¿Habrá Apertura Económica en Cuba?
Las nuevas reformas económicas y laborales de Raúl Castro

Publicado el 26 de abril de 2011

Beatriz Bernal Gómez, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

En el verano de 2006, a consecuencia de la grave enfermedad que padeció Fidel Castro, ocupó el cargo de presidente interino de la Asamblea Nacional del Poder Popular su hermano Raúl; cargo que se convirtió en oficial el 24 de febrero de 2008. Ya como presidente de Cuba, el hermano menor de los Castro, en varios discursos, llamó al pueblo a un “debate nacional” y le prometió realizar “cambios estructurales y de concepto” con el fin de mejorar la siempre deficitaria situación económica del país.

Un par de años después, en  abril de 2010, la crisis financiera y económica mundial de 2008 y 2009 unida a la mala gestión en materia de economía que ha tenido Cuba desde el triunfo de la revolución castrista hasta la fecha actual, obligó a Raúl Castro a anunciar al pueblo de Cuba en la Central de Trabajadores de Cuba (CTM), sindicato del Partido Comunista, que había  más de un millón de trabajadores que sobraban en la plantillas de los organismos estatales y que iba a proceder al despido de 500 000 de ellos, entre los meses de octubre de 2010 y marzo de 2011, y a 1 millón más en los tres años subsecuentes (la fuerza laboral cubana es de 5 millones de trabajadores, de los cuales  4.2 millones están empleados en el sector estatal), así como a emitir un Decreto Ley al respecto, cosa que hizo.  Se trata, pues, de la medida de mayor impacto de la estrategia “raulista” con la que se pretende levantar la maltrecha economía cubana.

Estas medidas (que las autoridades cubanas llaman ajustes) vinieron acompañadas de  una serie de documentos que dieron cuenta de  los instrumentos legales que servirán para implementar la política a seguir sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, así como el proceso de reducción de las plantillas estatales “infladas”. Poco después se dio a conocer el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, que deberá aprobarse en el VI Congreso del Partido Comunista a celebrar en abril de 2011.

La pretensión del gobierno de incorporar a los 500 000 trabajadores despedidos al sector privado se basa en la ampliación de los llamados “cuentapropistas”, esto es, trabajadores correspondientes al sector privado. Así, se autorizaron 178 actividades por cuenta propia, algunas de ellas congeladas desde tiempos anteriores y nueve nuevas que representaron un ligero avance respecto a la situación previa. Según la nueva regulación, los cuentapropistas pueden obtener licencias para practicar más de una actividad en cualquier lugar del país, así como contratar empleados fuera de su familia  y alquilar locales del Estado o de otros ciudadanos con menos restricciones que antes, comercializar productos alimenticios que anteriormente estaban prohibidos, abrir cuentas bancarias y acceder a créditos de la banca estatal. Además, se han autorizados cooperativas de taxistas y transportistas, el arriendo de locales a barberos, peluqueros y salones de belleza, quienes podrán fijar libremente sus tarifas, siempre que paguen la renta y altos impuesto al Estado. También se autoriza la construcción privada de viviendas y se regula el trabajo de chapisteros, albañiles, limpiabotas, productores de jabón, de artículos de aluminio, etcétera, y se amplía el número de sillas que pueden tener los paladares (pequeños restaurantes que funcionaban desde décadas antes, donde  los cubanos pueden pagar en moneda nacional);  actividades todas estas que ya se realizaban en la ilegalidad.

Ahora bien, esta limitada apertura hacia la propiedad y la actividad privadas tiene serios limitantes que son: 1) la carencia de experiencia de quienes, antes, eran oficinistas al servicios del Estado; 2) la falta de insumos y de acceso al crédito. Pueden solicitarlo a la banca estatal, pero esta es deficitaria, y 3) los fuertes impuestos establecidos para una población que no tiene cultura impositiva. Todo esto, en un país donde es dificilísimo detectar a los trabajadores por cuenta propia,  nos hace pensar que, aunque las nuevas regulaciones adviertan que caerá “todo peso de la ley” sobre los que evadan el pago de tributos, la mayoría de los cuentapropistas continuarán en la ilegalidad.

¿Serán suficientes estas medidas para ocupar en el sector privado 500 000 trabajadores, ahora, y más de un millón a tres años vista? Difícil. Como bien dice José Azel: en su artículo: “¿Marcha Cuba hacia el capitalismo?” (El Nuevo Herald, 2010): “La medida de despido parece asumir que todas las personas poseen la aptitud y habilidad para ser empresarios capaces de ganarse la vida en actividades muy distintas a su experiencia y formación profesional. El gobierno está apostando a que el ingenio y el espíritu empresarial del pueblo cubano  proveerá de alguna manera un reemplazo para las ineficiencias del sector estatal, y que lo hará sin acceso a efectivo, crédito, materias primas, equipos, tecnología u otros insumos necesarios para producir mercancías y servicios.”  O, en palabras del economista residente en Cuba,  Óscar Espinosa Chepe en su ensayo: “Cambios en Cuba.: pocos, limitados y tardíos”: “Las condiciones para recibir una cantidad tan grande de desempleados no se han preparado convenientemente. Se requiere de un mercado mayorista  para abastecer a los cuentapropistas… donde comprar los insumos en condiciones razonables para realizar las producciones y prestar los servicios”. Además, este autor considera que una reforma a tan corto plazo, en un país en que durante las últimas décadas no han preparado técnicos en organización del trabajo y que deja la racionalización del mismo a comisiones elegidas en asambleas en los centros de trabajo, lo más probable es que fracase.

También crítica es la  opinión de Carmelo Mesa-Lago, el más destacado economista cubano dentro y fuera de Cuba,  quien opina en su artículo: “El desempleo en Cuba: de oculto a visible” (Espacio Laical, 1010), que la lista de 178 actividades es muy reducida, y por consiguiente insuficiente  para asimilar 500 000 desempleados en menos de seis meses. Además, que el Decreto Ley sobre despido, aunque va en una buena dirección al eliminar beneficios excesivos que tenían antes los trabajadores, se inclina al otro extremo del péndulo,  pues las nuevas prestaciones son ahora muy reducidas en comparación con los seguros de desempleo establecidos por una gran parte de los países latinoamericanos”. Sin embargo, este autor, con una actitud propositiva, dedica algunas páginas de su estudio  a ofrecer varias sugerencias al gobierno cubano con el fin de que implemente una  política  que logre sus objetivos. Estas sugerencias son: 1) objetividad y transparencia en la selección de los despedidos, a través de la creación de una instancia  de reclamos y ventilación de quejas sobre discriminación en las decisiones tomadas por el Comité de Expertos  que está integrado actualmente por administradores de empresas estatales, miembros del Partido Comunista y del Sindicato; 2) establecimiento de normas que inspiren confianza al cuentapropista. La actividad privada conlleva un riesgo que debe ser compensado con una ganancia adecuada y con reglas de juego transparentes y estables que no se cambien arbitrariamente o se endurezcan injustamente, para no repetir errores como sucedió en el pasado, en el reducido ámbito del sector privado; 3) enumeración de las actividades prohibidas por corresponder al Estado, en vez de señalar las permitidas, dando así flexibilidad a estas últimas (lo que no está prohibido está permitido), así como permitir a los profesionales universitarios, que son muchos, ejercer sus profesiones. Con esta nueva legislación  sólo pueden ejercer su carrera los informáticos, los economistas y los maestros “repasadores”, y estos sólo si son jubilados. El ejercicio libre de sus profesiones de  abogados, ingenieros, arquitectos, agrónomos, contadores y administradores de empresas,  pueden  tener gran impacto en la creación de empleo, así como en el aumento de la productividad y en la expansión de la oferta de bienes y servicios, creando un efecto multiplicador; 4) reducción de los impuestos a los trabajadores por cuenta propia, pues son exorbitantes (40% de los ingresos, 25% de la nómina y 25% de la seguridad social ) razón por la cual se inhibe la apertura de nuevas empresas legales; 5) creación de un mercado mayorista de insumos. Mientras el Estado no pueda hacerlo, se deberá permitir a los propios cuentapropistas la producción privada e interna de los mismos; 6) eliminación de las restricciones al usufructo en el sector agrícola; 7) expansión de las áreas de inversión al capital extranjero; 8) programa de protección social a los despedidos y a los grupos vulnerables. Los periodos de pago de salario a los desocupados son muy cortos. Por tal razón, debería  de establecerse un programa a los desocupados que caigan en estado de pobreza, ligado a un entrenamiento con vistas a la futura demanda de trabajo, y 9) financiamiento al sector privado. Esto sólo podría lograrse permitiendo que las remesas que vienen del extranjero puedan utilizarse en los negocios por cuenta propia y no sólo para el consumo. Fomentar donaciones de los cubanos residentes en el extranjero y de la Unión Europea sería conveniente. El Grupo de Estudios sobre Cuba (radicado en Miami) ha propuesto crear un fondo internacional de 10 millones de dólares para otorgar pequeños préstamos de bajo interés a las PYME’s cubanas. La Unión Europea también podría dar donaciones para este propósito Sin embargo,  creo que será difícil que el gobierno cubano  acepte estas medidas, debido al temor que ha tenido y tiene a una apertura política en Cuba por la inversión de los exiliados.

En resumen, han pasado cinco años desde que Raúl Castro dirige los destinos de Cuba y me pregunto: ¿pueden vislumbrarse medidas esenciales desde los puntos de vista económico y social? Quizás, pero creo que los cambios hechos o anunciados, sólo con el fin de evitar que explote la “olla de presión” que bulle en la sociedad cubana como resultado de medio siglo de incompetencia gubernamental en todos los ámbitos, principalmente en el económico, no darán el resultado esperado. Soy de las que cree que las reformas económicas y laborales deben ir unidas a una reforma política de apertura a la democracia, y eso, mientras puedan, los líderes del castrismo no están dispuestos a efectuarla.

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