Autonomía en riesgo

Publicado el 26 de abril de 2011

César Astudillo, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Conferir autonomía a un conjunto de instituciones estatales ha significado la apuesta histórica por impulsar la disminución de los espacios políticos en favor de los espacios de decisión pública inspirados en criterios ajenos a la lógica partidista.

La eclosión de órganos autónomos que se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial es resultado del surgimiento de emergentes funciones estatales, producto de la complejidad alcanzada por algunas ramas de la gestión pública, o consecuencia de la calidad altamente técnica y profesional con la que deben tomarse cierto tipo de decisiones. Su avance supuso un esfuerzo por diferenciar las decisiones que deberían someterse a la lógica del interés partidista, y aquellas que debían concretarse a partir de una inexorable neutralidad política, de ahí que la presencia de estas instituciones introdujera un límite al ámbito de influencia y condicionamiento, cada vez más extenso y penetrante, de los partidos políticos.

Por ello, el surgimiento de instituciones como el Banco de México, el IFE, la CNDH, la ASF, el INEGI o el IFAI —con autonomía plena o semiplena—, y el nacimiento de los correspondientes órganos autónomos de las entidades federativas no puede sino concebirse como un acto de desplazamiento, así sea parcial, del tradicional centro de gravedad de las decisiones políticas. El ejercicio de construcción de estos espacios neutrales inició en el ecuador de los años ochenta, y al día de hoy continúa como un proceso inacabado que lucha por conferir la fórmula mágica de la “autonomía” a distintos entes públicos como la PGR, a órganos reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, o dotar de plena cobertura constitucional a la autonomía del IFAI.

Lo paradójico del caso es que mientras en un extremo se discuten nuevas rutas para el avance de la autonomía, en otro se patentiza un proceso de erosión de las entidades autónomas desde los distintos ámbitos del poder, en donde partidos políticos y gobernantes se empeñan en recuperar esa porción de decisión política perdida ante instancias que, en los hechos, han venido contrarrestando, o al menos limitando, su lógica del cálculo y el interés político.

El ejercicio de reivindicación de lo que siente propio, ha recibido el  acompañamiento solidario de toda la clase política. Su voracidad ha puesto severamente en peligro a las instituciones autónomas. En noviembre de 2007 se asestó un golpe a la autonomía del IFE al crear una Contraloría General que lacera su capacidad para administrar y fiscalizar sus recursos sin injerencias externas. Las gotas de veneno introducidas en ese entonces hoy están produciendo sus efectos más devastadores. Acaso por ello, ni tardos ni perezosos, estados como Baja California y Tabasco replicaron el modelo en sus institutos electorales, siendo el Estado de México el que, en el extremo, terminó de formalizar la plena injerencia del Poder Legislativo al nombrarle también al secretario ejecutivo.

En tiempos recientes distintas actitudes políticas confirman el interés de socavar el todavía frágil espacio otorgado a las instituciones políticamente neutrales. Ni qué decir tiene que la autonomía de la Universidad de Guadalajara se ha visto en riesgo a propósito de los embates del gobernador y de su negativa a liberarle los recursos que le corresponden. Los órganos de fiscalización de los estados se encuentran en una situación similar ante la intención de los gobernadores de Zacatecas y de Oaxaca de sustituirlos por tribunales de cuentas, en una maniobra política que haga factible el cambio de sus titulares. La Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro ha superado la defensa jurisdiccional de su autonomía ante la Suprema Corte, luego de la apuesta inconstitucional de fusionarla con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La reforma constitucional, por paradójico que parezca, se ha situado como uno de los instrumentos más valiosos para vitalizar el nuevo feudalismo que se vive en los estados de la República. La supuesta transformación de las estructuras autoritarias, a veces impostergable, aunque no a costa de la autonomía, representa el mejor pretexto para implementar la purga de los funcionarios públicos incómodos y el acomodo de los nuevos incondicionales. Las instituciones autónomas aparecen como ámbitos que sirven al aterrizaje de las nuevas burocracias, afectando severamente una independencia que va francamente en declive.

De nada sirve tener una autonomía constitucionalmente garantizada si en las instituciones se ubican a personajes estrechamente vinculados al gobierno en turno. Hace unas semanas, en un ejercicio de desfachatez insospechada, se pretendió  designar consejero electoral en Querétaro a quien había desempeñado un cargo partidista, hecho que terminó por subsanar el Tribunal Electoral.

La plena reivindicación de los espacios políticos se encuentra latente y en marcha; es una pieza adicional del ajedrez político de la elección presidencial de 2012. Por ello, la retardada designación de los tres consejeros electorales del IFE no puede sino causar suspicacia. Al tiempo…

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