubica entre las principales fuentes de lavado de dinero.

Pareciera existir una correlación negativa entre el nivel de corrupción y los estadios de desarrollo social y económico, principalmente. En este sentido, el Inegi calcula que alrededor de 16 por ciento de la población experimentó al menos un acto de corrupción en 2019. Únicamente en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, el costo promedio estimado de la corrupción por persona afectada fue de 3 mil 822 pesos. Esta situación no solamente es insostenible para cualquier plan de desarrollo, sino que representa un obstáculo mayor en la misión de reducir los elevados niveles de pobreza.

Entre los costos sociales, destaca la afectación a la calidad con la que se brindan los servicios públicos de salud, vivienda, educación, procuración de justicia, entre otros, y por ende, en la calidad de vida de las personas. En este contexto multifactorial, resulta imperante la participación coordinada de los tres niveles de gobierno, así como una participación ciudadana vinculada a implementar una estrategia anticorrupción que prevenga, investigue y castigue de manera efectiva los actos de corrupción en los que incurren las y los servidores públicos.

Es difícil enfrentarse a vicios profundamente arraigados, pero es posible con voluntad política y el impulso de la ciudadanía. La participación de la sociedad es uno de los elementos claves en el combate a un fenómeno ampliamente esparcido; en este sentido, las redes sociales han contribuido positivamente a visualizar casos que acontecen cada día y van en detrimento de los derechos de las personas.

Ante este escenario, resulta relevante discutir sobre las herramientas tecnológicas que usan las autoridades para monitorear posibles casos de corrupción que se hacen públicos vía medios digitales. Ahora bien, una agenda pendiente para nuestro país es el cumplimiento cabal de las obligaciones contraídas por México en relación con su aporte para neutralizar el anticohecho internacional.

De acuerdo con el Reporte de la Fase IV de la Implementación de la Convención Anticohecho en México, se concluye que México implementó parcialmente 11 de las recomendaciones, y no instauró otras nueve.

En ese sentido, entre las medidas prioritarias se encuentra la Recomendación 1 A, que invita a intensificar los esfuerzos para concientizar a todos los funcionarios públicos sobre su obligación de denunciar casos de cohecho internacional que detecten en el desempeño de sus funciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos considera necesario que se sigan intensificando estos esfuerzos, además de dar más capacitación y establecer sistemas de reportes seguros para los funcionarios que detecten posibles casos de cohecho internacional.

Asimismo, la Recomendación 1 C, realiza el señalamiento de mejorar en la capacidad para detectar pagos de sobornos a funcionarios públicos extranjeros ocultos, como gastos permitidos a efectos fiscales. Es decir, las autoridades mexicanas competentes aún no están en condiciones de reportar sospechas de cohecho internacional a la autoridad ministerial o de compartir información en el contexto de una investigación sobre cohecho internacional.

Se exhorta a mejorar su capacidad de identificar tramas de cohecho internacional mediante el sistema financiero (1D), así como implementar medidas legislativas de protección a los denunciantes, ante cualquier posible represalia (2B).

México debe reportar en marzo de 2022 ante este organismo internacional el progreso realizado en siete de las recomendaciones clave, entre ellas las mencionadas. Se trata de seguir avanzando con resultados efectivos que en el corto y mediano plazo permitan cumplir con dos objetivos. Primero, que el país cumpla con sus compromisos de carácter internacional en esta materia. Segundo, que la ciudadanía juzque los esfuerzos en la calidad de los servicios públicos, incluyendo la investigación y la ulterior sanción de quienes hurtan recursos públicos, al mismo tiempo que exista más transparencia y rendición de cuentas de actos de corrupción por parte quienes tienen delegada la función de servir al pueblo.

Corolario: El día de ayer se publicó un artículo en el que se menciona que adquirí tres inmuebles y un vehículo de lujo. Con independencia de la falsedad de los argumentos, dado que se trató de créditos hipotecarios y, que no es, bajo ninguna circunstancia un vehículo de lujo, sino compacto para el uso personal de mis hijas, no voy a litigar en medios mi legítimo patrimonio, lo cierto es que mi posición no ha variado, estoy a disposición de cualquier autoridad.

Los recursos con los que se pagan dichos inmuebles derivan de mi desarrollo profesional y han sido declarados ante el Servicio de Adminsitración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública, incluyendo un inmueble con un crédito hipotecario mancomunado con mi esposa.

Me queda claro que hay una intencionalidad política detrás de esa información; sin embargo, mi postura la fijé el día de ayer en dos tuits y la mantendré, soy un hombre de leyes y creo en que debemos cumplir con las reglas del Estado constitucional de derecho.

De igual manera, soy un convencido de la transformación de la vida pública que requiere México, y en esa línea política, seguiré apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la trinchera que él determine.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en La Jornada, el 7 de diciembre de 2021.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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